Se incluyen a las empresas Constructora Maiz Mier, Terralta Dos y D’Capital Consultores, así como a banco Afirme y al Quinto Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, Juan Antonio Carvajal Rodríguez
Destacados empresarios y políticos de Nuevo León fueron emplazados por un juez federal al juicio del controvertido proyecto inmobiliario y Club de Golf Terralta, donde se disputan tierras valuadas en millones de pesos en el Municipio de García.
La autoridad judicial ordenó el pasado 20 de febrero incluir en el procedimiento a diversas personalidades de la Iniciativa Privada y del sector público que fueron demandados por un presunto fraude de acreedores.
La orden de emplazamiento tardó casi nueve meses en emitirse, debido a que la resolución inicial fue impugnada por los acusados en un Tribunal Colegiado, donde finalmente se confirmó la decisión de llamarlos al proceso.
El juez Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo, Julio César Franco Ávalos, ordenó el acuerdo en cumplimiento a una sentencia de amparo otorgada por su homóloga en el Juzgado Primero de Distrito en el mismo ramo, María del Carmen Leticia Hernández Guerrero.
Ahí se emplaza al reconocido abogado Ernesto Canales Santos, a los empresarios Jaime Martínez Fernández y al extinto Alberto Santos de Hoyos, al exgobernador Fernando Canales Clariond, y al promotor inmobiliario Federico Garza Santos.
También se incluyen a las empresas Constructora Maiz Mier, Terralta Dos y D’Capital Consultores, así como a banco Afirme y al Quinto Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, Juan Antonio Carvajal Rodríguez.
“Dado que quedó firme dicha resolución, se ordena notificar a los aludidos demandados, así como al actor, síndico, y comerciantes, para que en el término de cinco días manifiesten lo que a su interés legal convenga”, se lee.
El corazón de este litigio son las tierra ejidales de Mesa de los Nogales y Pájaro Seco.
Los predios fueron transmitidos de la empresa declarada en quiebra Inmobiliaria Terralta, a la compañía Terralta Dos, para pagar un adeudo de 8.4 millones de dólares que la primera compañía había adquirido con D’Capital Consultores, aunque los terrenos estaban valuados en 424 millones de pesos.
El acuerdo para incluir en el proceso judicial a estas personalidades continúa con la batalla legal impulsada por uno de los acreedores del proyecto que denunció fraude, Martín Gerardo Gallardo Hernández.
El inconforme promovió dentro del juicio de concurso mercantil número 10/2011-1 un “incidente sobre declaración de inoponibilidad por ineficacia y nulidad de dación de pago”, para emplazar a los políticos y empresarios.
El juez Franco Ávalos desechó el recurso, pero el acto fue reclamado por el acreedor en el amparo 303/2013, para que se incluyera esa lista de demandados.
De tal manera que la jueza Hernández Guerrero revocó el 26 de junio del año pasado la resolución de su homólogo y ordenó integrar a todos los involucrados al juicio.
La ejecutoria del emplazamiento, sin embargo, se demoró desde entonces porque los acusados presentaron el recurso de revisión número 357/2013, ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil en Nuevo León.
Los magistrados de esa instancia confirmaron el pasado 21 de noviembre la sentencia de amparo y así se pudo continuar con el procedimiento.
El acreedor, Gallardo Hernández, recientemente amplió el incidente de su demanda y agregó como demandada a Inmobiliaria Terralta.
A pesar de que siguen en disputa los terrenos, los promotores han puesto a la venta los predios que aún están en litigio.
En las oficinas del proyecto, ubicadas en el local 2 de Plaza Las Villas, sobre Calzada del Valle, en San Pedro, se ofertan las acciones y se presentan a los interesados maquetas del desarrollo.
El encargado del despacho, José Barragán, confirmó en abril de 2013 que los dueños sólo esperaban tener los permisos necesarios para empezar la preventa de los inmuebles.
En medio de esta disputa fue multado el litigante Ernesto Canales Santos, porque durante su gestión como conciliador nunca inscribió la sentencia que declara en concurso mercantil a Inmobiliaria Terralta.
También intervino el Gobierno del Estado a través de la Dirección de Asuntos Agrarios de Nuevo León, que convocó a una asamblea a las personas que creían tener derechos sobre las tierras, pero la operación finalmente no prosperó.
