La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo ayer en Monterrey audiencias con colectivos y organizaciones civiles de víctimas del crimen de cinco estados de la República.

Los integrantes de 16 colectivos y asociaciones de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas manifestaron a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones de los derechos humanos de los que han sido víctimas.

Santiago y Ernesto transpiran felicidad. Han anunciado, hace unos minutos, que se casarán después de 25 años de vivir en pareja y de criar, desde hace cinco, a una pequeña. 

Su felicidad no puede ser opacada ni por ese amplio sector de la Iglesia Católica en Jalisco, que aún pugna para que no lleguen al altar las uniones entre personas del mismo sexo.

“Todavía estamos decidiendo quién se pondrá el velo”, bromea Santiago. Se siente seguro de querer casarse con Ernesto. 

Amnistía Internacional (AI) aprobó ayer una controvertida política de apoyo a la despenalización del comercio sexual tras rechazar las quejas de algunos grupos feministas de que esa postura equivale a defender la legalización de los proxenetas y la propiedad de los burdeles.

En su foro de toma decisiones en Dublín, el grupo de derechos humanos aprobó una resolución en la que recomienda la “despenalización absoluta de todos los aspectos relacionados con el trabajo sexual consensuado”.

Lixon es como una brillante ficha de dominó. En él prevalece más el tono oscuro reluciente de piel, que hace contraste con su dentadura blanca casi perfecta, de no ser porque le falta un diente.

Sonríe y desnuda su ser. Promete: será un famoso reggeatonero. Como los que escucha con sus enormes audífonos MT Lider. Mueve las manos y la cabeza, tararea. Para lograr tal sueño, llegará a Miami uno de estos días.

Miles de presuntos delincuentes que han sido capturados por la Fiscalía General de Jalisco –creada en el sexenio en curso– han tenido que ser puestos en libertad por los jueces locales debido a las violaciones a sus derechos humanos que fueron cometidas por agentes de la dependencia. 

La transgresión sistemática a los derechos de los detenidos por la Fiscalía, y, por tanto, al debido proceso, ha dejado un costo muy alto tanto para la integridad y dignidad de aquellos, como para las condiciones de seguridad del estado, según un reporte obtenido vía transparencia.