La ASEJ documentó que el Distrito K se rehúsa a entregar al patrimonio municipal las áreas de cesión de 49 mil 954 metros cuadrados, y que esta negativa es respaldada por el Ayuntamiento


“No existe fundamento (…) para requerir a los titulares del predio o promoventes de acciones para su edificación el cumplimiento de nuevas área de cesión”

Oficio de Prodeur

Ante requerimiento de la ASEJ

Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, protagoniza un conflicto de interés con los inversionistas de uno de los más grandes desarrollos inmobiliarios que se construyen en la ciudad que gobierna: el Distrito La Perla, también conocido como Distrito K.

Tanto Lemus Navarro como Jorge Gómez Vivanco, el empresario de Quest Media que actualmente construye el Distrito K, comparten un escaño como consejeros de Coparmex en el estado, o Centro Empresarial de Jalisco, el órgano defensor de los intereses de la iniciativa privada.

El nexo del alcalde del MC con el empresario cobra relevancia ahora que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) documentó beneficios irregulares de parte del gobierno de Lemus Navarro para el Distrito K tasados en 201 millones 978 mil 517 pesos, en la cuenta pública de 2015.

La Consejería vigente de Coparmex, consultable en su revista Entorno Empresarial, muestra que Lemus Navarro la presidió de 2008 a 2011 y sigue fungiendo como su consejero exoficio, y que Gómez Vivanco está entre sus consejeros vocales asesores.

Al conflicto de interés se suma el jefe de Gabinete del alcalde, Juan José Frangie Saade, quien también tiene calidad de consejero exoficio de esa central representante de los empresarios de Jalisco.

Lemus Navarro reconoce en su Declaración de Intereses que sigue vigente su cargo como consejero de Coparmex que inició en 2001, lo que aún hoy lo hace defensor del empresariado, pese a su encargo público como alcalde de la ciudad; mientras que Frangie Saade lo omite.

Secreto K

El Gobierno de Zapopan ha ocultado un elemento muy importante con respecto al crédito fiscal que le impuso la ASEJ por esos 201.9 millones de pesos (MDP), y que se derivó de su omisión al no exigirle al Distrito K las áreas de cesión para el patrimonio público, como lo obliga la ley.

Lemus Navarro argumentó que la razón por la que no habían concretado aún la recepción de las áreas de cesión del Distrito K –un desarrollo de 441 millones de dólares-, era que seguía en edificación:

“En la medida que los fraccionamientos sean entregados ellos entregan sus áreas de cesión, pero eso no depende de nosotros (…) Cuando venga la entrega del fraccionamiento exigiremos la escritura pública”.

En realidad, la razón es otra: la ASEJ documentó que el Distrito K se rehúsa a entregar al patrimonio municipal las áreas de cesión de 49 mil 954 metros cuadrados valuadas en los 201.9 millones de pesos, y que esta negativa ha sido respaldada por el gobierno de Lemus Navarro. 

Según la observación de la ASEJ, a la que tuvo acceso Reporte Indigo, el particular se niega a ceder esa fracción pues asevera que ya cumplió con este requisito, empero, no hay ningún soporte documental que lo demuestre.

La ASEJ indica que en el plano del proyecto definitivo denominado Sembrado de Fracciones, del 4 de septiembre de 2014, se lee: “el inmueble del proyecto está incorporado pues en escritura número 7 mil 969 de fecha 24 de mayo de 1993, se entregaron áreas de cesión para destinos y sus donaciones correspondientes”. 

La ASEJ concluye que Distrito K no ha cumplido con las áreas de cesión por dos motivos: primero porque “no presenta el documento que acredite la incorporación del predio urbanizado”, y si no fue incorporado por el Ayuntamiento, no pudo haber cedido ninguna área, pues ambos actos se dan en el mismo trámite. 

Y segundo, porque el desarrollador pretende que pasen por áreas de cesión los espacios que usó para calles, pero esto solo lo permite la ley cuando se trata de vías que por sus dimensiones son primarias (Código Urbano, art. 178), y en el Distrito K “no corresponden a vialidades primarias, por lo que es improcedente considerarlas en permuta de las áreas de cesión”.

Mal comienzo

El Ayuntamiento de Zapopan tiene cuentas pendientes con la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ):

>La observación sobre el Distrito K forma parte de los cargos totales por mil 282.9 millones de pesos que la ASEJ determinó sobre el gobierno de Lemus Navarro de octubre a diciembre de 2015.

>De estos, 9.4 MDP por la auditoría administrativa-financiera.

Otros 4.6 MDP por obra pública, y mil 268.8 MDP por las omisiones de cobros de derechos y áreas de cesión en fraccionamientos.

>Los cargos de la ASEJ aún requieren de la validación del Congreso local.

El respaldo

La postura del Gobierno de Zapopan en defensa del Distrito K se tradujo en un oficio para la ASEJ, cuyo remitente es el director de Ordenamiento de Territorio, Jorge García Juárez, del 13 de octubre de 2016, con clave UVA/2016/2-00603:

”No existe la obligación de otorgar más áreas de cesión para destinos, por parte de la propietaria del predio. Por lo cual se solicita se tenga por solventada la observación”.

En su afán por evitar desprenderse de áreas de más de 200 MDP, también obtuvo un oficio de la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur):

“No existe fundamento y motivación para requerir a los titulares del predio o promoventes de acciones para su edificación el cumplimiento de nuevas área de cesión para destinos, en virtud de que el Ayuntamiento de Zapopan están considerando como predio urbano con incorporación municipal y se cumplió con la obligación de otorgar áreas de cesión”, es el oficio ZAP-42/14 Control 04-1849.

La ASEJ determinó que se sostiene el cargo contra el gobierno de Lemus Navarro, pues cuando los auditores visitaron el desarrollo constataron que tenía áreas en funcionamiento, sin que conste que el Ayuntamiento haya recibido o incorporado el inmueble, ni las áreas de cesión:

“Se confirma la existencia de habitabilidad al constatar que se encuentra en funcionamiento en los edificios del tipo industrial y almacenes (…) se presume incumplimiento respecto al proceso de recepción de las obras de urbanización y a garantizar las áreas de cesión para equipamiento que está obligado el urbanizador a otorgar al municipio”.