La asignación de un nuevo titular de la Auditoría Superior del estado será discutida en breve. Foto: Especial

Se busca auditor

La asignación de un nuevo titular de la Auditoría Superior del estado podría sacar a relucir todos los problemas políticos que persisten en Nuevo León, en donde el Poder Legislativo y el Ejecutivo han protagonizado una lucha encarnizada

La gestión de Jorge Galván al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE) está a punto de culminar. La asignación de un nuevo titular no solo estará en el epicentro de la discusión en el Congreso local.

En la segunda semana de diciembre, el día 15, Galván concluye un periodo de ocho años en la Auditoría, un ente autónomo encargado de fiscalizar los recursos públicos del Gobierno estatal, sus secretarías y de los municipios, así como de los órganos descentralizados.

Un cargo de alto rango en Nuevo León que se encuentra a la par de los titulares de la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

Sin embargo, una reforma realizada a la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Auditoría Superior del Estado podría permitir que se asigne a un auditor “carnal”, pues establece que este cargo pueda ser ocupado por un servidor público en funciones con solo pedir licencia.

La asignación del nuevo auditor tendrá que ser votada, como lo marca el artículo 108, por mayoría calificada en el Congreso, es decir, 28 votos, con la cual no cuentan actualmente los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues la perdieron debido a la renuncia de Alhinna Vargas, legisladora priista.

Después de que la suplente de Vargas, Rosaura Guerra, se uniera a Movimiento Ciudadano, la mayoría calificada del PRI y PAN se disolvió.

Al momento, el camino del nombramiento del auditor luce entrampado, pero no sin solución.

El curso de este nombramiento se inclina hacia la bancada de Morena, integrada por Waldo Fernández y Anylú Bendición, así como el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Raúl Lozano.

El voto inclinaría la balanza a favor de cualquier candidato que se ponga ante el Pleno del Congreso local. Y aunque Waldo, Anylú y Raúl podrían estar en una posición cómoda, al ser quienes decidan, la situación no será color de rosa.

Por un lado, desde el gobierno de Samuel García vendrá la presión para incidir en la votación de estos legisladores, donde su congruencia debería prevalecer y no dejarse manipular por el estado.

Y, por otro lado, están el PAN y el PRI, que buscarán llegar a un acuerdo o consenso para que voten por el aspirante que ellos buscan favorecer con su voto.

Auditor “afín”

El artículo 19 de Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Auditoría Superior del Estado fue derogado. Este establecía candados para que el cargo de auditor no fuera desempeñado por una persona que hubiera devengado un puesto público por lo menos desde hace tres años.

Sin embargo, el artículo fue derogado y aprobado en el Congreso local, un dictamen que fue turnado al Poder Ejecutivo para su publicación, pero el gobernador la vetó mandando observaciones en el sentido de que mantuviera los candados.

El dictamen fue enviado por el gobernador Samuel García con las observaciones a la Comisión de Legislación, que lo avaló por mayoría, por lo que está pendiente de que se suba al Pleno para su validez, donde se necesita la mayoría calificada, compuesta por 28 votos.

Sin embargo, la convocatoria para los participantes que fue aprobada en la semana pasada, establece, en el apartado de las bases, primer capítulo VI, que podrá ocupar el cargo de auditor un gobernador, fiscal anticorrupción, diputado federal y local no tenga estos cargos, cuando menos un año previo al día de su nombramiento como auditor.

 

El presupuesto, la otra clave

La aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 podría convertirse en la moneda de cambio para los legisladores del PAN y PRI para asignar a su aspirante al cargo de la Auditoría Superior del Estado.

Según, fuentes del Poder Legislativo, los diputados pueden modificar el Paquete Fiscal 2024 que envíe el gobernador Samuel García y negociar que se apruebe íntegramente.

No obstante, se encuentra latente la posibilidad de que el gobernador decida no negociar y quedarse con el presupuesto de este año, aunque hay la posibilidad que no reciba la misma cantidad de las participaciones federales lo que complicaría los proyectos de obras estatales.

Otra posibilidad más hacia este nombramiento, es la negociación de la licencia que necesitaría el mandatario para participar en las elecciones presidenciales del 2024.

La Constitución marca que los diputados deberán nombrar al gobernador interino, y que podría ser de otro partido distinto del que está emanado Samuel García. Esto abre la puerta a nombrar a uno del gusto del gobernador, y asignar un auditor a la carta del PRI y PAN.

Hasta el final queda la remota posibilidad de que las condiciones políticas cambien en Nuevo León, lo que pudiera favorecer el camino de la asignación del nuevo auditor.

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