Durante la administración del presidente López Obrador se ha cesado a uno de cada 10 trabajadores del SAT por actos de corrupción. Foto: Especial

La limpia del SAT contra la corrupción

El combate de las prácticas corruptas que ha emprendido el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el ámbito fiscal, suma más de 3 mil denuncias penales presentadas en contra de contribuyentes, incluyendo el caso de las ‘factureras’, además de otras decenas de denuncias contra sus propios servidores públicos

Las más de 3 mil denuncias penales que ha interpuesto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, para sancionar las prácticas corruptas en el ámbito fiscal, se han dirigido tanto contra funcionarios del propio organismo como contra contribuyentes que habrían incurrido en diversos delitos.

De hecho, y según información proporcionada por el SAT por instrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la inmensa mayoría de todas esas denuncias penales fueron presentadas contra contribuyentes por presuntos actos ilícitos, mientras que solo unas decenas fueron contra servidores públicos del organismo por casos de corrupción.

Fue el 7 de octubre de 2021, cuando la entonces titular del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, habló ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, sobre la presentación de estas más de 3 mil denuncias penales como parte de las acciones anticorrupción que había emprendido el organismo.

Durante la administración del presidente López Obrador se ha cesado a uno de cada 10 trabajadores del SAT por actos de corrupción

“Tan se ha corregido la corrupción o se está atacando que nosotros en lo que llevamos también en este periodo desde que nosotros llegamos a la administración, se ha cesado a uno de cada 10 trabajadores del SAT, o sea, por cada 10 trabajadores, hemos cesado a uno por actos de corrupción; todas esas denuncias que son más de 3 mil denuncias se encuentran en la Fiscalía General de la República; todas, y tenemos abusos chiquitos y tenemos abusos grandotes, tenemos desde el abuso de cancelación de créditos irregulares hasta el abogado que nos perdió los juicios a propósito”.

Al solicitarle al SAT que brindara mayores detalles sobre estas denuncias vía transparencia, el organismo finalmente informó que se trata de 3 mil 038 “contribuyentes denunciados” penalmente, considerando “personas físicas y morales de derecho privado”. De estas, mil 573 denuncias fueron contra personas físicas, mientras que mil 465 contra personas morales.

Con respecto a los avances que presenta la Fiscalía General de la República en la investigación de estos casos, el SAT brindó un registro titulado “Estatus actual de las denuncias presentadas contra personas físicas y morales de derecho privado“, donde se precisa que del universo de 3 mil 038 denuncias interpuestas, 2 mil 129 continúan “en trámite”, mientras que 909 ya cuentan “con resolución”.

A partir de las denuncias que presentó el organismo, la Fiscalía ha concretado 140 detenciones de contribuyentes, de los cuales siete aparecen con el “estatus jurídico” de “recluido”, y los otros 133 están clasificados solo como “detenido”.

Corrupción interna

Sin embargo, el SAT informó que en el cúmulo de denuncias penales del que habló Buenrostro Sánchez ante los legisladores, existen 26 que sí fueron dirigidas contra servidores públicos del propio organismo por haber incurrido en presuntos actos de corrupción.

Entre los actos ilícitos que fueron denunciados por el organismo, y que habrían sido cometidos por sus integrantes, se encuentran el presunto ejercicio ilícito de servicio público; posible uso ilícito de atribuciones y facultades; presunto cohecho; presunto abuso de autoridad; presunto enriquecimiento ilícito del servidor público y presunto peculado.

Aunque no en todas las denuncias penales se informa el daño patrimonial o el monto ilícito que habría originado la actuación del servidor público denunciado, en los casos que sí se brindan estos datos se evidencia que el SAT procede penalmente contra los funcionarios inclusive por sobornos no cuantiosos.

Por ejemplo, el 28 de mayo de 2020 presentó una denuncia por presunto cohecho, contra uno de sus empleados que habría recibido un soborno de 500 pesos; en contraparte, entre los montos más elevados puede mencionarse el de la denuncia del 28 de julio de 2021, contra un funcionario por presunto ejercicio ilícito de servicio público, por 44 mil 283.40 pesos; así como la denuncia del 7 de mayo de 2020, contra otro funcionario por presunto ejercicio ilícito de servicio público, por un soborno de 2 mil dólares.

Entre los abusos y actos de corrupción detectados en el SAT se encuentran desde el abuso de cancelación de créditos irregulares hasta abogados que perdieron juicios a propósito

Abanico de delitos

El abanico de delitos que fueron denunciados por el SAT en esas miles de acciones jurídicas referidas por Buenrostro Sánchez es muy amplio y diverso, según se lo expuso el organismo al INAI durante el desahogo del recurso de revisión.

En el caso del Código Penal Federal, entre los delitos denunciados destacan los vinculados con la corrupción (como ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, cohecho, peculado y  enriquecimiento ilícito); mientras que, con base en el Código Fiscal, se denunciaron ilícitos como contrabando, y la expedición, enajenación y compra de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes (sus emisoras son conocidas como “factureras”), y cuyo uso generó una evasión fiscal de 354 mil 512 millones de pesos en México entre 2014 y 2019, según lo ha estimado el SAT.

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