En las elecciones de 2021, la alcaldía Tlalpan cambió de partido y de gobernante; sin embargo, las malas prácticas del pasado siguen.

De acuerdo con información obtenida por mecanismos de transparencia, la demarcación que gobierna la perredista Alfa González Magallanes —desde el 1 de octubre de 2021— compró equipos de cómputo con un sobreprecio de hasta 30 por ciento más de lo que otros proveedores ofrecen por los mismos productos al público en general.

Además, la demarcación adjudicó la compra a una proveedora que no cuenta con registros oficiales para concursar en licitaciones públicas.

González Magallanes es la sucesora de Patricia Aceves, morenista cuya gestión fue calificada como corrupta por la oposición.

Durante la gestión de Aceves, en el 2020, ocurrió una compra de automóviles a sobreprecio por la que dos funcionarios fueron separados.

Y en 2021, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) evidenció que la gobernante desfalcó a la demarcación por un monto de 2 millones de pesos que gastó en obras que no fueron entregadas o no cumplieron con los términos acordados.

Derroche en computadoras en Tlalpan

La alcaldía Tlalpan firmó en el último trimestre de 2021 el contrato AT-2021-17-ADQ para la adquisición de laptops Acer Aspire 5, consta en información que se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) respecto a los procesos de licitación y adjudicación celebrados por la demarcación durante el año pasado.

El contrato fue adjudicado directamente a Lesly Antonio Rodríguez García, lo que revela que no hubo un concurso de licitación pública entre varios proveedores para asegurar las mejores condiciones para la administración pública local.

El monto pagado por Tlalpan por los 18 equipos fue de 359 mil 909 pesos; cada computadora tuvo un costo unitario de 19 mil 994 pesos.

Sin embargo, al menos otros dos proveedores ofrecen el mismo equipo más barato y con las mismas especificaciones técnicas detalladas en el anexo del contrato: 8 gigabytes de memoria RAM, 500 gigabytes de capacidad de almacenamiento y procesador Core i5.

En la tienda de papelería, computación y artículos de oficina, Office Depot, se ofrece el mismo modelo de computadora en 14 mil 799 pesos, un 35 por ciento menos.

Mientras que en la tienda especializada Cyberpuerta, el mismo ordenador cuesta 17 mil 149 pesos, un 16 por ciento más barato.

El precio pagado por la administración de Magallanes González es superior, aunque la demarcación las compró por mayoreo y, por reglas de mercado, debería ser menor.

Los funcionarios de Tlalpan que autorizaron la adquisición de los equipos de cómputo son Martín Vargas Domínguez, director general de administración; Roberto Carlos Esquivel Villaseñor, director de adquisiciones; Aurelio Alfredo Reyes García, director general de gobierno y asuntos jurídicos; y Gabriela Laguna Palacios, directora de recursos materiales y servicios generales.

Contra la ley

No buscar las mejores condiciones para la administración pública y gastar de manera excesiva en la compra de bienes informáticos va en contra de las leyes locales.

Primero, la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones de la Ciudad de México estipula que todos los entes públicos deben reducir al máximo su gasto en computación.

“Los bienes y servicios de las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades se deberán sujetar y reducir al máximo, en el gasto de los servicios de telefonía y fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, a lo estrictamente indispensable”, detalla el marco legal.

Por otra parte, uno de los principios de la Ley de Adquisiciones de la capital del país es que siempre se deben buscar las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio.

“Los bienes y servicios de uso generalizado que en forma consolidada podrán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y órganos desconcentrados, ya sea de manera conjunta o separada, será con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, para tal efecto, atenderá la opinión que al respecto emita la Secretaría de Desarrollo Económico. Será factible la integración de las entidades a estos procedimientos”, indica el artículo 23 de la norma.

Sin registro

El contrato firmado con la persona física con actividades empresariales indica en la cláusula décimo primera, que la proveedora tiene registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México con el folio 5DDNEHD-4Y9GLOZ.

Sin embargo, una búsqueda de dicho folio y de la proveedora beneficiada por Tlalpan en el Padrón de Proveedores de la capital, que se puede consultar en el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, revela que no está inscrita en el registro y no puede participar en concursos de compras públicas.

“A partir del 3 de septiembre de 2018, la constancia de registro en el Padrón de Proveedores es un requisito para participar en procedimientos de contratación pública de bienes, servicios y arrendamientos en la Administración Pública de la Ciudad de México”, menciona un aviso en el portal donde se puede consultar las empresas inscritas al padrón.

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