Estos son los ‘privilegios’ que busca eliminar AMLO del Poder Judicial
La administración federal se ha puesto como objetivo mermar al Poder Judicial a través de diversas reformas constitucionales. Esto ha generado el reproche de magistrados, jueces y personal del PJ de todo el país, ya que, consideran, estas acciones perjudican el acceso a la justicia
Daniel Flores y Rubén ArizmendiEl Poder Judicial de la Federación (PJF) enfrenta un año decisivo. La ofensiva que lanzó el Gobierno federal consiste en desmantelar y restarle autonomía a como dé lugar, además de someterlo a la elección de sus magistrados y jueces por medio del voto ciudadano, entre otras acciones.
A esta propuesta se han sumado diputados, senadores y funcionarios de Morena y sus partidos aliados que han declarado la guerra en contra de este poder al cual consideran oneroso y lleno de privilegios.
Será en este 2024 cuando el Congreso de la Unión ponga a discusión las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales tienen como objetivo reducir el presupuesto, las facultades y los prestaciones que actualmente tienen ministros y magistrados que conforman al PJF.
AMLO reconoció que para que la elección de jueces y magistrados sea por voto popular se requiere una reforma al Poder Judicial; Cruz Roja ha entregado 3,846 toneladas de ayuda humanitaria en Acapulco; elementos de la FGR destruyeron 5 millones de pastillas de fentanilo en… pic.twitter.com/BrIrIQh1Qc
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) November 28, 2023
Uno de los principales objetivos de esta administración es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha sido objeto de diversos ataques, tanto por parte del presidente como de funcionarios de la gestión actual, debido a las resoluciones emitidas por su Pleno en los últimos meses.
Y es que una de las propuestas que más han causado polémica versa en que los ministros sean elegidos ―de ahora en adelante― a través del voto popular, es decir, por la ciudadanía y no como sucede actualmente en donde se requieren de las dos terceras partes de los miembros del Senado de la República.
A ello se le suma varias iniciativas que tienen como propósito reducir el sueldo de los ministros de la Corte, el cual asciende a más de 206 mil pesos, además de la eliminación de las pensiones que tienen por derecho una vez que terminan su periodo, las cuales superan los 300 mil pesos de forma individual.
Paralelamente, se plantean otros recortes con la idea central de generar ahorros equivalentes a millones de pesos como la desaparición de diversos fideicomisos que operan actualmente.
En respuesta a estas acciones, sindicatos y la base trabajadora que comprende este poder se ha manifestado en contra de estas iniciativas y a la narrativa del presidente mexicano, pues afirman que las reformas constitucionales carecen de sustento legal y argumentos sólidos.
AMLO presentó 20 iniciativas de reforma, con visión humanista, entre ellas destacó la reforma al Poder Judicial; Luisa María Alcalde entregó el paquete de iniciativas del presidente al Congreso; el Ejercito y la Guardia Nacional desplegaron mil efectivos en Tabasco y 400 en… pic.twitter.com/nyc7MvH9K9
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) February 6, 2024
La activista y defensora de derechos humanos del PJ, Mina Moreno, explica a este diario que el recorte de recursos que se tiene previsto para la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el propio Tribunal Electoral (TEPJF) ponen en riesgo a miles de trabajadores que laboran en dichas instituciones y la operatividad de los mismos.
“Son sumamente peligrosas las reformas constitucionales que propone AMLO. Es falso que no se sancione a los jueces y magistrados, el CJF ya lo ha hecho desde antes. Busca desaparecer todo y poner jueces y magistrados afines a su partido y gobierno”, precisa.
Para la abogada restar recursos y facultades al sistema judicial de México perjudicará a miles de mexicanos y debilitará la democracia actual, pues se carecería de uno de los principales contrapesos con los que se cuenta.
Al cierre de 2021, el Poder Judicial de la Federación registró una plantilla laboral de 53 mil 160 servidoras y servidores públicos. De esta cifra 7 por ciento se encuentran asignados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3.4 por ciento al Tribunal Electoral (TEPJF), y 89.6 por ciento al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
AMLO insistió esta mañana en la Iniciativa de Reforma al Poder Judicial; Luisa María Alcalde dio una amplia explicación de la reforma al PJ; elementos de la Armada de México y agentes de la FGR localizaron y desmantelaron en inmediaciones de Rancho Viejo, Sonora, un mega… pic.twitter.com/VPZdAMT9u6
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) February 13, 2024
Por estas razones AMLO defiende sus iniciativas
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió este 12 de febrero sus iniciativas de reforma constitucional para establecer la elección del Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos.
A pesar de las diversas críticas que han generado las propuestas que envió al Congreso de la Unión, el titular del Ejecutivo federal insistió en que ambas instancias están al servicio de la delincuencia, por lo que es necesario un cambio con ayuda de la ciudadanía.
“Se ha ido avanzando bastante en el Poder Legislativo, desde luego en el Ejecutivo, pero el Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia, llamada organizada y de cuello blanco”, dijo en su conferencia mañanera de este lunes.
En caso de que se avalen estas iniciativas, se realizaría una elección extraordinaria en 2025 con el objetivo de renovar todos los cargos que comprenden al Poder Judicial de la Federación.
Secretarios, magistrados, jueces…todos en contra
La inconformidad a estas reformas escaló a todos los rincones del Poder Judicial Federal (PJF). Desde magistrados, ministros, hasta el eslabón de primera línea de trabajo como secretarios, oficiales administrativos, actuarios, todos se han pronunciado en contra de las reformas del presidente mexicano.
Efraín Flores, secretario del juzgado tercero de distrito de amparo en materia civil en Nayarit, asegura que las medidas adoptadas por la administración federal van más allá de una inicial reducción presupuestaria, debido a que los recortes que se plantean y otras medidas amenazan la existencia misma del Poder Judicial.
Para Reporte Índigo, el secretario afirma que las reformas constitucionales propuestas por el Gobierno federal representan un retroceso significativo para estas instituciones y los derechos de los mexicanos.
“Lo que comenzó como una ofensiva en la reducción del presupuesto ha ido trascendiendo con otro tipo de recortes y ataques que escalan hacia la desaparición del Poder Judicial. Por supuesto, hay aspectos a mejorar, pero las decisiones deben tomarse con precaución”, dice.
El servidor público hace hincapié en lo peligroso que puede resultar dejar la elección de magistrados y jueces en manos de la administración, pues se debilitaría la independencia del Poder Judicial y eliminaría los contrapesos necesarios en una democracia.
“Un Poder Judicial débil solo perjudica a los mexicanos con menores ingresos. Detrás del Poder Judicial, se encuentran muchas horas de trabajo de quienes lo conforman, ejerciendo un contrapeso crucial ante decisiones arbitrarias”, afirma
Consultados por separado, magistrados de varios circuitos en el país desdeñaron la propuesta presidencial, pues alegan que dichas iniciativas impactarían en el ritmo de trabajo de los tribunales.
Y advierten que recortar los recursos que tiene actualmente este poder del Estado impactaría en la apertura de más órganos jurisdiccionales en la República mexicana, los cuales son necesarios para la sobrecarga que enfrentan varios juzgados en la actualidad.
Bloque opositor arma frente contra reformas de AMLO
La reforma al Poder Judicial de la Federación tendrá un camino empedrado en la Cámara alta. Senadores de las fracciones parlamentarias de Morena y Acción Nacional (PAN) anticipan ya un choque por este tema.
Los legisladores adscritos a Morena defienden a ultranza la propuesta del titular del Ejecutivo federal, mientras que los blanquiazules advierten que no cederán y votarán en contra.
La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera opina que el Poder Judicial es parte de la soberanía emanada del pueblo, por lo que respaldó la posición del presidente López Obrador, que desde hace años exige se elija a jueces, magistrados y ministros por medio de la ciudadanía.
“Lo que debemos buscar es el método, que sin obviar la capacidad técnica que deban mostrar los representantes del Poder Judicial para ejercer este cargo, se puedan desprender de la decisión directa de la sociedad. Yo creo que esa reforma al Poder Judicial llegó en el mejor momento”, indica la legisladora.
Mientras tanto, su correligionario, César Arnulfo Cravioto Romero, precisa que impulsará, junto con otros senadores, las 20 iniciativas de reforma del presidente dentro y fuera de los parlamentos para dar a conocer los detalles que beneficiarán a los ciudadanos, específicamente la de la nueva integración de la Corte.
Esta última incluye la elección popular de ministros, jueces y magistrados; además, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un tribunal judicial independiente y la aplicación de nuevas reglas procesales.
“Más allá de las fobias que se le tiene a la 4T y al presidente, nos debemos meter a discutir cada una de las reformas; a desmembrarlas y analizarlas para que no sea un tema político, sino una reflexión para dejar un mejor andamiaje legislativo al pueblo de México”.
En contraparte, el senador panista Damián Zepeda advierte lo peligrosa que es la reforma judicial que el presidente plantea al señalar que “él lo que busca son ministros a modo”.
En tanto, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, sentenció que las iniciativas son solo una “narrativa con fines electoreros” rumbo a los comicios de junio próximo, pues López Obrador sabe que la realidad es otra, no cuenta con la mayoría calificada.
Adelanta que el voto del bloque de la oposición será en contra de la elección de jueces, ministros y magistrados que envió el Ejecutivo federal y advierte que la polarización alentada desde Palacio Nacional hará muy difícil que se saquen los nombramientos de magistrados electorales, del INAI y los 100 pendientes en diversas instituciones y organismos autónomos.
