Zubirán: incriminado por caso Kia
Rolando Zubirán Roberts, exsecretario de Desarrollo Económico del Estado, fue el exfuncionario estatal que resultó más perjudicado en la audiencia donde el exgobernador Rodrigo Medina quedó vinculado a proceso por el delito de uso indebido de funciones por el caso Kia.
La defensa del exmandatario, que encabeza el abogado Alonso Aguilar Zínser, se valió de todo recurso para evitar que su cliente fuera enjuiciado, pero no pudo salvar a Zubirán Roberts.
Jesús PadillaLa confesional de Medina prácticamente atora a Zubirán, exsecretario de Economía, y al extesorero (Rodolfo Gómez), porque bajo su defensa Medina dijo que él no cabildeó y esto lo llevaron a cabo los exsecretarios”
de Movimiento Ciudadano
El juez destacó que la participación de Rodrigo Medina en el uso indebido de funciones se materializaba porque se firmaba un convenio con la empresa donde el Estado se comprometía a estos incentivos cuando no tenía facultades para hacerlo”
Rolando Zubirán Roberts, exsecretario de Desarrollo Económico del Estado, fue el exfuncionario estatal que resultó más perjudicado en la audiencia donde el exgobernador Rodrigo Medina quedó vinculado a proceso por el delito de uso indebido de funciones por el caso Kia.
La defensa del exmandatario, que encabeza el abogado Alonso Aguilar Zínser, se valió de todo recurso para evitar que su cliente fuera enjuiciado, pero no pudo salvar a Zubirán Roberts.
La próxima semana, el 19 de agosto, Zubirán Roberts está citado a comparecer para ser imputado por los delitos de peculado, daño patrimonial y uso indebido de funciones por la autorización de apoyos a la empresa Kia Motors.
“Rodrigo Medina no es responsable de los actos de los funcionarios públicos”, aclaró tajante el litigante en la audiencia celebrada en la Primera Sala de Juicios Orales del Poder Judicial en Monterrey.
Pero no sólo esto estableció la defensa de Medina ante el juez de control Jaime Garza Castañeda.
En la etapa de alegatos, el exmandatario se deslindó de un contrato que firmó con Kia Motors para la entrega de un paquete de millonarios incentivos, pues argumentó que Zubirán Roberts se encargó de los aspectos técnicos.
Y es que Aguilar Zínser dijo que el exmandatario firmó como testigo honorario el convenio de apoyos a Kia, incluso, aclaró que no hay una prueba que señale que Rodrigo Medina indujo a los funcionarios para otorgar los incentivos.
Es decir, Rolando Zubirán Roberts autorizó los apoyos a la empresa por sí solo.
“No está justificada la participación de Rodrigo Medina a título de inductor, no se advierte que haya dado instrucciones para que se hicieran los ilícitos”, dijo el abogado del exmandatario.
Incluso, el propio juez de control, Jaime Garza Castañeda, al eximir a Medina de los delitos de peculado y daño patrimonial por la entrega de los apoyos a Kia, abrió la puerta para que Rolando Zubirán Roberts sea el castigado.
El propio juzgador reconoció que sí existió un delito por estos incentivos.
Cabe recordar que bajo la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo se estableció el Consejo Estatal de Promoción a la Inversión, que estaba integrado por el presidente, que era el exgobernador Rodrigo Medina, y el secretario técnico, que era Rolando Zubirán Roberts.
Este consejo entregó los incentivos a Kia Motors para establecerse en Pesquería.
‘No es delito leve’
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Samuel García ,coincidió que el exgoberador Rodrigo Medina hundió a Rolando Zubirán Roberts en este caso.
“La confesional de Medina prácticamente atora a Zubirán, exsecretario de Economía, y al extesorero (Rodolfo Gómez Acosta), porque bajo su defensa Medina dijo que él no cabildeó y esto lo llevaron a cabo los exsecretarios”, señaló el legislador local.
Dijo que tras su declaración ante el juez, Medina prácticamente dejó a Rolando Zubirán Roberts como el responsable de las posibles irregularidades del caso Kia.
“Esperamos que la fiscalía ya pronto empiece con las denuncias necesarias en temas como la participación de Medina en actos de corrupción como en Metrorrey, Ecovía, Sistema Estatal de Caminos y de otros más”, dijo Samuel García.
Agregó que en el delito de ejercicio indebido de funciones el imputado no tiene la posibilidad del resarcimiento por el daño, mientras en el peculado y daño patrimonial, que fueron quitados por el juez Jaime Garza Castañeda a Medina, se tiene que regresar el dinero.
“La diferencia radica en que al encontrarlo culpable de ejercicio indebido de funciones, no hay resarcimiento al Estado por el daño causado, a diferencia de los otros dos delitos. No hay delitos graves o leves, más importante o menos importantes.
“Los tres eran de los mismos años de cárcel, lo único que cambia es que en el caso de peculado y patrimonial tienen la consecuencia que de declararse culpable tienen que retornar vía un crédito fiscal el desvío comprobado, es la única diferencia, en realidad los tres son igual de importantes”, explicó el legislador.
Gobierno aún paga el daño
El asesor jurídico de la Subprocuraduría Anticorrupción, Aldo Fasci, dijo que el daño patrimonial que se causó por otorgar incentivos millonarios a Kia Motors obliga al Gobierno del Estado a estar pagando ese dinero.
“No había recursos en la cuenta donde debería estar depositado el dinero, incluso se tiene un adeudo por el Gobierno actual, motivo por el cual la Fiscalía Anticorrupción buscará impugnar los dos delitos que se le quitaron al exmandatario, que son peculado y daño patrimonial”, dijo Fasci.
Agregó que cualquier empresa que quiera llegar a Nuevo León, tiene que sujetarse a un procedimiento con reglas, pero la administración de Rodrigo Medina no se sujetó a los lineamentos.
“Y se firmaron un paquete de incentivos y obligaciones del Estado, que ni vienen en la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo”, dijo el asesor.
Por su parte, el subprocurador Anticorrupción Ernesto Canales dijo que el juez Jaime Garza Castañeda acreditó la participación de Rodrigo Medina en la entrega de los incentivos.
“El juez destacó que la participación de Rodrigo Medina en el uso indebido de funciones se materializaba porque se firmaba un convenio con la empresa donde el Estado se comprometía a estos incentivos cuando no tenía facultades para hacerlo”, concluyó Canales.
