El IETU es un “impuesto devastador” que perturba a las empresas y crea un efecto contracíclico en épocas de crisis, pues tiende a agudizarlas

Más que pensar en generalizar impuestos o nuevas cargas tributarias, el Congreso de la Unión y el gobierno entrante deben buscar esquemas de justicia fiscal para evitar distorsiones en la recaudación.

Se requiere que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) combata con operación, “y no con decretos de ley”,  la informalidad y practique los actos de fiscalización que le corresponden.

El pozo tributario “está seco y ya no se le puede sacar más agua”, advierte a Reporte Indigo el especialista en temas fiscales Luis Pérez de Acha. 

Las empresas y los contribuyentes “estamos exhaustos de los esfuerzos”, ya es tiempo de pensar en cómo se va a gastar menos, reflexiona.

Describe al Impuesto Empresarial a Tasa única, IETU, como un “impuesto devastador” que perturba a las empresas y crea un efecto contracíclico en épocas de crisis, pues tiende a agudizarla. 

En lugar de que el fisco se haga partícipe de las empresas, a manera de un socio cómodo, es un depredador con este impuesto.

“No hay duda que este impuesto tiene que desaparecer técnicamente”. Acepta que las acreditaciones pendientes de esta carga fiscal por parte de las empresas pueden generar descalabro en la recaudación.

El polémico IVA

En cuanto al IVA, juzga que el elemento más pernicioso es la tasa de cero por ciento para alimentos y medicinas. 

Se estableció en la época del presidente Miguel de la Madrid a través de un decreto y desde entonces ha habido distorsiones y corrupción en las devoluciones de impuestos, aunque se han dado y de manera importante.

“Cualquier paso que se de, es terreno minado”. Transformar la tasa de cero por ciento en exenta, implicaría costos para las empresas al absorber esta carga, y se traduciría en una espiral inflacionaria, explica.

Equiparar la tasa general del IVA y trasladarla a alimentos y medicinas o establecer una diferenciada, ambas con problemas de administración, traería un fuerte impacto social y político, agrega.

El también director de PDeA Abogados reconoce que hay un acuerdo parlamentario entre dos bancadas en el Congreso de la Unión para generalizar el IVA en 16 por ciento, con una canasta de alimentos y medicinas exentos de esa carga.

Pero la medida, sin duda, generará una reacción social entre las clases de bajos ingresos. “La clave es poder sortear y asumir el costo político que tendría”.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) que grava los ingresos y no el consumo como el IVA, pudiera ser una salida, pero no es la solución de fondo para mejorar la recaudación, replica.

“Siempre que se habla en México de las reformas fiscales, hay algunos estribillos que se utilizan de manera recurrente y que ya no suenan como aumentar la base de contribuyentes, eliminar privilegios fiscales y perseguir la evasión fiscal”.

Cada reforma fiscal los escuchamos y no se ha logrado ese cambio tan anunciado en el incremento de la recaudación efectiva, comparada con el PIB nacional, advierte, pues en el momento en que queramos ponerle nombre y apellido a los privilegios fiscales, surgen los problemas.

Si hablamos de exención en la bolsa, escuchamos razones de porqué no se deben hacer exenciones en ese sector. Sí es el caso de regímenes especiales resulta igual, ejemplifica.

”No quiero decir si esas prerrogativas son válidas o no, o si están justificadas en términos de política fiscal. Pero en lugar de seguir hablando en abstracto, hagámoslo en concreto”. 

Que se definan las eliminaciones impositivas que se proponen, si fuera el caso, para que se hagan las evaluaciones de su impacto para contribuyentes y empresas.

Ampliar la base gravable no es un tema de leyes sino de operación del SAT, menciona. Y recomienda una persecución efectiva de los delitos fiscales “que en este sexenio ha estado ausente”, puntualiza.

“Ya no es tiempo de los discursos en abstracto sino de operación concreta. 

“Vayamos exigiendo al SAT que opere y sea eficiente porque corremos el riesgo en esta legislatura de una nueva roqueseñal”.

Es decir, establecer la tasa de 16 por ciento a una canasta de alimentos y medicinas. Aunque la propuesta dejara fuera a algunos productos, los que se graven tendrán un impacto.

Se requiere una presencia fiscal efectiva porque “nos establecieron el IETU y no hubo aumento a la recaudación;  se hicieron cambios en el ISR, y tampoco”.

Sin ponerle mucha ciencia, dice Pérez de Acha, “hay una evidencia clara de que las reformas legales no están cumpliendo el objetivo de aumentar la recaudación. 

“Ya es tiempo de pensar cómo se va a gastar menos”.