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Presupuesto secuestrado

Bajo el argumento de no permitir los recortes al campo, propuestos en el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y organizaciones campesinas ligadas al PRI buscan detener la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.

Aún es posible redimensionar los recursos asignados a éste, porque de no rectificarse se castigarían partidas importantes en el agro” 
Diputado Francisco Martínez Neri
Coordinador de la fracción
del PRD

Bajo el argumento de no permitir los recortes al campo, propuestos en el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y organizaciones campesinas ligadas al PRI buscan detener la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.

 

Desde la comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, la que encabeza el priista Germán Escobar Manjarrez, en donde el PRI con su aliado el Partido Verde Ecologista de México es mayoría, no se había podido destrabar el conflicto, derivado de la intención del Ejecutivo federal de disminuir el 19 por ciento de los recursos aportados al campo.

 

La postura del PRD, dentro de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, enarbolada por la diputada de Oaxaca, Karina Barón Ortiz, fue de no ceder a la posibilidad del Ejecutivo federal para quitar 22 mil 669 millones de pesos al campo.

 

Los que no solo limitarían 31 programas, sino que harían desaparecer a por lo menos 21 acciones oficiales orientadas a la sustentabilidad alimentaria para el 2017.

 

La fracción del PRD, coordinada por el diputado Francisco Martínez Neri, no solo había reclamado que no se materialice el recorte de los 22 mil 669 millones de pesos propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sino que se incrementara el aporte al campo en al menos 24 mil 229 millones de pesos más.

 

Por esa razón es que la fracción del PRD en la Cámara de Diputados no había dado pauta a ningún acuerdo político, con los diputados del PRI y del PVEM, al mantener su postura de negativa a la discusión del presupuesto, “hasta que se reoriente e incremente la partida a los programas del campo”, planteó Martínez Neri.

 

El derecho a la alimentación 

 

Hasta este miércoles, los diputados del PRD habían insistido en que se incrementara el presupuesto destinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a por lo menos 86 mil 387 millones de pesos, toda vez que en la propuesta inicial del Ejecutivo contempla un gasto de 62 mil 158 millones pesos.

 

Según el diputado del PRD, Felipe Reyes Álvarez, también se ha insistido en aumentar el presupuesto del Programa Especial Concurrente (PEC).

 

El que se destina a los estados para apoyo a programas diversos del campo, que en este 2016 contó con un fondo de 304 millones 751 mil pesos y que se pretende desaparecer para el 2017, pero que en contraparte se busca dotar con una participación de por lo menos 356 millones 701 mil pesos.

 

Otro planteamiento que ha hecho la fracción del PRD como condición para la negociación del presupuesto, es que se restablezca el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (Promete) y el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (Fappa), los que habían desaparecido.

 

Estos programas, dijo el diputado Felipe Reyes Álvarez, resultan fundamentales para buscar la soberanía alimentaria, que aún no se ha logrado, y que hace que el país recurra a las compras exteriores de granos básicos como maíz, frijol y trigo.

 

En este sentido, la diputada Karina Barón Ortiz, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento al Programa Especial Concurrente (PEC), dijo que la propuesta de su fracción parlamentaria lo único que pretende, con el reclamo de restructura al gasto del campo, es garantizar el derecho a la alimentación.

 

“Lo que pareciera que se le olvida al Ejecutivo federal en la propuesta que nos envía.

 

Consideró que “si como país dejamos sin efecto el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, cada vez vamos a seguir importando maíz, arroz y frijol, cuando el sureste de México y otras regiones del país ofrecen las características para darle de comer a toda la población”, detalló Barón Ortiz.

 

Hicieron bien la cuenta

 

La Comisión de Presupuesto que encabeza el priista Alfredo del Mazo Maza trabajó con la intención de someter al pleno de la Cámara, este jueves 10, una nueva propuesta de egresos para el 2017, derivada de la modificación de la Ley de Ingresos para el año entrante.

 

La semana pasada el Senado aprobó el proyecto final de la Ley de Ingresos de la Federación 2017, donde resultó un monto de 51 mil 380 millones de pesos más frente a la propuesta inicial del Ejecutivo federal, al considerar ingresos por encima de los que había planteado la propia SHCP.

 

El reajuste al gasto programable fue posible tras considerar, por parte de los diputados y senadores, que la federación puede hacerse de más fondos al tasar más fríamente algunos de los indicadores macroeconómicos del país, entre ellos el precio del petróleo y la paridad del peso frente al dólar.

 

De esas variantes fue que resultó un monto de 51 mil millones de pesos más para gasto, del que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública ha considerado que puede reprogramar gastos por 30 mil millones de pesos.

 

Más dinero, con mesura

 

En el reajuste que se hace al gasto público se contemplan también la modificación de gastos al Poder Judicial y al Legislativo, así como a algunos órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional Electoral (INE).

 

Según la versión del diputado poblano, el priista Jorge Estefan Chidiac Charbel, miembro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el reajuste al gasto de la Federación para el 2017 será por el orden de los 30 mil millones de pesos, luego de considerar que la Federación pudiera tener ingresos extras por 51 mil millones de pesos el año entrante.

 

Otros renglones en los que se han considerado una reprogramación del gasto al alza con relación a otros sería en carreteras, educación y salud.

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