El juez de control señala que el imputado tenía la opción de presentar medios de defensa si estaba inconforme con la vinculación, como la apelación o el amparo

El juez segundo de control en el Estado, José Luis Pecina Alcalá, asegura que había indicios para vincular a proceso el caso del ciudadano acusado de difamación por un exmiembro adherente del PAN.

Ayer, Reporte Índigo publicó el testimonio de Julio Luis Santos Barrera, quien podría pisar la cárcel y pagar más de 5 millones de pesos como condena, tras ser juzgado como culpable de difamación.

Y esto, solamente porque exhibió publicaciones periodísticas en un desplegado que ventilaron el pasado político de Juan Pablo Hinojosa Canales, quien fue expulsado del PAN hace seis años por traficar con plazas municipales.

“Había datos para establecer que había la probabilidad de que se había cometido la difamación”, dice Pecina Alcalá, uno de los principales promotores de la reforma al sistema de justicia penal.

“La vinculación a proceso, si ustedes analizan, es únicamente una determinación en la cual se establece que existe materia para que siga un juicio”.

El juez de control señala que el imputado tenía la opción de presentar medios de defensa si estaba inconforme con la vinculación, como la apelación o el amparo.

“Debió él mismo por sus derechos, o por parte de la abogada, interponer la apelación o el amparo y no lo hizo”.

Pecina Alcalá recuerda que Santos Barrera presentó pruebas que establecían la calidad moral del expanista, las cuales se hicieron valer en las audiencias que se desarrollaron en el Juzgado de Juicio Oral Penal Colegiado.

Esta instancia condenó al ciudadano a purgar una pena de seis meses y tres días de prisión y a pagar 590 pesos de multa.

Pero inconforme con la sentencia, el exalbiazul acudió con un amparo ante un Tribunal Colegiado, en el que exige al denunciado una suma superior a los 5 millones de pesos por concepto de reparación de daño.

“Me llama la atención cómo (el imputado) se viene con el juez de control y no con el juez de juicio oral”, cuestiona, “en este caso hubo delito, tan es así que se hizo el juicio y salió culpable”.

Santos Barrera aseguró que en dos ocasiones presentó por escrito la solicitud para remover a su defensora pública, Perla Lizeth García Castillo, pero que el juez de control se lo negó, a pesar de que éste se lo había sugerido.

Pecina Alcalá niega esa acusación, porque afirma que fue el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León el que estableció que la abogada cumplía con su trabajo y determinó no removerla de su cargo.

“Le dije: ‘Usted, si tiene medios suficientes para tener un defensor particular, lo puede cambiar y, si no, va a seguir con la licenciada que actualmente tiene’”, manifiesta Pecina Alcalá.