Presupuesto: amarga realidad

Como nunca antes, la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2017 se vio influenciada por circunstancias externas a México que obligaron a los diputados a acelerar los trabajos de aprobación.

 

Imelda García Imelda García Publicado el
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millones de pesos es lo que cada uno de los 500 diputados puede etiquetar en lo que decidan
La inconformidad de gobiernos estatales y municipales fue por la drástica caída en los recursos del Fondo Metropolitano

Como nunca antes, la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2017 se vio influenciada por circunstancias externas a México que obligaron a los diputados a acelerar los trabajos de aprobación.

 

Por un lado, la victoria de Donald Trump en las elecciones del pasado martes y toda la presión política que desató, además de la incertidumbre que ha pegado a los mercados de todo el mundo, obligaron a los legisladores a acelerar la aprobación para enviar un mensaje de estabilidad al país y a los inversionistas.

 

A pesar de que las circunstancias han cambiado en las últimas semanas, los diputados se vieron imposibilitados para modificar algunas variables del PEF, como el tipo de cambio, pues éste ya quedó aprobado en la Ley de Ingresos.

 

En el PEF, el tipo de cambio quedó establecido en 18.62 pesos por dólar; ayer, sin embargo, la moneda llegó a cotizarse en 20.85 pesos por un dólar.

 

Otras cosas pudieron hacerse; pero los diputados decidieron desoír la petición de organizaciones de la sociedad civil para estudiar mejor la distribución del dinero para el 2017, luego del triunfo del republicano en Estados Unidos. 

 

Aun así, aprobaron un documento sin previsiones para el posible retorno de mexicanos desde Estados Unidos, y con un mínimo gasto de inversión que estancara el crecimiento de la obra pública.

 

Aunque el diputado priista Alfredo del Mazo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dijo que sí se tomaron en cuenta las circunstancias exteriores, lo cierto es que se continuó con la inercia que se tenía en la elaboración del PEF antes de las elecciones de Estados Unidos.

 

“El Presupuesto se hizo de acuerdo a las circunstancias y al entorno macroeconómico, tanto nacional como externo, en el momento en el que se aprobó la Ley de Ingresos, en donde hubo una modificación en el tipo de cambio del paquete originalmente enviado a la Cámara –de 18.20 a 18.62-, así como una modificación en la plataforma petrolera (…).

 

“Hoy en día, el Presupuesto que estamos aprobando, está en los términos en los que nos dan los recursos de la Ley de Ingresos, y estamos conscientes de que es un presupuesto responsable, acorde a la circunstancia y la fortaleza económica que tenemos en el país, y que es un presupuesto realista, eficiente, que fue analizado con toda oportunidad por parte de los grupos parlamentarios”, expuso.

 

Lo máximo que se hizo, fue mover dinero a programas que se dedicarán a fortalecer ambas fronteras del país, tanto la norte como la sur.

 

Para el Fondo de Fronteras se destinaron 750 millones de pesos; para la restitución del Fondo de Atención a Migrantes se etiquetaron 263 millones.

 

Así, se preveía que los diputados aprobaran el documento la mañana de este viernes, en una sesión continua en la que sobre todo los partidos de oposición plantearían su inconformidad sobre ciertos temas del reparto de recursos.

 

Jaloneo por cada peso

 

Aunque la aprobación se realizó cinco días antes de que se venciera el plazo legal, las negociaciones entre los grupos parlamentarios se intensificaron en las últimas 48 horas.

 

Fueron el sector campesino del PRI y las bancadas del PRD y Morena las que más observaciones tenían al reparto de los recursos.

 

El sector campesino del PRI pedía que se aumentaran los recursos al campo, pues el Ejecutivo federal los envió con un recorte de más de 48 mil millones de pesos al Programa Especial Concurrente.

 

Finalmente, logró hacerse de un aumento de 9 mil millones de pesos. 

 

El PRD presionó para que le fueran asignados más recursos a sus alcaldes y, sobre todo, se 

restituyera algo del recurso cancelado a la Ciudad de México.

 

También lo consiguieron. Finalmente, se restituyó algo del Fondo de Capitalidad, que había sido eliminado totalmente por el Gobierno federal, para quedar en 2 mil 400 millones para 2017.

 

Morena, que nunca antes había sido incluido en las negociaciones, ahora tuvo que ser admitido por la creciente representación que tiene en la Ciudad de México.

 

Una de las negociaciones más ásperas ocurrió en el recurso que se etiquetará para estados y municipios.

 

La inconformidad de gobiernos estatales y municipales fue por la drástica caída en los recursos del Fondo Metropolitano.

 

En 2016, dicho Fondo tuvo recursos por 10 mil 400 millones de pesos y este año tuvo una reducción de tres veces, lo que impactará directamente en las obras de infraestructura y mantenimiento de las grandes ciudades. 

 

Para 2017, los recursos del Fondo Metropolitano alcanzarán apenas los 3 mil 240 millones de pesos.

 

Esa disminución provocó que estados y municipios reclamaran por el presupuesto que dejarán de recibir el próximo año a raíz de ese Fondo.

 

La ciudad de Monterrey, por ejemplo recibirá solo 282.4 millones de pesos en 2017, cuando para este año tuvo 906.4 millones.

 

Guadalajara tendrá acceso a solo 327.9 millones de pesos, cuando en el 2016 tuvo recursos por mil 52.6 millones de pesos.

 

Además del recorte, el jaloneo por los recursos del Fondo Metropolitano ocurrió con la Secretaría de Hacienda, que pretendía hacerse del control de los 3 mil 200 millones de pesos y entregarlos directamente a las ciudades, idea que fue rechazada por las bancadas y que Hacienda tuvo que abandonar, por lo que en el decreto del PEF 2017 sí aparecen etiquetados por localidad.

 

El Fondo Metropolitano tendrá un nuevo candado: el 15 por ciento de los recursos deberán estar etiquetados a programas de movilidad.

 

Algunos órganos del Estado sufrieron pérdidas. Al Consejo de la Judicatura Federal le quitaron 6 mil millones de pesos de lo que había solicitado; al Instituto Nacional Electoral le disminuyeron 300 millones de su petición original para el 2017; y a la Secretaría de la Función Pública le quitaron 120 millones a lo que pidió.

 

Siguen Fondos de moches

 

Los diputados volvieron a enviar recursos a programas y fondos para que cada uno de ellos pueda etiquetar ciertos recursos en municipios que ellos decidan, con total discrecionalidad.

 

Este año, cada uno de los 500 diputados tuvo acceso a etiquetar 18 millones de pesos; sin embargo, la bolsa se dinero se entregó a los coordinadores de los grupos parlamentarios, quienes decidieron cuánto le daban a cada legislador para su disposición.

 

Esta bolsa, contenida en el Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece) será por 8 mil 896 millones de pesos, con una reducción de mil 52 millones de pesos.

 

Estos recursos se ejercerán con reglas de operación que serán publicadas por la Secretaría de Hacienda en los primeros días del próximo año.

 

En cambio, el programa de Fortalecimiento Financiero, que también se utiliza para sacar adelante obras en diversos municipios, tuvo un incremento de más de 100 por ciento en lo presupuestado.

 

En 2016, a este programa se le asignaron recursos por mil 481 pesos; para 2017, tiene 3 mil 243 millones de pesos.

 

Sin embargo, este programa llevaba entregados 21 mil 266 millones de pesos hasta septiembre pasado. Esto es, 14 veces más que el recurso original aprobado.

 

El programa de Fortalecimiento Financiero no tiene reglas de operación, por lo que su asignación se realiza de manera totalmente discrecional.

 

En general, los legisladores decidieron incluir un candado para que los gobiernos municipales o estatales no utilicen las obras construidas con dinero federal con fines electorales –por ejemplo, al pintarlas con los colores de su partido- y para obligar a los gobiernos estatales a entregar os recursos a los municipios.

 

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