Las condiciones para hacer periodismo y ejercer la libertad de expresión en México son, desde hace años, riesgosas y precarias. Además, acontecimientos recientes contra periodistas muestran que la tendencia podría empeorar antes de mejorar.

El 2022 inició con un saldo alarmante, pues con menos de dos semanas de diferencia, entre el 10 y el 23 de enero, fueron asesinados los periodistas José Luis Gamboa, de Veracruz, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ambos en Tijuana, Baja California, lo que desató tanto la preocupación como la indignación del gremio.

Para el día 25, se realizaron movilizaciones y protestas en 47 ciudades de la República en donde se denunciaron tanto la violencia e impunidad a la que están expuestos los periodistas mexicanos, la inacción y muchas veces complicidad de las autoridades que deberían garantizar su seguridad, así como las condiciones laborales que ofrecen los medios de comunicación.

La Secretaría de Gobernación reconoce una tasa de impunidad superior al 90 por ciento en los casos de comunicadores asesinados, uno de los principales problemas que impiden acabar con esta situación en el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador trató de desactivar la situación asegurando que, en estas situaciones, “siempre o casi siempre se detienen a los agresores”. Así como reclamó no hacer “politiquería” con el asesinato de Maldonado, quien pidió su ayuda en 2019 al sentirse amenazada por el morenista Jaime Bonilla, posteriormente electo gobernador de Baja California.

Sin embargo, fue la misma Secretaría de Gobernación la que corrigió la plana al primer mandatario. Pues Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció dos días después que, de 52 asesinatos de periodistas registrados en esta administración, solo se ha sentenciado a cinco responsables.

Con un año de diferencia, la cifra sigue igual. El 25 de noviembre de 2020, Encinas reconoció que, de los 38 asesinatos de periodistas cometidos en México desde el inicio del Gobierno de López Obrador hasta esa fecha, solo se había resuelto el cinco por ciento y “la mayor parte de los homicidios en años anteriores permanecen en la impunidad”.

El subsecretario Encinas también se refirió a esta crisis como “otra guerra sucia”. Y es que, con la cifra oficialmente reconocida por la Segob, esta primera mitad del sexenio de López Obrador resultó más letal para periodistas que la totalidad del gobierno de Felipe Calderón, cuando se asesinaron 48, y de Enrique Peña Nieto, cuando se ultimaron 47, según registra Artículo 19.

Al respecto, Reporte Índigo entrevistó a Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), quien comenta algunos de los factores que influyen en que los tres niveles de gobierno fallen en garantizar la seguridad de la prensa y los defensores de derechos humanos.

“Lo que está pasando tiene su base en lo que es la historia de los últimos 40 a 50 años. Lo que vemos es el efecto acumulativo de muchos años de proliferación del crimen organizado en casi todo el territorio nacional, la erosión del Estado de Derecho en general y la corrupción de, por ejemplo, cuerpos policiacos y las fiscalías”.

A propósito de las aclaraciones que hizo el subsecretario Encinas, Hootsen también recalca que la impunidad es un factor clave para que figuras que ven afectados sus intereses recurran a la violencia extrema contra periodistas. Siendo que, en el Índice Global de Impunidad que CPJ publica anualmente, México solo es superado por zonas de guerra.

“No hay un incentivo para no cometer este tipo de agresiones y lo que hemos visto ahora, si bien no tiene directamente que ver con el actual Gobierno, sí tiene que ver con su falta de actuación. Porque el Gobierno de López Obrador durante tres años ha hecho, lamentablemente, muy poco para detener todo esto”
Jan-Albert HootsenRepresentante en México del Comité para la Protección de los Periodistas

También aborda el tema del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que actualmente da atención a más de mil 500 personas, sin embargo, sus herramientas resultan relativamente escasas ante la realidad del país y opera de forma centralizada en la Ciudad de México.

Hootsen recuerda que, tras los asesinatos de Javier Valdéz y Miroslava Breach en 2017, el presidente Enrique Peña Nieto emitió un decreto para la creación de mecanismos estatales. A cinco años, menciona que, salvo la Ciudad de México, la mayoría de las entidades, o no tienen uno, o las que lo tienen presentan deficiencias en cuanto a autonomía y presupuesto.

“Cualquier iniciativa para fortalecer un mecanismo de protección tiene que, por defecto, integrar elementos que mejoren la búsqueda de justicia. Si no lo hacen, los mecanismos, aunque tengan recursos, siempre van a ser reactivos y solo van a poder reaccionar después de los hechos”.

En ese sentido, plantea la necesidad urgente de impulsar un paquete de reformas con este fin. Siendo que, a mediados de enero, la subsecretaría a cargo de Encinas inició los diálogos para la elaboración de una Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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