El Penal de Mina es el esperado proyecto que podría “jubilar” a la vieja y rebasada cárcel del Topo Chico y, de paso, despresurizar a los otros dos reclusorios estatales que tienen una sobrepoblación global de más del 53 por ciento.
A pesar de que el Penal de Mina fue anunciado desde noviembre de 2008, la omisión de dos administraciones priistas, el subejercicio de recursos y la lentitud para arrancar la obra, han dificultado la materialización del proyecto.
Las cárceles del Topo Chico, Apodaca y Cadereyta albergan 9 mil 376 reos federales y del fuero común, es decir, 3 mil 268 presos por encima de sus capacidades, según las últimas estadísticas de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal.
Reporte Indigo ha dado a conocer el descontrol, el autogobierno y el hacinamiento que impera en el Topo Chico, convertido en un bastión del crimen organizado después de seis años de guerra contra el narcotráfico.
El gobierno federal ha destinado hasta el momento 430 millones de pesos para la construcción del Penal de Mina.
Desde el anuncio de la obra se han presentado diversas fugas y altercados en los tres reclusorios, incluida la masacre de 44 reos en el centro penitenciario de Apodaca.
A esto se le suma la reducción del 20 por ciento del presupuesto destinado para la operación de los reclusorios, que pasó de 895 millones 207 mil pesos autorizados para este año, a 713 millones 741 mil que se ejercerán en 2013.
A pesar de las evidentes necesidades, la modernización del sistema carcelario estatal fue el gran tema ausente durante la reciente visita del presidente Enrique Peña Nieto a Nuevo León.
De entre las personalidades que dieron la bienvenida al mandatario el jueves pasado, solamente el empresario Bernardo Bichara dedicó unas palabras al asunto.
El presidente de Bluranium le urgió en acelerar el traslado de reos federales de la entidad, porque dijo que la sobrepoblación carcelaria es un “riesgo latente”.
Bichara manifiesta en entrevista posterior que se necesita en el corto plazo construir nuevas salas en los penales del Topo Chico y Apodaca, y preparar la cárcel de Mina como un proyecto a mediano término.
“Es más sencillo meter más gente donde ya hay una operación que arrancar una operación de cero”, dice el también presidente del Centro de Integración Ciudadana de Ccinlac.
“El Estado está asfixiado y estoy de acuerdo que hay muchas cosas que podemos criticar, pero la necesidades reales están mucho más arriba de los ahorros alcanzables”.
Insisten puesteros
Con la nueva administración penitenciaria, el año pasado retiraron todos los puestos de comida que había en la entrada del Penal del Topo Chico.
Además del riesgo que corrían por los ataques armados a esa penitenciaría, las autoridades encontraron que ahí había todo tipo de mercancía, incluyendo drogas para que los visitantes se ofrecieran a introducirlas al penal.
Llegaba alguien y depositaba la droga en algún estanquillo, con la ayuda de los encargados.
Luego difundían que quien ingresara como visitante a la prisión e introdujera un pequeño paquete de droga, recibiría una recompensa en ese puesto al salir.
Solamente restaba que alguien desde el interior corroborara al exterior que había recibido el paquete.
Incluso, la gente ha sido capaz de utilizar niños pequeños para introducir pequeñas dosis de droga, que adentro son altamente cotizadas.
Depositan los pequeños paquetes en el trasero de niños, quienes son introducidos al centro penitenciario y, una vez en los interlocutorios, sacan la mercancía y la pasan a los internos por la rejilla.
Una aberración que fue disminuida con el retiro de los puestos.
Éstos estaban en la calle Capitán Domene, que divide al Palacio de Justicia de la entrada del penal.
Vía que ya fue cerrada el año pasado debido a los ataques de la delincuencia organizada.
Pero ahora, un nuevo puesto de comida se estableció en la parte exterior, en una calle que corre por un costado del penal y por donde ahora está la puerta de visitas.
Se trata del puesto de “Doña Martha”, que además tiene servicio de paquetería.
Las autoridades penitenciarias ya le pidieron que se retire, también por el riesgo que corre al ser un punto vulnerable de ataques del crimen organizado.
Pero los comerciantes continúan ahí.
Ni el Ayuntamiento de Monterrey ha actuado para desalojarlos.
