La Desaparición Forzada de Personas en Nuevo León cuenta desde el martes con un marco legal en el Código Penal.
El reto ahora es depurar al personal administrativo que pueda estar infiltrado en los órganos encargados de vigilar la aplicación de este delito.
Y es que la pena que establece el Código Penal para funcionarios involucrados, o que se hagan de vista la gorda, es de entre 20 y 40 años de cárcel más la inhabilitación para ocupar un cargo público.
Jorge Verástegui, director de FUNDEC e integrante de FUNDEM, plantea que la Procuraduría inicie procesos de limpia hacia el interior.
De esta manera, la dependencia podrá ganar la confianza de los familiares de las víctimas.
“Porque si la Procuraduría no lo ofrece, de entrada la gente no va a denunciar”, comenta el joven activista de 21 años de edad.
La corrupción que se puede dar en la observancia de este delito incluye el encubrimiento que pude haber entre los funcionarios involucrados.
“El problema en torno a la Desaparición Forzada es que son agentes del estado, son policías, ministeriales, municipales, el ejército y la marina. Aquí nos encontramos en la parte de toda la red de corrupción que existe en la Procuraduría”, dice el joven estudiante de derecho que en 2009 perdió a un hermano y a un sobrino en una desaparición forzada.
“El Ministerio Público, por muy buenas intenciones que tenga, pues no va a investigar a sus jefes o a sus compañeros.
“Entonces, para que se pueda concretar la tipificación, tiene que haber una limpia dentro de las instituciones, tanto de la Procuraduría como de la Secretaría de Seguridad Publica, incluso de los tribunales”, afirma Jorge Verástegui, quien propone áreas especializadas en la Procuraduría del Estado para tratar el tema.
Lo cierto es que después de año y medio, la propuesta presentada por familiares de las víctimas de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), para la tipificación del delito, vive momentos privilegiados en materia legal.
Pues además de ser una ley muy completa, según la Hermana Consuelo que es directora de CADHAC, cumple con estándares internacionales del sistema de Derechos Humanos.
“Me parece que es una tipificación muy completa y nos sentimos muy contentos de poder conjuntar tantas voluntades y lograr éste objetivo que es muy bueno.
“Significa que se han conjuntado una serie de voluntades muy importantes, tanto de las diferentes acciones parlamentarias en el Congreso, como de las instancias del Gobierno del Estado de Nuevo León.Las organizaciones sociales que participamos a nivel local, junto con las familias, así como organizaciones sociales internacionales que estuvieron dispuestas a dar apoyo y asesoría en la parte técnica de elaboración de este documento”, afirma la Hermana Consuelo, quien descarta que exista algún hoyo jurídico en la tipificación de la Desaparición Forzada.
