El emporio de bienes raíces que habría construido el narcotraficante Rafael Caro Quintero en la metrópoli de Guadalajara y sus alrededores podría estar constituido por más de 30 propiedades, de acuerdo con la investigación que desarrolló el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos.

Recientemente se dio a conocer una demanda promovida por el Departamento de Justicia de aquel país que busca confiscar ocho propiedades de Caro Quintero localizadas en el municipio de Zapopan, las cuales, según el gobierno de Estados Unidos, fueron adquiridas con las ganancias que obtuvo en actividades de narcotráfico.

Sin embargo, la investigación estadounidense en la que también participó la Administración para el Control de Drogas (DEA), revela que esas ocho propiedades estarían formando parte en realidad de un conglomerado mayor de bienes raíces que superaría una treintena de activos inmobiliarios.


Ninguna de las propiedades de Rafael Caro Quintero estaban a su nombre. Las registró a cargo de sus hijos y esposa para ocultar la titularidad y que no fueran confiscadas

La demanda de confiscación que presentó en específico el fiscal para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, este 11 de octubre de 2019, señala que “como parte de la investigación sobre Rafael Caro Quintero (RCQ), las instituciones de aplicación de la ley se enteraron a través de varias fuentes, incluyendo testigos colaboradores y fuentes que han interactuado directamente con RCQ y con miembros de su familia, que RCQ usó ganancias de la venta de sustancias ilícitas para comprar inmuebles en y alrededor de Guadalajara, México.

“De hecho, RCQ admitió en una declaración bajo juramento que usó las ganancias en efectivo de su actividad ilegal en las drogas para comprar propiedades a nombre de terceros, incluyendo los de miembros de su familia”.

Para conocer el tamaño del emporio de bienes raíces que habría edificado Caro Quintero en la ciudad de Guadalajara, resultó clave la información aportada por un testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos, que trabajó para la organización del narcotraficante en varias ocasiones durante el periodo de 1985 a 1992.

“Como un confidente de fiar en la organización de RCQ, el testigo colaborador declaró que él/ella tenía conocimiento de que RCQ estaba involucrado en tráfico de narcóticos. El testigo colaborador también tuvo conocimiento personalmente de los bienes raíces de RCQ en varios momentos durante su involucramiento con él, con base en conversaciones con individuos que tenían conocimiento directo de la posesión de inmuebles que se mantenían a nombre de la familia de RCQ”, señala el documento.

De acuerdo con la indagatoria del fiscal estadounidense, el propio “RCQ le informó al testigo colaborador que creció en una familia que tenía escasos recursos”, y le habló además sobre su riqueza inmobiliaria, es aquí que surge la estimación sobre el tamaño del patrimonio del narcotraficante prófugo.

“RCQ le informó al testigo colaborador que invirtió su dinero en la compra de tierras y que tenía una casa que era lo suficientemente grande como para alojar a 25 de sus familiares y amigos. El testigo colaborador estima que durante el tiempo en que mantuvo vínculos con la organización de RCQ, este era dueño de más de 30 propiedades”.

Este testigo colaborador del gobierno estadounidense “notó que ninguna de las propiedades de RCQ estaba puesta a su nombre. En lugar de ello, RCQ las había inscrito a nombre de sus hijos y esposa para ocultar la titularidad de RCQ y el uso que hizo éste de las ganancias de sus actividades ilegales en las drogas para comprarlas”.

La declaración jurada de Caro Quintero

Según la demanda del fiscal Richard P. Donoghue, el propio Caro Quintero llegó a reconocer ante las autoridades mexicanas su manera de ocultar las ganancias que había obtenido del narcotráfico, a través de la compra de bienes raíces que eran inscritos bajo otros nombres para evitar que pudieran serle confiscados.

Lo que señala es que “RCQ admitió en una declaración bajo juramento que usó las ganancias en efectivo de su actividad ilegal en las drogas para comprar propiedades a nombres de terceros, incluyendo los de miembros de su familia”.


La investigación del Departamento de Justicia y la DEA señala que Caro Quintero reconoció ante autoridades mexicanas que compraba casas para ocultar sus ganancias

La demanda refiere que dicha declaración se dio aproximadamente el 10 de abril de 1985, cuando Caro Quintero fue encarcelado en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México.

“En ese entonces, RCQ dio una declaración bajo juramento a los agentes de seguridad mexicanos del Ministerio Público Federal y les entregó a los investigadores una lista con algunas de estas propiedades”.

El fiscal estadounidense reconoce que en dicha lista de bienes raíces que Caro Quintero les entregó a las autoridades mexicanas, no aparecen los ocho activos que ahora se le pretenden confiscar.

Sin embargo “la lista indica que RCQ ha colocado las propiedades, incluyendo numerosas residencias personales, a nombre de varios miembros de su familia”.

Una fuente más

La investigación del Departamento de Justicia y la DEA también uso información aportada por una “fuente colaboradora”, que “ha interactuado directamente y tenido conversaciones con RCQ y miembros de su familia y, a través de estas interacciones, obtuvo conocimiento de las propiedades de RCQ”.

La fuente confirmó el mismo modus operandi de adquirir bienes raíces para ponerlos a nombres de familiares y “también declaró que RCQ era un traficante internacional de narcóticos y que todas las propiedades del demandado fueron compradas con ganancias de las drogas”.

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