La robusta estructura financiera que ha creado el binomio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-Los Cuinis en ese estado no ha sido siquiera rasguñada por el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, que sigue sin aprovechar el potencial de la figura de extinción de dominio.

El Gobierno de Jalisco y su Fiscalía tienen uno de los peores rendimientos entre los estados del país en combate a las redes financieras criminales, pese al emporio de no menos de 73 empresas que el CJNG-Los Cuinis ha instalado en tierras jaliscienses, según lo ha exhibido el gobierno de Estados Unidos.

Aunque el instrumento de la extinción de dominio está disponible desde 2009, para arrebatarle bienes al crimen organizado que son fruto de actividades ilícitas o que fueron usados para estas, la Fiscalía de Jalisco nunca ha concretado un caso en todos estos años. Sin embargo, se desconoce si la Procuraduría General de Justicia (PGR) lo ha hecho.

El único avance que tiene hasta hoy la Fiscalía local es la presentación de cuatro demandas de extinción de dominio, dos en 2016 y dos en 2017, aún en trámite, con las que busca quitarle a la delincuencia tres inmuebles y dos vehículos que se usaron en secuestros (tres casos) y narcomenudeo (uno), según el folio de transparencia 00845318, del 1 de marzo.

Este pobre desempeño del Gobierno de Jalisco en el ataque a la riqueza criminal contrasta con lo que han hecho sus pares de otras entidades, en particular la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) y la Fiscalía del Estado de México (Edomex).

La Procuraduría de CDMX reporta un historial de 318 demandas presentadas de extinción de dominio entre 2009 y 2017. De estas se resolvieron a su favor 88, en su contra 71, y están en trámite 145, aunque omitió el estatus de 14, en el folio 0113000298017, del 15 de septiembre pasado.

Con ello logró retirarle a los grupos delictivos 88 bienes (83 inmuebles y cinco muebles) que habían sido usados para los delitos de narcomenudeo (24 casos), trata de personas (nueve), secuestro (14), y robo de vehículos (41).

Los que sí han actuado

Dos gobiernos más que, aun sin tener el desempeño de CDMX y Edomex, también superan a la Fiscalía de Jalisco en este combate, son los de Chihuahua y Puebla.

La Fiscalía de Jalisco presentó 4 demandas de extinción de dominio entre el 2016 y el 2017 que aún están en trámite, con las cuales le quitaría al crimen organizado 3 inmuebles y 2 vehículos usados en secuestros y narcomenudeo

La Fiscalía de Chihuahua reporta tres demandas de extinción de dominio (dos en 2013, una en 2014) sobre tres inmuebles en la ciudad de Chihuahua, ligados con el delito de secuestro con penalidad agravada.

“En los tres casos ejercitados de la acción de Extinción de Dominio se cuenta con sentencia en la cual se declara la extinción de dominio de los inmuebles a favor del estado. Dos de los bienes inmuebles se encuentran en la colonia Aeropuerto, uno en la colonia Roma”, señaló en respuesta al folio 097862017, el 18 de septiembre pasado.

Mientras que la Fiscalía de Puebla, aunque ha presentado más de estas demandas que la de Chihuahua, su eficacia es menor, pues con 14 acciones interpuestas (12 en 2014, una en 2015 y una en 2016) solo un par ha sido resuelto a su favor:

“Los registros que obran en esta Fiscalía respecto a las acciones de extinción de dominio que esta autoridad concretó son dos bienes inmuebles; los delitos relacionados son robo de vehículos y detentación, desmantelamiento y almacenamiento de vehículo robado”, dijo en respuesta al folio 00599917, del 4 de septiembre pasado.

Autoridades laxas

Hay tres autoridades estatales con los mismos niveles de ineficiencia que Jalisco en el uso de la extinción de dominio: Michoacán, Nuevo León y Veracruz, pese a que son grandes enclaves de organizaciones criminales.

La Procuraduría de Michoacán arrojó cero registros tanto en demandas de extinción de dominio presentadas como concretadas. Pese a ser el estado que alojó por años a los cárteles de La Familia y Los Caballeros Templarios, mismos que se adueñaron de toda una parte de la economía legal y sus ganancias.

La Fiscalía Regional de Morelia indicó “una vez realizado una búsqueda minuciosa en los archivos y/o registros que se encuentran en cada una de las agencias adscritas a esta Fiscalía Regional, no se encontró antecedente alguno referente a la información solicitada”, respuesta similar a la del resto de sus Fiscalías Regionales de La Piedad, Zamora, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Apatzingán y Uruapan, en el folio 693517, del 2 de octubre pasado.

La Procuraduría de Nuevo León tampoco ha usado la extinción de dominio, a pesar de que ese estado fue una de las principales bases de Los Zetas. “Se cuenta con 0 cero casos en los que el MP ha solicitado extinción de dominio en el periodo comprendido del año 2007 al 2017, por lo que debido a lo anterior no se cuenta con información relacionada con lo requerido”, fue su respuesta al Folio 01093617, del 6 de septiembre pasado.

Finalmente, tampoco la Fiscalía de Veracruz ha usado esta herramienta contra la riqueza criminal en todo este tiempo, aunque ha pasado por el dominio de Los Zetas y luego del CJNG.

“Por parte de esta Fiscalía de Investigaciones Ministeriales no se ha concretado ni tampoco promovido demanda alguna de extinción de dominio”, según respondió Gustavo Vasto Pulido, fiscal de Investigaciones Ministeriales, al folio 00246618 del 26 de enero de 2018.

Entidades contra el narco

A diferencia de la Fiscalía de Jalisco que presentó su primera demanda de extinción de dominio hasta el 2016, la Procuraduría de CDMX lo hizo desde su primer año de vigencia, en 2009 con 23 demandas, según su Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio.

El otro gobierno que ha superado por mucho al de Jalisco es el del Edomex. Su Fiscalía reporta 25 demandas presentadas de extinción de dominio entre 2012 y 2017, de las que 10 se resolvieron a su favor, 2 fueron improcedentes, y 13 aún en trámite, según su respuesta al folio 189396, del 26 de septiembre pasado.

En nueve demandas los bienes se usaron para robo de vehículo, en ocho para narcomenudeo, en siete para secuestro y en una para trata. Con respecto a los bienes que peleó con la figura, solo en el 2017 precisa que son cuatro casas aún en trámite, según su Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera.