Las redes oscuras de Vergara
Juan Melquiades Vergara, el extesorero de Quintana Roo que renunció como candidato a una diputación después de que fuera detenido y acusado de lavado de dinero por la SEIDO la semana pasada, ha estado involucrado en presuntas corruptelas que van desde el caso Oceanografía hasta el financiamiento de campañas políticas
Imelda García[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_ar8hft2e” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] Una de las especialidades de Juan Melquiades Vergara Fernández era tejer redes de poder para poder consolidar sus negocios privados al amparo de lo público.
Una de esas redes involucra a personas relacionadas con el caso Oceanografía.
Vergara, exsecretario de Finanzas de Quintana Roo ocupó ese cargo desde el inicio del gobierno de Carlos Joaquín el 25 de septiembre del 2016 hasta el 8 de enero del 2018, cuando renunció a su cargo para buscar ser candidato a una diputación por la coalición Por México al Frente, conformada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano.
Su intención de convertirse en diputado federal del distrito tres de Quintana Roo se vio frustrada tras ser detenido bajo diversas acusaciones de lavado de dinero por parte de la SEIDO.
Cuando Juan Melquiades llegó a la administración del gobernador Carlos Joaquín su fortuna ya era legendaria en Quintana Roo
Además se ha dicho que el extesorero se dedicaba al “trasiego” de cubanos y que desvió recursos del erario para financiar campañas políticas en Puebla así como de estar involucrado en distintos casos de corrupción con diversos empresarios.
Sus movimientos en Quintana Roo, sin embargo, vienen de tiempo atrás; aunque es originario de Huauchinango, Puebla, lleva avecindado en esa entidad desde 1992.
Cuando llegó como funcionario a la administración de Carlos Joaquín, la fortuna de Vergara era legendaria en ese estado, como dan cuenta sus múltiples propiedades y negocios, así como las fiestas que organizaba y a las que asistían políticos y empresarios a agasajarse.
Esto fue posible debido a que, con el paso del tiempo, Vergara supo aliarse con gente que había estado o estaba en el poder y se hizo socio de personas cercanas a varios ámbitos de la vida política y social del estado.
Esto le permitió llevar a cabo negocios millonarios con gobiernos y políticos, contando siempre con la protección de su círculo de poder.
Al igual que su socio Alejandro Mario Álvarez Puga, Juan Melquiades Vergara Fernández incursionó en la consultoría de negocios e industrias, administración de personal, así como asistencia administrativa.
Y lo hizo a través de MasterTax, un despacho que registró junto a Ricardo Peña Fernández, uno de sus socios más frecuentes.
De acuerdo con registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a partir del 2006 comenzó a operar el despacho con esa marca, pero no fue sino hasta el 2010 cuando se le otorgó el uso del nombre MasterTax.
Al igual que su socio Alejandro Álvarez, Melquiades Vergara incursionó en la consultoría de negocios a través de MasterTax
En los datos proporcionados para el registro de la marca, Juan Melquiades Vergara proporcionó su correo electrónico, que tiene el dominio del despacho de su socio: juan.vergara@alvarezpuga. com.mx, tal como consta en el documento de registro de marca del IMPI.
¿Justicia en el bolsillo?
En noviembre del 2013, Luis Manuel Álvarez Adán denunció a Norma Vergara Fernández y a Juan Melquiades Vergara Fernández por fraude y amenazas.
El argumento era que los hermanos Vergara le habían cobrado cierta cantidad de dinero para tramitar su estancia legal en el país. Álvarez Adán es cubano y había sido esposo de Norma Vergara.
Vergara Fernández utilizó sus influencias políticas para poner en puestos de poder a sus allegados y recibir protección de éstos
Tan pronto como al día siguiente, Juan Vergara interpuso una denuncia contra quien lo atacaba, acusándolo de extorsión.
A esa denuncia se sumaron otras en contra deÁlvarez Adán, quien comenzó a revelar las operaciones de corrupción del gobierno de Roberto Borge pues él, según su testimonio, trabajó como guardaespaldas de varios funcionarios estatales y habría visto su modus operandi en hechos de corrupción y en “trasiego” de cubanos a México, según consignó el diario Reforma en 2015.
El excuñado de Juan Vergara fue aprehendido y actualmente se encuentra en prisión.
En ese caso y otros, la representación legal de Juan Melquiades Vergara estuvo a cargo de Verónica Gloria Acacio Trujillo.
En 2016, la abogada fue impulsada por Vergara Fernández y Joaquín Hendricks para convertirse en magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, cargo que le fue otorgado por el Congreso estatal en noviembre de ese año.
En 2017, ante la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, nuevamente Vergara y Hendricks echaron a andar su maquinaria para apoyar a Acacio Trujillo y ocupara el cargo, que finalmente no obtuvo.
Hoy, Verónica Acacio es consejera magistrada del Consejo de la Judicatura de Quintana Roo.
El 6 de febrero pasado, ante el escándalo desatado por la aprehensión de Juan Vergara, Acacio Trujillo concedió una entrevista al portal local de noticias Noticaribe, en donde defendió a su exrepresentado.
“(Vergara Fernández tenía una actividad privada de la cual derivó una situación con el SAT) pero eso no quiere decir que todos seamos culpables y se emitan juicios a priori. A cualquiera se le puede acusar de un delito. Incluso a mí se me puede ir a hacer una declaración, pero eso no me hace una delincuente”, citó el portal.
Vínculos con los estados
Las redes de Juan Melquiades Vergara no se extendían solamente al estado de Quintana Roo, sino a otras entidades.
Dos de sus vínculos más provechosos estaban en los estados de Aguascalientes y Puebla, en los que llevó a cabo varios negocios.
Quintana Roo, Puebla y Aguascalientes son algunas de las entidades del país en las que Melquiades Vergara tenía sus vínculos más provechosos
En el primer caso, la operación se llevó a cabo a través de la empresa Inmobiliaria Punta Maya S.A. de C.V., de la que es accionista Verónica Shadai Espíndola Palma y el propio Vergara.
Datos del Registro Público del Comercio revelan que Espíndola Palma figura también como accionista de la empresa Logística y Asesoría Comercial S.A. de C.V., que en 2008 vendió un tomógrafo al gobierno de Aguascalientes, bajo administración de Luis Armando Reynoso Femat, sin que el aparato fuera entregado.
Ese fue sólo uno de los negocios de Vergara que es investigado por las autoridades y que, de hecho, ha mantenido abierto el proceso contra el exgobernador Reynoso.
No era el único. A través de su empresa inmobiliaria, Vergara entabló relaciones de negocios con Luis Fernando Loperena, de la empresa Capital City en Aguascalientes, para construir el desarrollo “Punta del Cielo”.
Vergara y Loperena compraron terrenos por casi 125 mil metros cuadrados en la ciudad de Aguascalientes, en 2009, por 98 millones 419 mil pesos.
Fernando Loperena es identificado por la PGR como prestanombres del exgobernador Luis Reynoso Femat
La Inmobiliaria Punta Maya ya había sido investigada por hacer depósitos millonarios a Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador de Aguascalientes.
En Puebla, Vergara ha sido identificado como un personaje cercano al actual gobernador Antonio Gali Fayad y al exgobernador Rafael Moreno Valle.
Uno de los enlaces de tal cercanía es Roberto Arandia Gutiérrez, un empresario veracruzano que apoyó a Moreno Valle en su campaña, regalándole miles de sombrillas, gorras, camisetas, relojes, bolsas y plumas con su nombre impreso.
Una vez en el gobierno, Moreno Valle otorgó a Arandia contratos de compra del gobierno poblano, como los más de 2 mil 500 mototractores que entregó a campesinos y que representaron una inversión gubernamental de más de 330 millones de pesos.
La denuncia de tal vínculo fue hecha por Violeta Lagunes, precandidata de Morena a la alcaldía de Puebla, quien denunció que Juan Vergara habría vendido sus canales de televisión a Arandia.
Otros socios y negocios
El alcance de Juan Melquiades Vergara está también en otros sectores de la sociedad de Quintana Roo, lo que le garantizaba cierta movilidad entre la comunidad.
Sus dos principales socios, que se repiten en varias de sus empresas, son Ricardo Peña Fernández, con quien incluso intentó abrir un complejo residencial en Isla Mujeres bajo el nombre de Porto Arenas, mediante un fideicomiso.
Funcionarios públicos, políticos, religiosos y empresarios forman parte de la red de Vergara mediante la cual llevó a cabo todas sus presuntas corruptelas
En 2008, el proyecto fue rechazado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues no aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental.
El desarrollo de 61 condominios se construiría en una superficie de 9 mil 230 metros cuadrados, en una de las playas más cotizadas de Isla Mujeres.
Según datos del Registro Público del Comercio, en 15 de las 17 empresas en que aparece como accionista, Vergara es socio de Peña.
Otros negocios en los que Vergara y Peña son socios son la Plaza Fiesta del Caribe; Tradiciones del Caribe; Orgullo del Caribe; Rental Homes; Marco Empresarial de Control Administrativo; Global IDS; Inmobiliaria Regiocaribe; Inmobiliaria Punta Maya; Tesoros del Caribe; Multimedios Turísticos; Mundo Travel Channel; Inmobiliaria Mundo Maya 2012; Corporativo Especializado en Servicios Empresariales; y Playa Maya Arrendadora.
Incluso, poseen la empresa Combustibles Bicentenario. Vergara es originario de Huachinango, Puebla —de donde incluso intentó ser alcalde—, uno de los municipios con mayor actividad de los huachicoleros.
Otro de los accionistas más frecuente de Vergara es Gabriel Guiza Montiel, con quien es socio en Plaza La Fiesta del Caribe; Tradiciones del Caribe; Marco Empresarial de Control Administrativo; y Tesoros del Caribe.
Guiza Montiel es un hombre cercano a la jerarquía de la Iglesia católica en la entidad. Además de ser empresario, es también tesorero de Cáritas Quintana Roo, organismo presidido por Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, obispo de Cancún y Chetumal, y quien pertenece a los Legionarios de Cristo.
Además de su actividad empresarial, política y como servidor público, Juan Melquiades Vergara tenía una organización de la sociedad civil a través de la que repartía ayuda a las comunidades pobres de Puebla.
Se trata de la Fundación Juan Vergara, conformada en octubre del 2009, y que desde el 2012 está en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, lo que le permite tener acceso a donativos deducibles de impuestos y apoyos del gobierno federal.
Su labor se concentra en la entrega de cobijas, útiles escolares y otros productos a la zona de la sierra norte de Puebla, aunque su centro de operaciones está en Cancún, donde Vergara reside.
Uno de los principales amigos y protectores de Juan Melquiades Vergara es Joaquín Hendricks Díaz, quien fuera gobernador de Quintana Roo entre 1999 y 2005.Vergara y Hendricks se conocieron en 2003, cuando este último todavía era gobernador. Ahí comenzó una relación de amistad que terminaría en la sociedad de ambos en el canal de televisión Mundo Travel Channel S.A. de C.V., que nació en abril del 2011 y desde ahí se han operado negocios millonarios para sus seis socios.
Los dos socios mayoritarios son el exgobernador, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, y Alejandro Mario Álvarez Puga. Cada uno de ellos posee 25 de 100 acciones de la empresa. Juan Melquiades Vergara posee 16 acciones, al igual que Ricardo Peña Fernández — uno de los socios más recurrentes de Vergara—.
Los otros dos accionistas son Miguel Ángel Valle Torres, que posee 13 acciones; y Gustavo Marcelo López, con 6 acciones.
Alejandro Mario Álvarez Puga es socio, junto con su hermano Víctor Manuel, del despacho Álvarez Puga y Asociados, empresa que manejaba la nómina de Oceanografía. Vergara mantuvo una relación cercana con Amado Yañez Osuna, quien fue acusado por Banamex de un fraude multimillonario.
En 2010 —antes de que firmar su sociedad con Hendricks y Vergara—, los hermanos Álvarez Puga fueron investigados por fraude, lavado de dinero y evasión fiscal.
Y es que en su despacho, contratado por cientos de empresas para manejar sus nóminas, se creaban esquemas de defraudación fiscal para evitar el pago de impuestos.
Algunos de los principales socios de Juan Melquiades son Ricardo Peña, Gabriel Guiza Montiel y Alejandro Álvarez Puga
La investigación fue por el daño causado al Sistema de Ahorro para el Retiro y al IMSS; se calcula que fue por más de 500 mil millones de pesos.
El caso fue tratado, incluso, por el diario The New York Times, que en febrero del 2014 lo puso como ejemplo de la creciente industria del outsourcing para evadir impuestos en México.
En junio del 2017, Costa Rica le impidió el acceso al país a Alejandro Mario Álvarez Puga por tener antecedentes “de estafa, delitos contra la propiedad y otras actividades ilícitas”, como consignó el diario Milenio en una nota del 12 de junio del 2017. Incluso, las autoridades de ese país acusaron que “aparentemente había integrado un cártel en México”.
Continúa leyendo:
Punta Maya: el paraíso de la corrupción por Rubén Zermeño
