El gobernador Jaime Rodríguez Calderón advirtió que buscaría, a través de una controversia constitucional, echar abajo el nuevo  Sistema Estatal Anticorrupción, aprobado esta semana por el Congreso local.

Además criticó que el nuevo sistema esté integrado por un pequeño grupo de personas, quienes filtrarán a los posibles candidatos para ser los fiscales encargados de impartir la justicia en Nuevo León.

Aunque faltan apenas 50 días para que los Sistemas -Nacional y Locales- Anticorrupción deban estar en funciones, la mayoría de los estados presentan rezagos que podrían retrasar su entrada en vigor.

Un análisis del IMCO, nombrado “Semáforo Anticorrupción”, muestra el lento avance que tienen algunos estados sobre las reformas legislativas que deben llevar a cabo.

Jalisco tendrá que hacerse a la idea de que su ingreso al Sistema Nacional Anticorrupción le implicará otorgarle el rol de ente sancionador al Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), una de sus instituciones más deslegitimadas y bajo la sospecha permanente de tratos sucios.

Es decir, que el TAE, constantemente envuelto en acusaciones de corrupción y de favorecer al sector inmobiliario para evadir las normas urbanísticas, será ahora el responsable de castigar las faltas administrativas graves de los servidores públicos de Jalisco y de los particulares que se coluden.