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Especialistas acusan falta de transparencia en los procesos de licitación para la adquisición de unidades. Foto: Especial

Municipios de la Zona Metropolitana derrochan millones en patrullas

Administraciones de municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey han realizado compras de patrullas en las que se perciben algunas irregularidades, como costos mayores a pesar de ser menos unidades

Como sucede con cada administración municipal, los ayuntamientos que están por concluir hicieron compras de patrullas, sin embargo, en un comparativo de costos destacan algunos que, aunque compraron menos unidades, gastaron más.

Si bien los precios de las unidades pueden variar debido al modelo del vehículo y sus características de equipamiento, destacan los casos de municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey como el de Escobedo.

La administración de este municipio anunció en abril de 2024 y en septiembre de 2023 la adquisición y entrega de patrullas, cuya suma son 45 unidades, además de dos drones.

Según los registros publicados por el propio ayuntamiento, encabezado por el morenista Andrés Mijes, en estos dos ejercicios gastó, en promedio, dos millones 581 mil pesos por unidad, sin contar los drones.

Las compras de septiembre del año pasado comprendieron, de acuerdo con la información proporcionada por la administración de Escobedo, 15 camionetas pick-up y cinco camionetas Durango, además de los drones; en esas fechas el gasto fue de 65 millones 533 mil pesos.

Y en abril de este año, el municipio anunció la compra de otras 25 patrullas y una torre móvil, lo que sumaba un gasto de 46 millones de pesos. El total entre estas dos cifras es de 111 millones 533 mil pesos.

Por otro lado, el municipio de García, al mando del independiente Carlos Guevara, gastó 130 millones de pesos en la compra de 103 unidades para las corporaciones de seguridad de la localidad; en promedio, dispuso de un millón 262 mil pesos por cada una de las patrullas.

Entre las adquisiciones hubo 32 unidades para la policía, 30 para la Guardia Civil, siete para el grupo de operaciones especiales, seis para las fuerzas especiales del municipio, cinco motocicletas y dos para la policía investigadora.

Para la Comisaría de Vialidad y Tránsito de García se adquirieron 12 patrullas, cinco motocicletas y una unidad de señales, más dos ambulancias para Protección Civil y una unidad de primera respuesta.

En este caso, el municipio de García informó que la compra se dio a través de los recursos asignados por el Fortaseg, Programa de Fortalecimiento para la Seguridad del gobierno Federal.

El municipio de Santa Catarina, encabezado por el emecista Jesús Nava, gastó 90 millones de pesos en 50 patrullas; es decir, la compra se realizó a un precio promedio de un millón 800 mil pesos por unidad.

Monterrey, bajo la dirección de Luis Donaldo Colosio, destinó 160 millones de pesos para la compra de 157 unidades, lo que equivale a un precio promedio por unidad de un millón 19 mil 108 pesos en distintos tipos de vehículos.

Por su parte, el municipio de San Nicolás de los Garza, del panista Daniel Carrillo, en 70 unidades gastó 60 millones de pesos, para un costo promedio de 857 mil 143 pesos por cada patrulla.

Y Apodaca, con el priista César Garza, emitió un gasto de 60 millones de pesos para la compra de 80 unidades; con un costo final promedio de 750 mil pesos por patrulla.

Municipios deben informar

Ana María Esquivel, presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad de Nuevo León, considera que como parte de un ejercicio de transparencia, los municipios deberían informar a la sociedad por qué deciden comprar cierto tipo de vehículos, si se hizo una licitación y cuál es la utilidad que dará a cada unidad.

Esquivel mencionó que en estos casos, también se debe saber de donde proviene el dinero con el que se están comprando las unidades, es decir, si son recursos federales o bien, el dinero proviene de las arcas municipales.

“Se espera que cada municipio compre patrullas adecuadas a sus necesidades. El tipo de vehículo, las características donde se desplazan y algunas patrullas tienen más cosas (equipamiento). Es un tema que tendríamos qué revisar”, explicó.

Además, agregó, que en algunos municipios los organismos de Protección Civil dependen de los presupuestos de los ayuntamientos.

“Tendríamos qué ver también a quiénes se los están comprando. Si se hizo una licitación que debería de ser el proceso, porque estamos hablando de una cantidad muy alta de dinero. Eso tendría que estar en Transparencia”, agregó.

Esquivel detalló que, con frecuencia, una vez que se compran, la publicación de los contratos y facturas de compra se suben a los sistemas de transparencia hasta después de un año.

Agregó que en ocasiones, con ciertos proveedores, los precios se incrementan debido al factor tiempo; es decir, al plazo en el que los municipios se comprometieron a pagar las adquisiciones.

“Los municipios a veces se tardan mucho en pagarles. Ese también es uno de los grandes temas; pero aquí tendríamos que revisar con base en qué se toma esa decisión”, añadió Ana María Esquivel.

La falta de transparencia con la que se realizan estas compras, así como las diferencias entre los precios de las unidades, levantan suspicacias acerca de si estas adquisiciones se realizan dentro de los parámetros que marca la ley.

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