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SISTEMAPENITENCIARIO

Hallarían internos ‘la salida’ en Cadereyta

Jesús Padilla

Los sentenciados o sujetos a proceso por delitos menores podrían exigir un cambio en su medida cautelar, como resguardo domiciliario, argumentando que no se garantiza su seguridad pues el Estado utilizó la fuerza letal durante una riña


Oct 31, 2017
Lectura 6 min
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El uso de la fuerza letal en el Penal de Cadereyta, que dejó a su paso 18 internos muertos, abre la puerta a los internos para que puedan solicitar una variación de su medida cautelar por la falta seguridad e incumplimiento de los derechos humanos.

Una persona sujeta a proceso, un sentenciado por delito menor o un interno por una enfermedad psiquiátrica puede por derecho solicitar una audiencia ante el juez de ejecución de sanciones por la omisión del Gobierno de no contar con penales adecuados.

El argumento legal estaría basado en el cumplimiento de la sanción de cada persona, en el que evidentemente ninguno de los tres penales de Nuevo León puede cumplir por la inseguridad o ingobernabilidad que predomina.

El caso más reciente ocurrió con Roberto Santos Martínez, “El Asesino de Facebook”, quien logró un amparo para ser trasladado al Dispensario San Antonio A.B.P. en Linares.

Su defensa argumentó que no se garantizaba su seguridad física y un tratamiento médico adecuado.

Cabe recordar que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales contempla que el juez de ejecución de sanciones es garante de los derechos humanos y seguridad de los sentenciados en un centro penitenciario.

En caso de no garantizarse estos dos derechos, tiene la obligación de exigir al Gobierno estatal que asegure estas legalidades.

Expertos en materia penal consultados por Reporte Indigo consideraron que la inseguridad en los tres centros penitenciarios podría ocasionar la llegada de una serie de acciones legales, que cambiarían las medidas cautelares de algunos reos.

Julio Martínez Garza, catedrático de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, prevé que el surgimiento de estas estrategias legales podría acabar en un resguardo domiciliario del sentenciado.

“La inseguridad o ingobernabilidad en los centros penitenciarios abre la puerta para que se ejerciten acciones legales en contra de la omisión gubernamental para tener penales adecuados para el cumplimiento de sanciones de cada persona.

“Y se pueda solicitar variar la medida cautelar en cumplimiento de una sanción por una menos grave, que en este caso podría ser el resguardo domiciliario”, dijo el especialista.

El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a través de un Juzgado de Ejecución de Sanciones, contempla que cualquier sentenciado o sujeto a procedimiento penal tiene la oportunidad de acudir con el juzgador para exhibir que se le están violando sus derechos.

“Puede reclamar desde que la comida no es digna, de que su celda no es acorde a la necesidad que él requiere, que el trato no es con respeto a los derechos humanos, o sea, pueden hacer una serie de reclamos por las (deficientes) instalaciones del Centro Penitenciario.

“Así como el tratamiento que tienen por los custodios, así como cualquier situación diversa a ésta que pueda impactar directa en el Centro Penitenciario en el que se encuentra, caso concreto, como los actuales hechos que pasaron en el penal”, explicó el catedrático.

“En los penales de Nuevo León ni siquiera existen condiciones para que pueda entrar el juez de ejecución de sanciones, el sentenciado no tiene la oportunidad de mandar llamar o pedir una audiencia personalmente”

- Javier Sepúlveda Ponce

Subdirector Administrativo de la Facultad de Derecho y Criminología UANL

En delitos de tránsito

Un sentenciado por privar de la vida a una persona en un accidente de tránsito podría pedir una variación de su medida cautelar por la falta de garantías de seguridad o de derechos humanos en cualquiera de los tres centros penitenciarios.

“Si fuera yo abogado de interno, yo plantearía una reclamación ante un juez de ejecución, argumentando que no existen las condiciones de seguridad indispensables que brinden el derecho humano a una correcta ejecución.

“En un delito menor se puede argumentar que los centros penitenciarios no son adecuados a una debida ejecución de la sanción interpuesta a mi cliente por el que fue condenado, esto por delitos menores”, explicó Martínez Garza.

Otra estrategia es que puede pedir la audiencia para señalar que está siendo sujeto a amenazas por celadoras o lo meten a celdas de castigo.

“Si fuera yo abogado de interno, yo plantearía una reclamación ante un juez de ejecución, argumentando que no existen las condiciones de seguridad indispensables que brinden el derecho humano a una correcta ejecución”

- Julio Martínez Garza

Catedrático de la Facultad de Derecho y Criminología UANL

Ni para jueces hay garantías

Javier Sepúlveda Ponce, subdirector Administrativo de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), explicó que el Sistema Penitenciario de Nuevo León no garantiza la seguridad de los jueces de ejecución de sanciones.

Esto ocasiona que los internos no puedan solicitar una audiencia de reclamación, por la violación de sus derechos humanos por el centro penitenciario.

“¿Qué está pasando?, que en los penales de Nuevo León ni siquiera existen condiciones para que pueda entrar el juez de ejecución de sanciones, el sentenciado no tiene la oportunidad de mandar llamar o pedir una audiencia personalmente.

“No se puede materializar esa justicia, en virtud de las condiciones de ingobernabilidad que existe en el Sistema Penitenciario del Estado, eso es una realidad”, aseguró el abogado.

“Solamente a través de un abogado el sentenciado puede pedir una audiencia para denunciar que se están vulnerando sus derechos humanos. En caso que no se le otorguen sus derechos, el sentenciado pude solicitar un amparo al Poder Judicial de la Federación.

“Los jueces de ejecución de sanciones son garantes de los derechos de los sentenciados, es decir, garantizan que cumplan su condena gozando de los derechos que no les fueron suspendidos, como su derechos humanos a la salud, seguridad, trabajo, educación y convivencia familiar”, explicó Sepúlveda Ponce.

A Roberto Santos le permitieron el traslado a una clínica privada en Linares


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