En el Congreso de la Unión, senadores y senadoras de Morena y del Partido del Trabajo buscan aprobar durante el segundo periodo extraordinario de sesiones, una iniciativa de Ley General de Salud Mental que atenta contra las personas a las que va dirigida y es violatoria de derechos humanos.

En entrevista con Reporte Índigo, Ángel Salvador Ferrer, coordinador del programa de Prevención de la Tortura de Documenta, explica que la ley promueve un modelo de atención médica que invisibiliza y aísla a las personas usuarias por verlas como objetos de tratamiento y no como sujetos de derechos.

También violenta el principio a la igualdad, a la no discriminación, al igual reconocimiento como personas ante la ley, a la libertad, a la seguridad, a la integridad personal y a brindar consentimiento informado previo a cualquier intervención médica.

“El tema de esta iniciativa de ley es que el enfoque es incorrecto en todos los aspectos, ya que parte de la idea de que las personas usuarias de los servicios de salud mental tienen menos capacidad para tomar decisiones sobre los aspectos esenciales de su vida.


De aprobarse la propuesta de ley impulsada por los senadores de Morena y del PT, los usuarios de los servicios de salud mental podrían ser internados de manera forzosa u obligados a recibir tratamientos médicos

“Esto implica una violación frontal a lo que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde dice que todos los individuos tienen capacidad jurídica, sin embargo, hay quienes requieren de ajustes o asistencia para poder ejercerla”.

Ferrer también deja ver que la iniciativa promovida por Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Miguel Ángel Lucero Olivas, Alejandra del Carmen León Gastélum, Joel Padilla Peña, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Nancy de la Sierra Arámburo, demuestra un intenso desconocimiento por parte de estos legisladores sobre las obligaciones que tiene el Estado mexicano respecto a los derechos humanos.

Y en este caso en particular, en lo referente a la salud mental de las personas, pues están proponiendo algo que es completamente contradictorio al documento más actualizado, avanzado y vanguardista que existe en la materia (la Convención de Derechos Humanos), y del cual México fue uno de los principales impulsores.

“Los servicios que se van a brindar según esta ley están basados en recursos altamente coercitivos, entre los que destaca, por ejemplo, el internamiento involuntario o los tratamientos psiquiátricos forzados como mecanismos de atención, además de usar un lenguaje discriminatorio que, en el fondo, reproduce estigmas.

“La iniciativa dice que se pueden aplicar estos métodos cuando se trate de un caso emergente o cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado. También habla del ingreso de emergencia para personas con trastornos mentales que necesiten atención urgente o representen un peligro para ellos u otras personas”, comenta Ferrer.

Documento de Salud Mental sin claridad

Otra de las preocupaciones que la iniciativa de Ley General de Salud Mental ha provocado entre los defensores de este grupo poblacional, es la falta de precisión y claridad en la redacción del documento que se aprobó en las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos Segunda de la Cámara baja.

“La iniciativa no da detalles con respecto a muchos de los procedimientos que propone se lleven a cabo a pesar de la gravedad de los mismos y de las implicaciones que pueden llegar a tener en la vida de las personas.

“Por ejemplo, el documento plantea que las personas usuarias de los servicios de salud mental podrán ser ingresadas en una clínica por prescripción médica especializada, lo que significa que un doctor podrá internar a cualquier persona que considere por el tiempo que quiera, ya que únicamente tendrá derecho a salir cuando el médico tratante así lo considere o si lo solicita un familiar por escrito”, dice el coordinador del programa contra la tortura de Documenta.

Esto quiere decir que si el día de mañana una autoridad, un médico o un familiar considera que cierta persona necesita ser tratada mentalmente, ésta podrá ser ingresada de manera forzada y salir hasta que quienes lo ingresaron lo consideren listo para salir, de lo contrario se podría quedar ahí indefinidamente, ya que la ley es muy indeterminada en cuanto a los plazos máximos de internamiento, los cuales ni siquiera establece, acusa Ángel Salvador Ferrer.


El documento que será votado el 29 de julio en el periodo extraordinario de sesiones del Senado, contradice todo lo que la Convención de Derechos Humanos plantea

El especialista en la materia comenta que estos individuos a los que va dirigida la iniciativa de Morena y del PT incluso quedarían más desprotegidos que quienes cometen un delito, pues para ellos al menos existe una seguridad jurídica, es decir, hay un artículo que dice el tiempo que se estará en prisión como mínimo o máximo por el delito cometido.

“A diferencia de una persona sentenciada por un crimen, de aprobarse esta propuesta de ley, sin cometer ningún delito ni nada, un individuo podría ser internado de manera forzada en un centro psiquiátrico de manera indefinida, lo que significa una desprotección absoluta para este grupo poblacional”.

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