Tapachula se ha vuelto una ciudad-cárcel de migrantes donde hay sobrepoblación y hasta 20 personas llegan a vivir en un cuarto de cuatro metros cuadrados, acusan organizaciones, colectivos y activistas por los derechos humanos de esta población.

En su búsqueda por escapar de esta situación y tener mejores condiciones de vida, las y los migrantes y sus familias —incluidas niñas, niños, bebés y mujeres embarazas— han sido fuertemente reprimidos por las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM).

Además, las familias suelen ser separadas al momento de las detenciones, en su mayoría con violencia; y aunque muchas son solicitantes de refugio, también suelen ser expulsadas a Guatemala, especialmente los de nacionalidad haitiana.

Pero más que una crisis humanitaria, esta situación de discriminación, violencia y violación a los derechos humanos que viven cientos de familias migrantes, es una crisis institucional, señalan los defensores de derechos humanos.

Josué Castañeda, del Colectivo de Documentación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, dice que instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM no han dado una respuesta clara y contundente a las solicitudes de refugio ni a las solicitudes de regularización de las personas; además han utilizado el COVID como excusa para prolongar los trámites y cambiar las citas constantemente.

“Todo esto se va agravando con las restricciones que ha ido imponiendo el INM constantemente, empezó con que las personas solicitantes de refugio no podrían salir de Tapachula a otras ciudades de Chiapas, aún cuando la Ley de Refugiados dice que si eres refugiado puedes permanecer en cualquier ciudad de la entidad federativa.

“Después de eso empezó a detener a población que contaba con visas por razones humanitarias, la cuales también eran extendidas por ser solicitantes de refugio, y regresándolas hacia Tapachula, Chiapas. Esto llevó a que hubiera una sobrepoblación, a que la población migrante se enfrentara cada vez ante más escasez de vivienda y espacios dignos para poder esperar sus procesos”, dice.

La suma de estos factores provocó que desde el pasado 28 de agosto, migrantes de Haití, Venezuela, Cuba y otros países de Centroamérica se empezaran a agrupar en caravanas para irse de Tapachula. En su mayoría, los contingentes fueron formados por personas jóvenes, así como niñas y niños, muchos de ellos en brazos, y mujeres embarazadas.


“Es una cacería la que se vive en Tapachula (…) todo esto es una bomba de tiempo porque lo que estoy diciendo actualmente sigue, no es que se haya detenido después de las caravanas, sigue esta opresión, sigue esta restricción, siguen estas expulsiones y simplemente el INM no se pronuncia”

Josué Castañeda

Integrante del Colectivo de Documentación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano

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