La deuda pública del coronavirus en Jalisco
El Gobierno de Jalisco autorizó la contratación de una deuda a corto plazo por mil millones de pesos para enfrentar el Covid-19; sin embargo, recurrió a un crédito quirografario que en 2013 estuvo a punto de costarle a la entidad casi 6 mil 700 millones en penalizaciones bancarias
Luis HerreraEl plan económico emergente que puso en marcha el Gobierno de Jalisco para hacer frente a la pandemia del coronavirus demandó la contratación de un crédito quirografario, una modalidad de deuda pública a corto plazo que en el pasado reciente le generó problemas financieros muy graves a la entidad.
El 20 de marzo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó el “Plan Emergente para la Protección del Empleo y el Ingreso a las Personas” con una bolsa de mil millones de pesos y difundió esta acción a través de la intensa campaña mediática desplegada por la contingencia del Covid-19.
Para poder financiar el Plan, el gobierno tuvo que recurrir a un endeudamiento de corto plazo por los mismos mil millones de pesos, contratados con dos bancos: Banorte (800 millones de pesos) y Santander (200 millones) los cuales deberán liquidarse en los siguientes 365 días, según el fallo del 1 de abril
Las deudas de tipo quirografario pueden causar afectaciones financieras muy serias si no son manejadas adecuadamente, tal y como lo experimentó Jalisco en el 2012, cuando el incumplimiento en el pago de uno de estos endeudamientos desplomó su calificación crediticia hasta el grado más bajo y estuvo a punto de costarle cerca de 6 mil 700 millones de pesos en penalizaciones bancarias.
Aquel crédito quirografario fue contratado por la administración del exgobernador panista, Emilio González Márquez. El préstamo, de mil 400 millones de pesos, se adquirió para financiar los gastos de los Juegos Panamericanos 2011.
Sin embargo, el gobierno jalisciense incumplió con la fecha de pago del mismo que estaba fijada el 21 de diciembre de 2012.
La administración que sucedió la de González Márquez, encabezada por el priista Aristóteles Sandoval Díaz, hizo un recuento el 7 de octubre de 2013 de todas las afectaciones que le trajo a Jalisco el incumplimiento de esa deuda de corto plazo.
“A partir del incumplimiento del crédito quirografario, en diciembre de 2012, Jalisco redujo su calificación crediticia de ‘A+’ a ‘D’, que es el grado de inversión más bajo en la escala de calificación y que representa mayor riesgo para las finanzas de la entidad”.
La clasificación crediticia D, con la que las agencias calificadoras castigaron al Gobierno de Jalisco, lo pusieron a un paso de tener que erogar 6 mil 698 millones de pesos en un año en múltiples cuotas bancarias.
Una de ellas fue la imposición de una mayor tasa en los créditos vigentes, lo que habría significado tener que pagar 173 millones de pesos adicionales cada año por concepto de intereses.
Otra de las cuotas, correspondía a la “aceleración de los plazos y pagos de algunos créditos, que pudo haber significado más de 3 mil 090 millones de pesos, anuales”.
La activación de cláusulas de vencimiento anticipado fue otro de los riesgos que se tuvo que sortear con la deuda pública adquirida por los Juegos Panamericanos. Esta penalización habría oscilando en los 3 mil 365 millones de pesos por año.
Y, por último, la “obligación de pagar comisiones establecidas en muchos créditos”.
Al final, Jalisco logró restablecer sus calificaciones crediticias en 2013 y evitar así todos esos pagos extraordinarios y que amenazaban con ahogar sus finanzas.
La estabilización de las calificaciones se pudo concretar por dos vías: El saneamiento financiero que se aplicó durante ese mismo año; y el rescate económico que autorizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su auxilio, adelantándole participaciones en enero de 2013 para saldar el crédito quirografarios. Además, ese mismo mes, el Congreso autorizó la contratación de nueva deuda por 2 mil 439 millones de pesos.
Tensiones políticas por deuda pública
La contratación de una deuda a corto plazo por mil millones de pesos por parte del gobierno de Alfaro Ramírez, está generando tensiones políticas con fuerzas de oposición, que consideran que este manejo financiero no se está dando con la transparencia debida.
El 29 de marzo pasado, los representantes populares de Morena emitieron un comunicado en el que le solicitaban al gobernador que no recurriera al endeudamiento.
“No endeude al estado. Rechazamos enérgicamente la pretensión de contratar una deuda por mil millones de pesos y sus opacos procedimientos”, sostuvieron.
Un antecedente de este encono, ocurrió en marzo de 2019, cuando el Congreso local autorizó al gobierno alfarista una deuda por 5 mil 250 millones de pesos ante reclamos de la oposición. En febrero pasado, Morena exigió informes sobre el destino de esos recursos.
En ese mismo posicionamiento Morena le ha solicitado al gobernador que “se abstenga de generar una agenda sanitaria paralela” en torno al coronavirus; que “se abstenga de generar pánico” en la población con sus mensajes recurrentes; y que “reconozca a la máxima autoridad sanitaria del país que es el Consejo de Salubridad General, el órgano con facultades únicas e intransferibles para la toma de decisiones en materia sanitaria”.
Por su parte, la Secretaría de la Hacienda Pública estatal respondió que “Jalisco tiene la capacidad de contratar instrumentos financieros de corto plazo sin comprometer su capacidad crediticia, al haber cerrado el ejercicio 2019 con finanzas sanas”.
Opacidad crediticia
En su informe de deuda pública más reciente del 29 febrero de 2020, el Gobierno de Jalisco asegura que su deuda directa total amortizable asciende a 17 mil 662 millones 665 mil pesos, sin embargo, el documento especifica que este monto está compuesto solo por créditos a largo plazo, mientras que el rubro de corto plazo aparece vacío.
Esto significa que a esta cantidad habría que sumar los mil millones de pesos de deuda a corto plazo aprobados el 1 de abril pasado, así como otro crédito también a corto plazo autorizado el 10 de febrero pasado por 600 millones de pesos con BBVA, igualmente a pagarse en un plazo de hasta 365 días.
