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La Fiscalía Anticorrupción a cargo de Valenzuela Holguín ya tiene judicializadas varias carpetas de investigación. Foto: Especial

Fiscalía resalta el combate histórico a la corrupción en Chihuahua

18 exfuncionarios de la administración de Javier Corral son investigados por el delito de peculado; El fiscal Abelardo Valenzuela destacó la estrategia actual de la política estatal anticorrupción en la entidad

Derivado en su mayoría, por denuncias de peculado ante la Auditoría Superior del Estado, un total de 18 exfuncionarios y cómplices de la pasada administración de Chihuahua, durante el gobierno de Javier Corral, se encuentran bajo procesos penales e investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República (FGR).

En entrevista para Reporte Índigo, el fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, detalló que de los 18 exfuncionarios que se encuentran bajo investigación, cinco son de primer nivel, es decir, los exsecretarios de Hacienda, Salud, de la Función Pública, Desarrollo Rural, y el excoordinador de Comunicación Social, quien ya se encuentra detenido. “Podríamos estar hablando de un poco más de 20, incluidos los de segundo nivel, pero formalmente ahorita son 18”.

En lo que respecta a los delitos por hechos de corrupción, la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Valenzuela Holguín ya tiene judicializadas varias carpetas de investigación, las cuáles ya se encuentran en el órgano jurisdiccional.

Exsecretarios de primer nivel bajo investigación

El exsecretario de Hacienda, Arturo “N”, se encuentra prófugo de la justicia, por el probable delito de peculado agravado, por un desvío de más de 98 millones de pesos, en el que le pagó a un particular de manera unilateral hacer un supuesto trabajo de reestructuración de deuda, esto cuando la propia Secretaría de Hacienda y el Congreso local le habían ordenado que no se podía realizar dicho contrato.

“Nosotros estamos solicitando en todas las instancias internacionales para que podamos lograr la extradición, sabemos que se encuentra en Estados Unidos, y que pueda presentarse ante el juez de la causa y haga valer lo que su derecho convenga”.

Eduardo “N”, exsecretario de Salud, está investigado por un empréstito de 400 millones de pesos que solicitó a Banregio a través de su “facultad” por ser el presidente del Instituto Chihuahuense de la Salud. La contratación también se realizó sin el aval del Congreso del estado.

Eso le generó adicionalmente al gobierno estatal intereses por alrededor de 37 millones de Pesos. “No había necesidad de contraer esa deuda, la Secretaría de Hacienda se negó ya que le tendría que estar otorgando mensualmente dinero por todos los derechohabientes, y aun así, él decidió hacerlo”.  Por lo que cae en el delito uso ilegal de facultades y atribuciones,  “y logramos la orden de aprehensión del juez”, mencionó el fiscal.

Antonio Pinedo Cornejo, excoordinador de Comunicación Social, está en este momento preso en el Reclusorio de Aquiles Serdán en el municipio de Chihuahua, por el desvío de más de 9 millones de pesos en el otorgamiento de contratos de manera irregular.

“Su pareja era quien finalmente estaba obteniendo los contratos que se veían beneficiados, a través de una hermana de ella, que era directora administrativa y abrieron empresas para poderse allegar de algunos contratos de Comunicación Social del Gobierno de Chihuahua”, aseguró Valenzuela.

Al momento van tres exsecretarios procesados, a punto de judicializar a otros dos; otra, es la de la Función Pública, por ocultamiento en la obligatoriedad que tiene en la entrega recepción, ya que ocultó de manera indebida instrucciones que le ordenó la FGR, que era investigar la evolución patrimonial del exsecretario de Hacienda estatal, y de otros servidores públicos entre ellos, los exgobernadores César Duarte y Javier Corral. “Y decidió ella no solamente desacatar la instrucción de la FGR, además ocultó esa información en la entrega recepción, por lo que cae en la probable comisión de un delito”.

También se encuentra el exsecretario de Desarrollo Rural, René “N”, por su probable participación en algunos delitos por otorgar empréstitos a servidores que tenía trabajando en su nómina por más de 5 millones de pesos, los cuales nunca fueron recuperados por la Secretaría.  Asimismo, señalaron los supuestos apoyos a agricultores y ganaderos que nunca se comprobó la razón del porqué se generaron.

 Contraste de resultados entre las fiscalías anteriores y la actual

En su mayoría los delitos son por peculado, desvío del recurso público tipificado en el código penal.

Valenzuela aseguró que “en la anterior administración se doblaron las instituciones en un supuesto combate a la corrupción porque como se ofertó en campaña la aprehensión de un exgobernador -César Duarte-, que incluso ni siquiera se aprehendió en ese quinquenio”, sino posteriormente, en el actual.

“Eso habla de un desaseo en las finanzas de la administración pública. Lo que nosotros estamos haciendo y que no se hacía anteriormente es que hoy estamos cuidando el debido proceso y respetando la presunción de inocencia y respetando los derechos humanos”.

El fiscal explicó que para lograr el nuevo objetivo se utilizaron una serie de situaciones que “en mi carácter de fiscal anticorrupción no fueron las mejores prácticas legales para hacer investigaciones, tan es así, que quien llevó a cabo esas investigaciones, era una persona que dependía del titular del Ejecutivo -Francisco González-, lo habilitaron como Ministerio Público, lo hicieron posteriormente fiscal de Derechos Humanos y fue quien llevó los asuntos que debieron tratarse en la Fiscalía Anticorrupción.

“Y después dijeron que detuvieron al exfiscal anticorrupción de Chihuahua, cuando nunca fue así”.

Plantean estrategia para recuperar los montos desviados

Abelardo Valenzuela afirmó que parte del castigo del servidor público, no solo es que se le inhabilite, sancione o que sea sujeto a una prisión preventiva, sino además a la extinción de dominio. “Quien se vea envuelto en una conducta desviada, no solamente se le debe meter a la cárcel, además se le debe confiscar todos aquellos bienes muebles e inmuebles que fueron producto de una conducta ilícita”.

“La extinción de dominio es una posibilidad real y tangible ya en Chihuahua, porque es ahí en la que se puede lograr que de lo que se desvió, sea recuperado a las arcas del estado y con eso se puedan hacer más carreteras, más escuelas, más becas y más apoyo a estudiantes”, manifestó.

El fiscal aseguró que en la historia reciente de Chihuahua no se había realizado una situación de esta naturaleza en el combate a la corrupción, “porque hoy en día, las instituciones en el estado de Chihuahua, han coordinado realmente lo que es la política estatal anticorrupción”.

Finalmente, Abelardo Valenzuela reiteró que la principal tarea y misión que tiene la Fiscalía que representa, es combatir el flagelo de la corrupción, “es algo que lacera día con día la vida pública del país, y Chihuahua no está exento”. Dijo que es un asunto de primer orden y que lo continuarán haciendo, respetando la presunción de inocencia cuidando el debido proceso, y sobretodo los derechos humanos, de manera clara y transparente conforme a la ley.

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