En dos años, el gobierno de Enrique Alfaro registra más homicidios de reclusos que los ocurridos en los sexenios de Emilio González y Aristóteles Sandoval; en Jalisco, un solo custodio llega a cuidar módulos con más de 400 internos
PUENTEGRANDE
El plan lo puso en marcha el 12 de marzo de 2015. Requería de un arma efectiva pero discreta, nada mejor que una “cola de rata”. Desprendió un trozo de alambre galvanizado de la malla que delimitaba su celda en el penal de Puente Grande, y le dio forma de Z.
Era jueves, tres días después aprovecharía la visita familiar para tocar con una de sus puntas de metal el corazón de su novia, y el de sus dos pequeños hijos y su hijastra. La reinserción social nunca cupo en su pequeña cámara de cuatro por cuatro metros: el dormitorio 14.
La reciente intoxicación que sufrieron 450 internos del Reclusorio Preventivo de Puente Grande, en Jalisco, sirve de ocasión para echar un vistazo sobre uno de los contratos más grandes que en materia de seguridad otorga el Gobierno del Estado: la alimentación de su población penitenciaria.