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mayores grupos de radio controlan el 90 por ciento de la audiencia y el 33 por ciento de las frecuencias


Los legisladores del PAN, PRI y PRD en el Senado coinciden en la necesidad de blindar al Ifetel contra el Ejecutivo

El futuro del Instituto Federal de las Telecomunicaciones (Ifetel) ha sido, en las últimas reuniones de legisladores y expertos para analizar la reforma de las telecomunicaciones, un punto a discusión.

Legisladores del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Senadores coinciden en la necesidad de blindar al Ifetel contra las decisiones del Ejecutivo. En pocas palabras, protegerlo y crear un organismo regulador “antidedazo”.

Pero más allá de las reflexiones y propuestas que se han hecho durante la última semana, representantes de la industria de la radiodifusión y las telecomunicaciones demandaron a la Cámara alta  limitar la participación del Estado en el uso de la banda de 700 megahertz. 

Esto tiene la finalidad de evitar la regulación de contenidos, no sancionar a los agentes económicos del sector y obligar al operador preponderante de telefonía a que permita que otros concesionarios comercialicen sus servicios.

En nombre de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, Gabriel Székely advirtió que, si la banda ancha de 700 MHz quedara totalmente en manos del Estado -como lo contempla la minuta- podría permanecer “atorada” por tiempo indefinido y  “el país mantener un retraso con costos incalculables para la productividad  y competitividad de todos”.

Expresó su preocupación porque se permita la construcción de “una red mayorista” del Estado manejada por Telecom, además de que los 17 artículos transitorios del proyecto “signifiquen una camisa de fuerza”.

Ello, explicó, porque existen cuatro redes de telecomunicaciones en el país administradas por empresas y requieren del oxígeno de la banda de 700 MHz.

Así que pidió a los senadores que sólo se asigne al Estado 30 MHz de esa red, a fin de permitir la participación de las empresas privadas, ya que se trata de una “banda estratégica para la productividad y el uso eficiente de las nuevas tecnologías”.

En su opinión, poner la banda “al día” significaría un costo de decenas de miles de millones de dólares que “crecerá al darle mantenimiento”. 

Emilio Nassar, en representación de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión,  hizo ver que la radiodifusión debe ser considerada como una actividad de interés público y no como un “servicio público”.

Al lograrlo, dijo Nassar, se evita que el Estado condicione la independencia y ejerza influencia sobre los contenidos que emiten los medios.

En este sentido, expresó que la creación de “un organismo todopoderoso”, sin contrapeso alguno ni defensa en contra de sus determinaciones, “representa una concentración de poder”.

Incluso, puede alterar el libre flujo informativo, esencial para la democracia, ya sea por la vía de la censura o la autocensura.

Una mayor oferta de emisoras y de espacios publicitarios sólo beneficiará a los anunciantes, pero la audiencia recibirá una mayor oferta con una clara degradación en la calidad de los contenidos.

“No nos oponemos a una mayor competencia si es con reglas equitativas, tampoco nos oponemos a propiciar mayores niveles de pluralismo, siempre que en aras del mismo no se afecte la autonomía financiera de las emisoras”, agregó.

Para Eduardo Ruiz Esparza, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), se debe obligar al operador preponderante de telefonía a permitir que otros comercialicen sus servicios, todo bajo condiciones que permitan una mayor competencia.

Por su parte, Luis Pardo Sainz, presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, resaltó la inconveniencia de que el Ifetel “tenga injerencia en materia de contenidos”, pues esto es sumamente lesivo para la libertad de expresión y va en contra de los acuerdos internacionales signados por México.

‘Propiedad cruzada’

El perredista Alejandro Encinas Rodríguez precisó que el 24 por ciento de las frecuencias se encuentran permisionadas al gobierno y universidades.

Y los 23 mayores grupos de radio -que acaparan el 90 por ciento de la audiencia- operan el 33 por ciento de las frecuencias.

A su vez, el senador Omar Fayad Meneses, del PRI, señaló que se ha construido un país en el que  la “ciudadanización” de los órganos encargados de regular, han generado una tendencia en cuestiones de conflicto, y cuestionó: ¿Cuál sería la ventaja o desventaja en ese sentido?

El también senador de Acción Nacional, Jorge Luis Preciado, hizo ver que hasta ahora  ha quedado pendiente en la reforma el tema de “propiedad cruzada”.

Refirió que en algunos países se prohíbe que una sola empresa controle las cinco formas en que se puede tener acceso a las audiencias, y cuándo una empresa es dominante en radiodifusión.

Por el PRD, Armando Ríos Piter pidió que se explicara el concepto de “libre”, ya que ha generado inquietudes respecto a si el término equivale a gratuidad y de la misma manera cuestionó si lo relativo a  “mayor cobertura” debería estar incluido en la redacción del Artículo 28.