Tlalpan ejerce irregularmente casi 800 mil pesos en programas sociales durante 2022

En 2022, la alcaldía Tlalpan entregó casi 800 mil pesos a beneficiarios de programas sociales que no cumplieron con los requisitos para estar inscritos
David Martínez David Martínez Publicado el
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La alcaldía Tlalpan ha incurrido en deficiencias e irregularidades en el ejercicio de programas sociales durante 2022, indican órganos fiscalizadores.

Informes de la contraloría local revelan que la demarcación hizo pagos por casi 800 mil pesos a beneficiarios de programas no inscritos en padrones y apoyo a personas que ya estaban suscritas en acciones sociales federales.

Sin embargo, no es la única anomalía en que ha incurrido la demarcación del sur de la capital.

En 2022, Reporte Índigo documentó que la alcaldía realizó un gasto excesivo en aparatos tecnológicos, en el que se benefició a una empresa sin credenciales.

La alcaldía Tlalpan, desde el 2021, es gobernada por Alfa González Magallanes, quien es militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Tlalpan ‘regala’ 800 mil a beneficiarios no registrados en programas

En este 2023, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México (SCGCDMX), a través de la contraloría interna de Tlalpan, llevó a cabo la auditoría A1/2023 con clave 5-6-8-10 a los recursos erogados de programas sociales durante 2023 por la alcaldía del sur de la capital.

De acuerdo con el documento, obtenido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la contraloría examinó una muestra de seis programas sociales a los que en total se destinaron un monto de 26 millones 188 mil 898 pesos y realizó dos observaciones por anomalías en su ejecución.

La primera observación que hizo la contraloría, es que la alcaldía Tlalpan ejecutó pagos injustificados por un monto de 785 mil pesos realizados a un total de 15 facilitadores del programa social “Activando Tlalpan”.

Según el órgano fiscalizador, los facilitadores no estaban incorporados en el padrón oficial del programa social, como lo mandatan la Ley Orgánica de las Alcaldías y las mismas reglas de operación del programa.

El documento detalla que el funcionario responsable de dicha anomalía es el titular de la Coordinación de Actividades Deportivas.

“Dicho servidor público no actuó con la máxima diligencia para comprobar que los pagos por concepto de prestación de servicios realizados a facilitadores, se haya efectuado conforme a las reglas de operación”, indica la contraloría local.

Ante esto, la contraloría local realizó dos recomendaciones: la primera, reintegrar los 785 mil pesos a la hacienda pública y realizar un informe pormenorizado que justifique las razones a los facilitadores aun cuando no contaban con los requisitos necesarios.

La segunda observación realizada, se hizo al programa “Tlalpan hacia el desarrollo sustentable” dicha acción busca atender de forma integral las actividades ambientales, de conservación, agrícolas, productivas y de negocios. Principalmente, beneficia a habitantes de la demarcación que se dediquen a actividades agrícolas.

Al analizar este programa social, la contraloría encontró que se beneficiaron a dos personas sin acreditar la posesión legal de sus predios agrícolas.

Mientras que otros cinco beneficiarios reciben un apoyo por parte de otro orden de apoyo, fueron inscritos en el programa, a pesar de que incumplen con las reglas de operación.

“No podrán ser personas beneficiarias de este programa social aquellas que pertenezcan a otro programa social similar del Gobierno de la Ciudad de México o acciones sociales de la alcaldía, ni aquellas personas trabajadoras activas en el servicio público en cualquier nivel y ámbito de la Administración Pública Local”, detalla el punto 8.2.4 de la reglas de operación del programa.

Asimismo, según la misma observación, 10 beneficiarios del programa no contaban con autorización de impacto ambiental, lo que incumple con las reglas de operación de dicha acción social.

Como recomendaciones, la contraloría indicó que Tlalpan debe implementar mecanismos de supervisión y reglas de operación, así como capacitar funcionarios para que supervisen y cumplan reglas de operación de programas sociales.

La información consultada en la PNT no contiene información sobre si la demarcación ya acató las observaciones hechas por la contraloría local.

Programas sociales, herramientas políticas en tiempos de elecciones

La manipulación de programas sociales es una de las malas prácticas en las que recurren políticos y servidores públicos durante tiempos electorales, menciona el boletín “Difícil, esperar que partidos y gobiernos eliminen malas prácticas en elecciones” publicado en el portal de la Universidad Iberoamericana.

Según lo difundido en el boletín, Irma Méndez de Hoyos, académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) consideró, durante un foro organizado en la Ibero, que no hay incentivos negativos para disminuir las malas prácticas en las elecciones como el uso clientelar de los programas sociales.

“Hay tres tipos de malas prácticas: la manipulación del marco legal, cuando se diseñan normas para favorecer a algunos; la manipulación de la decisión electoral, con el uso de programas sociales para generar condiciones favorables hacia ciertos contendientes; y la manipulación de los órganos electorales”, mencionó la especialista.

La ponente detalló que las fuerzas políticas tienden a condicionar la entrega de programas sociales a cambio de apoyo para ciertos candidatos.

Programas con irregularidades

Irregularidades detectadas en los programas sociales de la alcaldía Tlalpan, gobernada por Alfa González Magallanes

  • Tlalpan pagó 785 mil pesos a facilitadores de Activando Tlalpan sin justificación
  • Los 15 facilitadores no estaban registrados en el padrón de beneficiarios
  • El programa social “Tlalpan hacia el desarrollo sustentable” busca apoyar a ejidatarios de la demarcación
  • Sin embargo, la contraloría local encontró que dos beneficiarios fueron inscritos en el programa sin acreditar la propiedad de sus predios
  • 5 beneficiarios recibían el apoyo pese a estar inscritos en otro programa social
  • 10 no contaban con autorización de impacto ambiental
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