Reconocer, definir y denunciar las violencias que ocurren de manera virtual y en redes sociales (violencia digital), son los primeros pasos para construir un espacio digital seguro y accesible, coinciden las activistas por los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad, Olimpia Coral Melo y Katia D’Artigues.

“Lo virtual es real, existe y daña”, subrayan.

Asimismo, señalan la importancia de una formación profesional y especializada para los funcionarios y autoridades judiciales que atienden este tipo de agresiones a fin de evitar tratos discriminatorios, revictimizantes o que impidan el acceso a la justicia.

Esto, en el marco de su participación en el foro “Cómo construir un mundo digital seguro”, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y AT&T México.

Como un ejemplo de la falta de reglamentación que existe en el país para castigar delitos que vulneran la seguridad de las personas en los entornos virtuales, Olimpia se refiere principalmente a su historia y a la de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio y por quien se creó la Ley Ingrid.

Agrega que, ante una educación arcaica en materia digital, es necesario implementar materias en todos los niveles escolares que enseñen a la sociedad a utilizar de una manera adecuada y precautoria los servicios de internet y rompan con la brecha digital entre hombres y mujeres.

“Hablar de software y hardware ya es un tema del pasado. Me parece que las condiciones para la formación estudiantil, ya sea primaria, secundaria o preparatoria, requieren que hablemos de tecnología como un espectro material y humano en el que habitamos personas con derechos humanos”, comenta.

Especialización de funcionarios en violencia digital

En entrevista con Reporte Índigo, Coral Melo ahonda en que la apatía y el desconocimiento de las autoridades para atender casos de violencia digital, en especial los que involucran agresiones de género, deben combatirse con una estrategia de profesionalización.

“Insisto en la homologación de un protocolo de actuación interno para las autoridades e instituciones en materia de violencia digital, particularmente en delitos contra la intimidad sexual. Que tenga el A, B, C, de cómo es que tenemos que actuar”
Olimpia Coral MeloActivista por los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad

“Todavía existen fallas en la incorporación de la carpeta de investigación para los términos digitales, no se ha constituido ni siquiera la Ley de Ciberseguridad, lo que deja una puerta abierta a la violación de la libertad de expresión, a la persecución cotidiana y al establecimiento de reglas que solo responsabilizan a las mujeres”, expresa.

Además, precisa que la especialización en derecho digital se imparte actualmente solo en las instituciones de educación privada, lo que genera un rezago para el resto de la población, así como desigualdad en el acceso a la ciberseguridad.

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