La postura que ha asumido el Gobierno de Jalisco deslindándose del problema de inseguridad que representa la delincuencia organizada en el estado, significa un giro de 180 grados con respecto a la que mantenía públicamente la pasada administración que encabezaba Aristóteles Sandoval Díaz, recientemente asesinado. A pesar de las continuas muestras de poderío que sigue dando el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esta entidad, hace unos días el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, del partido Movimiento Ciudadano (MC), señaló sin ambages que “la lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del Gobierno federal”.

Su mensaje fue publicado el 28 de febrero pasado derivado de la masacre de 11 personas en la colonia La Jauja, Tonalá, ocurrida un día antes y que tuvo resonancia nacional.

“De nuevo, nuestra ciudad sufrió un atentado que duele, que enoja, que roba la tranquilidad. Ayer 13 personas perdieron la vida en dos multihomicidios, a todas luces perpetrados por el crimen organizado, en La Jauja, Tonalá, y en Lomas del Pedregal, Guadalajara. (…) Pero esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del Gobierno federal por disposición constitucional”.


Es tiempo de que el Gobierno federal y sus instituciones de seguridad también den la cara ante la difícil situación que vivimos en Jalisco como en el resto del país. Tenemos toda la voluntad de seguir sumando esfuerzos, pero cada nivel de Gobierno tiene que cumplir e informar lo que le toca

Enrique Alfaro

Gobernador de Jalisco

Por el contrario, la postura pública que había asumido el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz ante el CJNG quedó sintetizada en las declaraciones que vertió el 21 de mayo de 2018, día en que ese grupo delictivo atentó contra Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, quien había encabezado la Fiscalía General de Jalisco.

“La postura de mi administración ha sido la de combatir con toda convicción al grupo delictivo que opera en esta y más de 20 entidades del país, hacerlo costó vidas de elementos de la Policía Estatal, costó eventos de violencia periódicos como los bloqueos que vivimos en mayo del año 2015, así como atentados contra el personal de seguridad del Estado”, expuso.

“Este combate directo y decidido”, dijo entonces, “ha costado amenazas a quienes encabezamos el estado, la Fiscalía estatal, así como autoridades políticas como el secretario General de Gobierno y un servidor (…) ésta es la situación que enfrentamos, un grupo delictivo poderoso al que hemos contenido, créanmelo, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra capacidad”.

Gobierno congruente

Sin embargo, también es cierto que el deslinde que ahora hace el gobernador, Alfaro Ramírez, para no asumir como un problema propio al CJNG y a la delincuencia organizada en general, resulta congruente con otras acciones que ha desplegado su Gobierno desde que arrancó a fines de 2018.

El gobierno de Alfaro Ramírez desmanteló a la Fuerza Única Regional (FUR), un cuerpo policial creado por Sandoval Díaz, con mil 400 oficiales, que asumía expresamente como uno de sus objetivos el combate a la delincuencia organizada en el interior del estado, donde las policías municipales no pueden hacerle frente a los cárteles.

En el portal de la FUR se indicaba: “La problemática que se ha detectado en los municipios de Jalisco es: (…) presencia del crimen organizado y tránsito de grupos armados; aumento de delitos de alto impacto; (…); falta de recursos de inteligencia de las policías para hacer frente a la delincuencia organizada; vulnerabilidad de las policías municipales ante las acciones del crimen organizado“.

Por lo tanto, tenía entre sus objetivos: “Integrar la Fuerza Única con equipamiento y capacitación especial contra acciones del crimen organizado“.

El deslinde de Alfaro Ramírez también es congruente con su negativa a contabilizar como homicidios de su administración a los cuerpos hallados en fosas clandestinas, pese a que estas inhumaciones suelen ser generadas por la delincuencia organizada para ocultar los restos de sus víctimas.

En su Segundo Informe de Gobierno en Materia de Seguridad, del 2 de noviembre de 2020, el gobernador dejó fuera de la incidencia de homicidios de los años 2019 y 2020 a 549 víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas, aduciendo:

“Separamos, porque evidentemente se tiene que separar, (…) las víctimas de homicidio doloso de las personas o de los hallazgos de víctimas en fosas por una razón: porque el tema de las fosas no corresponde a un periodo de tiempo que estamos midiendo”.

Casos sin resolver sobre el CJNG

La negativa de Alfaro Ramírez a hacerse cargo del CJNG y el crimen organizado en general también podría estar detrás de la falta de resultados que ha mostrado su Fiscalía en los casos de alto impacto donde existe la presunción de que se encuentra involucrado ese tipo de criminalidad.

Por ejemplo, el secuestro y posterior asesinato de José Felipe Tomé Velázquez, un importante empresario inmobiliario del país, ocurrido el 22 de noviembre de 2020 en Puerto Vallarta, y del cual sigue sin haber detenidos por parte de la Fiscalía de Gerardo Octavio Solís Gómez.

Tampoco se ha detenido a ningún presunto autor material o intelectual del asesinato del propio Sandoval Díaz, pese a haber sucedido hace más de dos meses (18 de diciembre de 2020); la ausencia de capturas también prevalece en el caso del tiroteo ocurrido en el restaurante Los Otates, en el entorno de la plaza Andares, el 8 de febrero pasado.

Lo cierto es que ni la Fiscalía local ni la Secretaría de Seguridad han implementado operativos de precisión para desarticular células del CJNG, a diferencia de otras autoridades locales que sí están procediendo contra sus grupos delincuenciales, como las de la CDMX.

“El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que, del 1 de enero al 15 de febrero de 2021, la SSC logró la detención de ocho objetivos prioritarios; el cateo de 48 domicilios relacionados con grupos generadores de violencia que dejaron como resultado la detención de 71 personas”, informó la institución capitalina.

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