Irregularidades en contratos del Congreso por COVID-19
Sin importar la ley en materia de adquisiciones, el Congreso local otorgó más de 280 mil pesos en contratos para pruebas de COVID-19 a dos proveedores irregulares que no existen legalmente
David MartínezEl Congreso de la Ciudad de México encargó la detección del COVID-19 entre su personal a dos proveedores irregulares.
Durante el 2021, la primera y la segunda legislatura de la cámara de representantes de la capital del país pagaron más de 280 mil pesos a dos personas físicas para que les distribuyera pruebas COVID-19.
Sin embargo, ambos contratistas son irregulares porque no están dados de alta ante las autoridades federales ni locales y no podían participar en concursos de contratación pública, de acuerdo con los marcos legales vigentes.
Los proveedores
El primer contrato firmado por el Legislativo de la Ciudad de México para comprar pruebas rápidas de COVID-19 es el que tiene el folio OM/DGAJ/DCVO/ IL/ADJ/I-80/202, consta la información sobre los procesos de adquisiciones celebrados por el Congreso durante 2021 que se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Según el documento, el Congreso pagó 220 mil 110 pesos a Alejandro Oceguera Cervantes por 740 test rápidos de hisopo nasofaríngeo; es decir, cada prueba costó 297 pesos.
Este contrato fue autorizado por el Oficial Mayor del Congreso, Reynaldo Baños Lozada, en el mes de agosto pasado durante la primera Legislatura del órgano.
Y, el convenio de compra estuvo vigente durante agosto y septiembre del año pasado.
El segundo acuerdo comercial concretado por el Legislativo de la capital para la adquisición de pruebas con proveedores irregulares, es el OM/DGAJ/DCVO/ IIL/ADJ/I-01/2021 que benefició a Adriana Lucía Morales Agudelo, revela la información consultada en la PNT.
De acuerdo con el documento, el Congreso de la capital compró 550 pruebas rápidas de anticuerpos IgG/Igm2019-Ncov, por las que pagó 65 mil 424 pesos.
El contrato fue firmado en septiembre de 2021 en la segunda legislatura y sólo estuvo vigente durante ese mes, indica el documento.
Y en este caso, el acuerdo también fue autorizado por el Oficial Mayor del Congreso, Reynaldo Baños Lozada.
Respecto al monto total gastado por el Legislativo de la ciudad, la suma de las cantidades pagadas en ambos convenios arroja que el legislativo erogó 285 mil 534 pesos.
Ambos contratos fueron otorgados a los proveedores a través de la adjudicación directa, lo que significa que el Poder Legislativo no llevó a cabo un proceso de licitación pública entre varías empresas o personas físicas.
Por último, en ninguno de los 2 convenios firmados se detalla la marca comercial de los activos médicos.
Sin registros ni giro
Los contratos firmados por el Congreso con Alejandro Oceguera Cervantes y con Adriana Lucía Morales Agudelo son irregulares según lo que indican las leyes locales y federales en materia de contrataciones porque dichos proveedores no cuentan con registros oficiales.
Ninguno de los dos contratistas está registrado como persona física con actividades empresariales ante la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno de México según una búsqueda en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER).
Lo anterior, indica que no están dados de alta como personas físicas con actividades empresariales y no tienen folio real ni socios o acta constitutiva.
En consecuencia los contratos están fuera de la norma: el Reglamento de la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente señala que todos los proveedores del sector público tienen que acreditar su existencia ante las autoridades correspondientes.
“Se deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente”, detalla el reglamento.
Por otra parte, los proveedores mencionados tampoco están en el Padrón de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de México, muestra una consulta hecha al registro que está disponible en el Portal de Datos Abiertos.
Estar en el padrón es un requisito de la Ley de Adquisiciones de la capital del país para los contratistas que quieren participar en procesos de compras públicas desde septiembre de 2018. En consecuencia, los documentos firmados con ambos proveedores también infringen la ley local
Además, se desconoce si las personas físicas beneficiadas por el Congreso se dedican al abasto o distribución de insumos médicos porque no están en ninguno de los 2 registros, en los que debe decir su especialidad.
La importancia del padrón
La Ley de Adquisiciones de la capital indica que el Padrón de Proveedores sirve para asegurar que las empresas sean regulares tanto en su pago de impuestos como en el cumplimiento de sus obligaciones patronales.
Para estar en el padrón, las autoridades locales piden que los proveedores que quieran participar en procesos de contratación pública, estén constituidos conforme a las leyes mexicanas.
Y también, se solicita que estén al corriente de sus obligaciones fiscales, tengan el capital necesario para dar cumplimiento a los contratos firmados y que sean salarialmente responsables.
“Para el caso de la inscripción en el Padrón de Proveedores y determinar si es salarialmente responsable, el interesado podrá presentar constancias de Declaraciones Informativas Anuales de naturaleza fiscal, de movimiento de alta y de modificación de sueldo en materia de seguridad social, de pago del impuesto sobre la renta”, indica el artículo 14 sobre los requisitos para los contratistas que quieran estar en el registro.
