Pasividad, apatía, desinterés y maridaje de los sindicatos, empresarios, autoridades y clase política del país han propiciado que el outsourcing doloso crezca en México en perjuicio de los trabajadores.
Si bien esta figura de subcontratación ayuda a muchas empresas a proveerse de servicios adicionales complementarios, que no son su giro y les permiten ser más productivas, hay otro tipo de outsourcing, que resulta doloso y fraudulento.
Más que pensar en generalizar impuestos o nuevas cargas tributarias, el Congreso de la Unión y el gobierno entrante deben buscar esquemas de justicia fiscal para evitar distorsiones en la recaudación.
Se requiere que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) combata con operación, “y no con decretos de ley”, la informalidad y practique los actos de fiscalización que le corresponden.
El pozo tributario “está seco y ya no se le puede sacar más agua”, advierte a Reporte Indigo el especialista en temas fiscales Luis Pérez de Acha.