La fiscalización de la ASCM de los recursos de las alcaldías, órganos autónomos, órganos desconcentrados y dependencias del Gobierno central se vio afectada por la pandemia de COVID-19.

El Informe General Ejecutivo de la Revisión de la Cuenta Pública 2019, publicado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México en el mes de febrero de 2021, señala que fiscalizar el gasto de todas las entidades del servicio público local enfrentó limitaciones debido a la contingencia sanitaria.

“Con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por la epidemia de Covid-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, y la declaratoria de emergencia emitida por la autoridad local para mitigar y controlar su propagación, se presentaron circunstancias que limitaron el alcance de la revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente a 2019 en relación con lo programado”, explica el informe.

La ASCM detalla que, como parte del distanciamiento social requerido para evitar contagios así como la suspensión de actividades no esenciales, se dificultaron actividades de supervisión de campo como visitas a almacenes o sitios de obras.

“Hubo casos en que se presentaron limitaciones para efectuar algunas pruebas, como inspecciones físicas de bienes adquiridos y obras concluidas, confirmación de operaciones con proveedores de bienes y prestadores de servicios, consultas a beneficiarios para confirmar la recepción de apoyos y entrevistas al personal para constar el desempeño de las funciones para las cuales fue contratado, entre otros”, explica la auditoría local.

Respecto al impacto de las limitaciones, la ASCM indica que 34 de las 194 auditorías realizadas durante 2020 fueron afectadas, en 33 no hubo posibilidad de realizar visitas de campo o comprobaciones físicas, mientras que en una se pudo hacer trabajo presencial de manera parcial.

“En tales supuestos, la ASCM no emite opinión por lo que concierne a los aspectos no revisados”, menciona el documento consultado.

En cuanto a los resultados, el órgano indica que en 29 auditorías, no se pudieron entregar completos, 6 corresponden a órganos político-administrativo, 18 a entidades paraestatales, 2 a órganos de gobierno y 3 a órganos autónomos.

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