Si bien el presidente Felipe Calderón aplaudió en su visita a Monterrey la lucha del gobierno de Nuevo León contra el crimen, no perdió de vista mencionar las masacres y la violencia sin precedentes.

Algunos de los sucesos más “indignantes”, de acuerdo con el mandatario, han sido el ataque al casino Royale, la masacre en el penal de Apodaca y el reciente hallazgo de 49 torsos humanos en Cadereyta.

Este jueves, durante la inauguración de la XXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en la capital, Calderón dijo lo que todos saben en el estado, que el aumento de violencia aquí se debe al enfrentamiento de dos bandas delictivas y a la vulnerabilidad de las instituciones de justicia.

Calderón también mencionó, ante fiscales y procuradores, que la mayoría de los culpables del ataque al Royale fueron detenidos y algunos reos fugados de Apodaca recapturados.

Sobre el hallazgo en Cadereyta mencionó que se avanza en la investigación.

Medina dijo durante su intervención que sin optar un “discurso triunfalista”, los índices delictivos en la entidad han descendido.

La procuradora general de la República, Marisela Morales, llamó a sus homólogos estatales a combatir la impunidad y la corrupción.

“Nada ni nadie por encima de la ley”, sentenció.

El procurador estatal Adrián de la Garza insistió que la prioridad del encuentro era impulsar el nuevo sistema penal acusatorio en México.

Mientras los funcionarios presumían los resultados en materia de seguridad y justicia, afuera del hotel Crowne Plaza, la sede de la conferencia, había un fuerte dispositivo de vigilancia integrado por militares y fuerzas policíacas.

Agenda pendiente

La prioridad de la conferencia que dura dos días es revisar los avances de la transición al nuevo sistema de justicia penal.

También se contempla repasar los resultados de los Centros de Operación Estratégica para la persecución del narcomenudeo, las acciones para llevar en orden el próximo proceso electoral y la capacitación de funcionarios.

Además se analizarán los mecanismos para combatir la falsificación de dinero, y de delitos como la trata de personas, el secuestro, la desaparición de menores de edad y el tráfico de armas.

El análisis de las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos, y la creación de bases de datos biométricos y balísticos son también parte de la agenda.