La alternancia le salió muy cara a Durango. Después de ser una entidad históricamente gobernada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 2016 llegó a la gubernatura del estado el panista José Rosas Aispuro Torres, un gobernador que dejó las arcas vacías y la deuda más grande de los últimos 25 años.

Los últimos días de su administración estuvieron marcados por el robo de miles de pesos por parte de una funcionaria estatal, hospitales sin infraestructura, medicamentos o personal, adeudos millonarios a la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y a las alcaldías.

Mientras el dinero se negaba a los rubros para los que estaba etiquetado, amigos, compadres y personas cercanas al poder recibían créditos millonarios a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango

Bastaron seis años de dispendio y de derroche de la burocracia dorada para que Durango se endeudara por alrededor de 20 mil millones de pesos y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo pusiera en semáforo rojo con una calificación de ‘default’ por incumplimiento de pago.

De esta deuda, la mitad es a largo plazo y se debe liquidar en 20 años, pero la otra mitad (9 mil 835 millones de pesos), ya se debería estar pagando.

Sobre la situación, Marcela Andrade, coordinadora de entrega-recepción del nuevo gobierno del priista Esteban Villegas, ejemplificó que ni vendiendo todos los bienes del gobierno del estado, como el Centro de Convenciones Bicentenario, en donde tomó posesión Villegas, se pagaría la deuda a corto plazo, por lo que tendrán que tomar medidas drásticas como pagar solo lo urgente.

A la par de que la entidad se endeudaba y se engrosaba la nómina del Gobierno de Rosas Aispuro, sus funcionarios se dedicaron a saquear, incluso lo hicieron hasta el último momento, aprovechando las Fiestas Patrias y el cambio de administración

Minutos antes del izamiento de la bandera el 16 de septiembre, elementos de la Policía Investigadora de Delitos lograron capturar en flagrancia a una exfuncionaria pública mientras sustraía dinero y documentos oficiales del edificio de la subsecretaría de Finanzas y Administración del estado.

La mujer se identificó como Luisa de 33 años y dijo que trabajaba como asistente técnica del subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado: José Alberto Bustamante.

La Fiscalía General del Estado de Durango informó que la mujer fue detenida y puesta a disposición de un juez por el robo de un millón 600 mil pesos, documentación y un sello oficial propiedad del Gobierno del estado de Durango.

El ‘Sedecogate’ de Rosas Aispuro

En el punto más alto de la pandemia de COVID-19 y cuando la sociedad necesitaba más del apoyo de las autoridades, al gobernador José Rosas Aispuro le explotó el ‘Sedecogate’, un escándalo de corrupción y conflicto de interés que tocó a la cúpula política y empresarial de Durango.

Para reactivar la economía, el exsecretario de Desarrollo Económico del estado, Ramón Tomás Dávila Flores, anunció que el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Durango comenzaría a otorgar préstamos para los duranguenses.

Pero cuando los micro, pequeños y medianos empresarios intentaron acceder a los créditos, la Secretaría de Economía les informaba que ya no les darían citas porque ya estaban adjudicados.

Después, se reveló que los miembros del Comité Técnico repartieron entre amigos y familiares los 50 millones de pesos del Fondo Durango, en vez de fortalecer la economía y el empleo afectados por la pandemia.

Cuando acudió a comparecer ante el Congreso del estado, Dávila Flores, aceptó que entre los beneficiarios del fondo estaban varios de sus amigos.

“Algunos, no todos. Durango es muy chiquito y somos muchos amigos. No tenemos ninguna limitación en cuanto a que un representante empresarial fuera o no fuera a pedir el financiamiento, la realidad es que era para todos los empresarios, todos los industriales y los que tuvieran necesidad”, dijo el exfuncionario estatal.

Más tarde se reveló que se otorgaron 16 créditos por 500 mil pesos autorizados directamente por el secretario de Desarrollo Económico y no por el Consejo Técnico, justamente a miembros del mismo Consejo.

Hubo quienes negaron haber recibido el préstamo y quienes anunciaron que regresarían el dinero para entregarlo a quienes lo necesitaran más que ellos.

Por su parte, el gobierno de Rosas Aispuro aplaudió la buena voluntad de los empresarios que regresarían el financiamiento, anunció que revisaría y fortalecería los lineamientos del Programa de Créditos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y nunca habló de castigos ni destituciones de los involucrados en el ‘Sedecogate’.

“Nos han informado su decisión voluntaria y solidaria de no ejercer el crédito respectivo, dando la posibilidad de asignar esos recursos a otras empresas que lo requieran. Agradecemos este gesto de buena voluntad y solidaridad de los empresarios”, anunció en un comunicado de prensa la pasada administración.

Durante su gobierno, Rosas Aispuro también informó que se tomarían recursos de diversos programas, como el de uniformes escolares para alumnos, para redistribuirlos para la atención de la pandemia de COVID-19, pero los hospitales siempre mantuvieron desabasto de medicamentos y persistieron las malas condiciones del equipo médico y de los inmuebles del sector salud.

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