Mantienen a tránsitos ‘mordelones’

A pesar de no haber pasado las pruebas de control de confianza, y tener antecedentes de actuaciones irregulares como funcionarios, cinco agentes de tránsito laboran en la corporación.

Desde el 2012, estos elementos habrían reprobado los exámenes, pero han seguido en su cargo hasta la fecha, a pesar del cambio de estructura por el que ahora la corporación de tránsito forma parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Ángel Plascencia Ángel Plascencia Publicado el
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Quedan muchos cuestionamientos sobre los motivos para dejar laborar a un grupo de agentes que no aprobaron los exámenes
Oficiales de tránsito cesados intentaron conseguir sus resultados de las pruebas de control de confianza y les fueron negados
Cuatro de los elementos señalados ingresaron a finales de los 80 a la dependencia, por lo que llevan varias décadas operando en la institución
Desde 2012, estos elementos habrían reprobado los exámenes, pero han seguido en su cargo hasta la fecha, a pesar del cambio de estructura
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A pesar de no haber pasado las pruebas de control de confianza, y tener antecedentes de actuaciones irregulares como funcionarios, cinco agentes de tránsito laboran en la corporación.

Desde el 2012, estos elementos habrían reprobado los exámenes, pero han seguido en su cargo hasta la fecha, a pesar del cambio de estructura por el que ahora la corporación de tránsito forma parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Según información del interior de la FGE a la que tuvo acceso Reporte Indigo, tres subinspectores de vialidad y dos policías viales tienen antecedentes que deberían haber ocasionado su cese. 

Se trata de los policías viales J. Jesús López Sotomayor y Alberto Alejandro Salazar Ruiz “El Pantera”, así como los subdirectores, Raymundo Ibarra López, José Primitivo González Robles y Oscar Ángel de la Cruz Ruiz.

Varios de ellos ligados directamente a actividades ilícitas por la recepción de gratificaciones para evadir multas de los automovilistas. 

En la nómina más actualizada, fechada en 2013, de la nueva administración, aparecen los elementos que por ley ya no deberían laborar en la dependencia. 

Ya que según se estipula en la  Ley Estatal de Evaluación y Control de Confianza, ningún elemento de las corporaciones policíacas y de tránsito del estado puede ocupar dicho cargo sin pasar los exámenes. 

En el artículo primero de dicha legislación se lee: “Los procesos de evaluación de control de confianza serán obligatorios, de conformidad con esta ley y los reglamentos que se expidan”.

Por otro lado, en dos solicitudes de información realizadas apenas el pasado 12 de marzo, la dependencia confirma que al menos dos de dichos agentes siguen en la corporación, a pesar de los distintos procesos de depuración. 

“Le informo que el C. Raymundo Ibarra López, ostenta nombramiento de Subinspector de Vialidad”, contesta la Secretaría de Movilidad ante la solicitud de información para conocer el puesto que ostenta dicho agente. 

Del mismo modo se informó sobre Jesús López Sotomayor “Policía Primero Vial”, en la solicitud sellada por la Secretaría de Movilidad, con fecha del pasado 24 de marzo. 

Negros expedientes 

Cuatro de los elementos señalados ingresaron a finales de los 80 a la dependencia, por lo que llevan varias décadas operando en la institución. 

 Su actuación solo puede explicarse desde la complicidad de autoridades por encima de ellos que han hecho caso omiso de los resultados en sus pruebas. 

Y que de algún modo podrían estarse beneficiando de estas actuaciones, con lo que se presume una red de corrupción en la corporación, pues estos son apenas resultados a los que se tuvo acceso, pero el  número de tránsitos reprobados que se mantiene en la corporación podría ser mayor, pues es información reservada. 

En el caso de López Sotomayor, González Robles y De la Cruz Ruiz, todos reprobaron las pruebas de confianza por “actividades ilícitas y dádivas”. 

Raymundo Ibarra López presentó un certificado de estudios falso.  

El caso de “El Pantera” ha sido expuesto previamente por el periódico Mural, en 2008, cuando se probó que dicho agente contaba con antecedentes penales y aún así se mantenía en la dependencia, y a la fecha sigue laborando activamente. 

Salazar Ruiz es el único de los agentes que ingresó en enero del 2007 a la Secretaría de Vialidad. En el 2006 aparece en la nómina del Ayuntamiento de Guadalajara, y según la versión del medio local, también pasó por el Ayuntamiento de Tonalá, como subdirector de Servicios Generales. 

Y a pesar de que el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, anunció el cese de 160 elementos ligados a actos de corrupción, hace apenas unos días en una entrevista televisiva, al menos estos cinco malos elementos permanecieron en la institución a pesar de haber sido reprobados. 

En el noticiero estelar de Televisa Guadalajara, el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, declaró:  “Para eso creamos una comisión, hemos cesado a 160 policías por actos de corrupción, y los seguiremos cesando”. 

Pero los tránsitos habituados al esquema de las mordidas siguen laborando, sin importar los pasos de gobierno y las pruebas de control de confianza tantas veces reiteradas por la autoridad. 

Por eso algunos de los agentes cesados creen que tanto el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, como el comisario general de Vialidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Francisco Javier Poe Morales, están implicados en la permanencia de los agentes con antecedentes.  

Oficiales de tránsito cesados, que prefirieron guardar el anonimato, intentaron conseguir sus resultados de las pruebas de control de confianza y les fueron negados, pues dicen que salieron luego que no formaron parte del grupo de favorecidos, que han sido implicados en actos de corrupción.

Menos multas, ¿más mordidas? 

Desde la llegada de la nueva administración, tanto a la Secretaría de Movilidad como a la Fiscalía General del Estado (FGE), la tendencia de las infracciones viales ha ido a la baja.  

Luego de la entrada de este gobierno, se han levantado 3 mil 614 infracciones, mientras que en el último año de la pasada administración (2012) se realizaron 8 mil 626 folios o infracciones, según cifras oficiales. 

De  acuerdo a los referidos datos, las multas han descendido a la mitad, lo que sugiere que los pagos para beneficio personal de los agentes de tránsito han incrementado. 

La presencia de agentes vinculados a este tipo de actos delictivos en la corporación deja ver que aún existen mafias que sobreviven a las pruebas de control de confianza. 

Lo anterior saca a la luz el viejo debate sobre la clasificación de dicha información, pues al parecer de nada sirve que algunos agentes reprueben, si dichos resultados no pueden ser consultados ni por el propio elemento. 

De hecho, varios de los agentes cesados en Tránsito señalan que su salida ha estado vinculada a motivos personales, pues denuncian favoritismo para con los agentes ligados a actividades ilícitas. 

Quedan muchos cuestionamientos sobre los motivos para dejar laborar a un grupo de agentes que no aprobaron los exámenes. 

Los cambios en la gestión de Tránsito desdibujan la responsabilidad sobre la permanencia de los agentes señalados, pero sorprende que a pesar de este reacomodo, en ningún paso de batuta hayan sido cesados estos agentes. 

Con dichos resultados, se ponen en duda la efectividad y confiabilidad del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, así como de los funcionarios que tienen acceso a los resultados de las pruebas, y los reservan incluso a los propios elementos cesados.

Lugar en la jerarquía 

Cuatro de los cinco señalados por reprobar los exámenes trabajan en el Departamento de Comandancias y Vigilancia. 

Solo uno de ellos, Raymundo Ibarra López, está adscrito a la Región Valle Ameca, como subinspector de Vialidad. 

Según la jerarquía de las corporaciones policiales, los subinspectores forman parte de los oficiales y están en el nivel más alto de este rango. Es el caso de  Ibarra López, González Robles y De la Cruz Ruiz.  

Mientras que en el caso de los policías primeros, éstos forman parte de la “escala básica” donde se ubican los policías de tránsito de la jerarquía más baja, aunque este cargo en concreto es el más alto en dicho rango.

Tránsito en Fiscalía

Con la creación de la Fiscalía General de Jalisco que fusionó a las extintas Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social y a la Procuraduría General de Justicia, la Policía Vial también pasó a formar parte de su nueva estructura. 

Es decir, los agentes de tránsito no dependen más operativa ni administrativamente de la Secretaría de Movilidad (antes Secretaría de Vialidad y Tránsito), sino de la Fiscalía, y en específico, del comisionado de Seguridad Pública, que es Alejandro Solorio Aréchiga. 

El comisionado Solorio Aréchiga está a cargo de cinco grandes cuerpos policiales en el Estado: 

La Comisaría de Seguridad Pública, que es la Policía del Estado y cuyos elementos son conocidos como “Los Negros”, por el color de su uniforme. 

La Comisaría de Investigación, que son los policías ministeriales que anteriormente pertenecían a la Procuraduría y cuya función se centra en la persecución de los delitos. 

La Comisaría Vial, que aglutina a los agentes de tránsito de la Policía Vial. 

La Fuerza Única Metropolitana, que está compuesta tanto por elementos municipales como estatales para patrullar la capital y sus municipios conurbados. 

La Fuerza Única Regional, ésta aún está en proceso de estructuración para cubrir las zonas del Estado fuera del Área Metropolitana de Guadalajara. 

Todos estos cambios devienen de la abrogación de la anterior Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, que data de 1989, y que fue sustituida por una nueva el primero de marzo del 2013, con la llegada de la presente administración estatal. 

La Fiscalía cuenta con su propia ley orgánica y con un reglamento de ésta que especifica su estructura y las competencias y responsabilidades de cada una de sus áreas. 

En el primer bimestre del 2014, la Comisaría Vial, ya bajo las órdenes de la Fiscalía General, reportó la detención de 717 individuos, la gran mayoría de estos por faltas administrativas (659), 48 por delitos del fuero común y 10 del federal.

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