Verdes por fuera, negros por dentro

En el papel, el Partido Verde está integrado por ciudadanos ecologistas que aseguran  luchar por la protección al medio ambiente y por un desarrollo sustentable.

En el papel, la tala de un Área Natural Protegida para permitir la construcción de un campo de golf y un desarrollo de lujo, debiera ser considerada una catástrofe ambiental para los militantes del Partido Verde.

En el papel, claro.

Pero en Nuevo León el Partido Verde no funciona con estos principios lógicos para una organización que se promueve como ecologista y como protectora del medio ambiente.

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En el papel, el Partido Verde está integrado por ciudadanos ecologistas que aseguran  luchar por la protección al medio ambiente y por un desarrollo sustentable.

En el papel, la tala de un Área Natural Protegida para permitir la construcción de un campo de golf y un desarrollo de lujo, debiera ser considerada una catástrofe ambiental para los militantes del Partido Verde.

En el papel, claro.

Pero en Nuevo León el Partido Verde no funciona con estos principios lógicos para una organización que se promueve como ecologista y como protectora del medio ambiente.

En realidad, la cúpula del Partido Verde en Nuevo León está detrás de la modificación al decreto que abre la puerta al polémico proyecto de Terralta, que contempla la construcción de un campo de golf y un desarrollo inmobiliario de lujo en un Área Natural Protegida.

José Rodolfo Escudero Barrera y Guillermo Cueva, dos líderes del Partido Verde en el estado, están involucrados en el proceso de autorización de este controvertido desarrollo dentro del polígono de la zona protegida del cerro de La Mota, en el municipio de García.

Como director del organismo público Parques y Vida Silvestre del Estado, Escudero Barrera impulsó la modificación del plan de manejo de esta reserva estatal para permitir la construcción de este fraccionamiento distribuido alrededor del campo de golf.

El miembro activo del Partido Verde no tuvo impedimento ideológico para firmar el decreto de modificación y eliminar la protección otorgada, desde hace más de 10 años, que la declaró zona sujeta a conservación ecológica.

Como publicó Reporte Indigo, estos cambios promovidos por el Estado sólo se realizaron con la intención de eliminar el principal impedimento legal que enfrentaba el desarrollo exclusivo que promueve la empresa Terralta Dos.

Escudero Barrera integra la cúpula del Partido Verde. 

Ha sido diputado federal por este partido político y desde el 5 de agosto del año pasado se desempeña como director de Parques y Vida Silvestre, organismo que tiene bajo su custodia las áreas naturales protegidas en Nuevo León.

En la elección de 2012 fue candidato del Partido Verde al Senado, junto con el también exdirigente de ese partido Jorge Padilla.

El exlíder del Partido Verde en Nuevo León, Guillermo Cueva, también está involucrado en el proceso de autorización de este proyecto inmobiliario en García.

Como delegado federal de la Semarnat, Cueva se tendrá que pronunciar sobre los estudios de manifestación de impacto ambiental que presentó la empresa Terralta Dos, hace tres meses, en la dependencia federal.

Los desarrollares presentaron la solicitud para cambiar el uso del suelo –prohibido en el decreto original del Área Natural Protegida- y así hacer posible que la superficie de 3 millones 523 mil metros cuadrados albergue la construcción de un desarrollo habitacional, campo de golf y casa club.

Mapa del proyecto Terralta

El trámite quedó registrado bajo el número: 19NL2014UD001, y desde el 17 de febrero el asunto quedó suspendido por solicitud de calidad de datos.

Durante el 2013, la empresa desarrolladora de Terralta presentó, según la Gaceta Ecológica de la Semarnat, dos solicitudes previas para conseguir los permisos federales. 

Pero se desconoce si la dependencia autorizó las obras que estaban prohibidas por el decreto del Área Natural Protegida, antes de ser modificado hace tres semanas.

Hasta el 2012, Guillermo Cueva se desempeñó como diputado federal y como dirigente estatal del Partido Verde.

Fue candidato a diputado local por la alianza PRI-Partido Verde, sin embargo fue derrotado en la elección constitucional de 2012.

Fue nombrado delegado federal de la Semarnat hace un año por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud.

Cueva es hijastro de Plácido González Salinas, subsecretario de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado.

González Salinas firmó hace tres semanas, junto con José Rodolfo Escudero, el decreto para modificar la declaración del cerro de La Mota como Área Natural Protegida.

En el documento, que se publicó el pasado 14 de marzo en el Periódico Oficial del Estado, no aparece la firma de Fernando Gutiérrez, secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León.

El delegado federal de la Semarnat, Cueva, tendrá que resolver en los próximos días la solicitud para el cambio de uso de suelo en un Área Natural Protegida que su padre, González Salinas, condenó como funcionario estatal.

Reporte Indigo publicó hace dos semanas que el Gobierno de Nuevo León trasquiló un Área Natural Protegida para otorgarle factibilidad a la construcción de un desarrollo inmobiliario con campo de golf en el municipio de García.

El Congreso de Nuevo León, a través del diputado panista Francisco Treviño, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, censuró la modificación y pidió castigar a los funcionarios estatales involucrados en los permisos. 

Entre los inversionistas que impulsan este desarrollo está el panista Fernando Canales, quien como gobernador de Nuevo León, hace 14 años firmó el decreto de protección.

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La Semarnat autorizó el polémico proyecto de Terralta, un fraccionamiento de lujo con campo de golf que se construye en el municipio de García.

La delegación de la dependencia federal, a cargo de Guillermo Cueva, aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental para este desarrollo inmobiliario.

El resolutivo fue entregado el pasado lunes a los representantes legales de la empresa Terralta Dos, S. de R.L. de C.V., promotora de este proyecto residencial.

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El daño ambiental está previsto en la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó la empresa Terralta Dos para conseguir en ese lugar las autorizaciones federales de cambio de uso de suelo.

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El plan original fue concebido con el empresario Alberto Jaime Martínez Fernández, quien no midió la envergadura financiera del negocio y su error de cálculo derivó en la quiebra de esta aventura comercial.

En 2003 inició la venta de acciones a través de Consorcio Promesa, S.A. de C.V., y de la hoy quebrada Inmobiliaria Terralta, S.A. de C.V., con las que captó dinero de inversionistas.