Ley 3de3 regresa al Senado
En medio de divisiones entre los partidos políticos, este martes 5 de julio, en el pleno del Senado de la República, se discutirá y se dictaminará el veto presidencial de Enrique Peña Nieto al Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Mientras que se espera que el PRI, partido del presidente y los aliados del PVEM voten a favor del dictamen, la bancada perredista adelanta que votará en abstención, mientras que Morena y Movimiento Ciudadano lo harían en contra.
600,000
“Nosotros desde el primer momento hemos planteado que el presidente debió haber vetado el Artículo 29, ese artículo tanto el PRD como el PAN promovimos una redacción distinta, que era la que originalmente habían propuesto los ciudadanos en la Ley 3de3”
“Insistimos en que nos parece que es lamentable que el presidente no haya incluido dentro de sus observaciones también el Artículo 29. Vamos a seguir insistiendo en este tema en los posicionamientos”
En medio de divisiones entre los partidos políticos, este martes 5 de julio, en el pleno del Senado de la República, se discutirá y se dictaminará el veto presidencial de Enrique Peña Nieto al Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Mientras que se espera que el PRI, partido del presidente y los aliados del PVEM voten a favor del dictamen, la bancada perredista adelanta que votará en abstención, mientras que Morena y Movimiento Ciudadano lo harían en contra.
El PAN votaría a favor del dictamen, pero la bancada panista insistirá en los posicionamientos que el veto presidencial no haya incluido dentro de sus observaciones el Artículo 29.
En las observaciones enviadas por el presidente Peña Nieto se excusa a los empresarios de la obligatoriedad de presentar sus declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales, que sí estaban consideradas en el dictamen original.
Con motivo de estas observaciones del Ejecutivo al Senado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones, el 5 de julio en el Senado, y el 6 de julio en la Cámara de Diputados.
Las comisiones de Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, sesionarán la mañana del martes 5 de julio para dictaminar las observaciones, y posteriormente, en el pleno se discutirá la propuesta emanada de las comisiones.
Se espera que el PRI, junto con sus aliados, avalen las observaciones que envió el Ejecutivo. Para aprobar el dictamen con las observaciones se requiere una mayoría simple del 50 por ciento más uno de los senadores presentes en la sesión.
Mientras tanto, el PAN y el PRD, aunque consideran pertinente el veto al Artículo 32, coinciden en que el primer mandatario debió vetar de igual forma el 29, y se espera que en las intervenciones vuelvan a poner el tema en tribuna. Morena y Movimiento Ciudadano irían en contra de las observaciones.
El polémico Artículo 32
La Ley General de Responsabilidades Administrativas nació como una iniciativa ciudadana, la denominada Ley 3de3, que fue respaldada con la firma de 600 mil ciudadanos, en ella se proponían las declaraciones patrimonial, de interés y fiscales para funcionarios públicos.
Sin embargo, en el dictamen final aprobado el pasado 15 de junio en el Senado, los legisladores ignoraron las demandas ciudadanas para obligar a todos los funcionarios públicos a presentar sus declaraciones.
Los senadores postergaron la definición de los formatos de las declaraciones, además de dejar a la interpretación el Artículo 29, puesto que los funcionarios podrían ocultar aspectos cuya publicidad pudiera afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
Además, en un cambio de última hora, la redacción del Artículo 32, cuyas observaciones se discuten hoy, contemplaba que los empresarios, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o que se contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos, tuviera que presentar sus declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales.
El empresariado calificó como una “ocurrencia” la decisión de los senadores, además de desviar el sentido de la misma que era combatir la corrupción en los funcionarios públicos.
Dicho artículo, además, por su ambigüedad presagiaba una pesadilla burocrática, y cuya implementación sería cercana a lo imposible, puesto que millonesde beneficiarios de becas y programas sociales, entre otros, estarían obligados a presentar sus declaraciones.
El 24 de junio, Humberto Castillejos, Consejero Jurídico de la Presidencia, anunció que Enrique Peña Nieto devolvería al Senado, para su análisis, el Artículo 32 de la Ley, y otros 15 artículos relacionados con él.
En el próximo periodo ordinario, que comienza en el mes de septiembre, el PRI propondría modificaciones en la Ley de Obra Pública, para que los integrantes de la iniciativa privada presentaran sus declaraciones.
