¿Desarrollo o conservación?

La urbanización a un costado del Bosque El Nixticuil pone en riesgo la conservación de ese espacio. 

En los próximos 20 años más de 60 mil habitantes arribarán a la zona atraídos por proyectos inmobiliarios promovidos por la empresa Mirasierra. El deterioro ambiental se volverá insostenible. 

Eso, en la lectura de los defensores del Bosque.

Paloma Robles Paloma Robles Publicado el
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Mil 200 viviendas serán construidas
"¿Qué es lo que va a suceder? van a desaparecer de este espacio (Bensedi) y van a llegar otras especies mucho más oportunistas; las que eran de esta región van a desaparecer"
Oscar Francisco Reyna Profesor investigador UdeG

La urbanización a un costado del Bosque El Nixticuil pone en riesgo la conservación de ese espacio. 

En los próximos 20 años más de 60 mil habitantes arribarán a la zona atraídos por proyectos inmobiliarios promovidos por la empresa Mirasierra. El deterioro ambiental se volverá insostenible. 

Eso, en la lectura de los defensores del Bosque.

Ellos explican que con la llegada de los miles de pobladores habrá nuevas implicaciones ambientales, desde la extracción de agua para los fraccionamientos, comercios y servicios. Sumada al aumento del parque vehicular en la zona. 

Sin olvidar la generación de más basura y la inminente contaminación del Río Blanco. 

Los desarrolladores lo saben, pero a su vez minimizan el tema bajo el criterio de que es inminente el crecimiento y desarrollo de la ciudad.

En su lógica ese espacio solo puede ser urbanizado buscando afectar lo menos posible el Bosque de El Nixticuil-San Sebastián-El Diente conocido como Bensedi. Y buscando generar nuevas alternativas de urbanización.

Casas, comercios, escuelas, hospitales construidos en un pedazo de tierra –que poseen muy pocos – y que es privilegiado por tener a un lado el bosque.

Por lo que una vez más se abre la discusión sobre el futuro de la ciudad, en donde se han llevado a cabo proyectos inmobiliarios que impactan de manera negativa al medio ambiente de forma permanente. 

Los gobiernos operan en favor de estos proyectos que ofrecen grandes cantidades de dinero a cambio del control económico de un territorio del que aseguran generarán espacios de comercio y convivencia.

En la ciudad han proliferado fraccionamientos ligados al lavado de dinero, también  fraccionamientos dormitorio que se vuelven inseguros,  por contar con vialidades deficientes, servicios básicos limitados y pocas áreas verdes. 

En Mirasierra se asegura que el proyecto lo que busca más allá de ofrecer servicios, es tener un modelo de vida sustentable con accesibilidad y los servicios necesarios para una vida diaria.

Ocho años después de que se conoció ese negocio inmobiliario el proyecto Mirasierra sigue aunque se ha cambiado más de 20 veces según lo reconocen los representantes de la empresa.

Acostumbrados a las críticas, la defensa de Mirasierra versa sobre los siguientes argumentos:

No se va a tocar el Bensedi; cuentan con todos los documentos en regla y el proyecto inmobiliario generará mejores condiciones de vida para la gente de la zona.

Bajo esa lógica la empresa ha sabido permear en los círculos empresariales y de gobierno promoviendo un modelo que –relatado– parece perfecto. Pero que según defensores del bosque esconde consecuencias que serán difíciles de revertir.

De la mano de Zapopan

En el gobierno de Héctor Vielma Ordoñez, se aprobaron ocho licencias de urbanización para la empresa Mirasierra. 

Pese a que en repetidas ocasiones el ex alcalde de Zapopan aseguró que su administración no se otorgarían permisos de construcción a ninguna empresa, en tanto no hubiera un nuevo ordenamiento territorial en el municipio.

Las licencias salieron a nombre del fideicomiso creado por las empresas constructora GIG, GVA, Tierra y Armonía y el Banco BBVA Bancomer.

Pero en un doble juego el municipio no solo dio las licencias de manera discrecional, también aprobó sus planes parciales en septiembre de 2012. 

Con estos planes la administración de Vielma se jactó de haber protegido los perímetros del área natural protegida.

Hoy los planes parciales exigen a los desarrolladores un mínimo de 30 metros entre la construcción y el inicio del bosque ese espacio que -aunque pequeño- se constituye como área de amortiguamiento. 

Sin embargo, al haber sido aprobadas las licencias del fraccionamiento antes del cambio de los planes parciales, el desarrollador puede construir a un lado del bosque, sin tener que respetar las áreas de amortiguamiento. 

De hecho la empresa posee 154 hectáreas del área natural protegida. Y por lo menos 11 hectáreas fueron donadas al municipio para utilizarlas en urbanización.

La desarrolladora solicitó cinco permisos para el proyecto Altavista. Tres licencias se aprobaron en junio de 2010. 

Las otras dos se avalaron en los meses de octubre y noviembre del 2011. Fecha que coincide con la primer intención de modificar los planes parciales del municipio.

Esos fraccionamientos ya fueron construidos y están parcialmente habitados aunque ya todo fue vendido según informó el desarrollador.

En Zapopan el doble discurso se mantuvo hasta el final.

El municipio le otorgó otras tres licencias al fideicomiso para el proyecto Sendas Residencial, informó el director de Planeación de Zapopan, Ángel Demerutis Arenas.

Los permisos se otorgaron el 25 de agosto, un mes antes de la aprobación de los planes parciales.

En total se construirán 804 viviendas en Altavista y mil 551 en el nuevo proyecto Sendas Residencial que apenas comenzará a edificarse. 

Ambos proyectos constituyen la segunda etapa del Proyecto Mirasierra, empresa que ha sabido sacar ventaja a la autoridad buscando los mínimos resquicios a la ley.

Se sabe que una de las áreas de cesión que ofreció la empresa al municipio por la construcción del fraccionamiento Altavista 1, fue una de 11 mil metros del área de reserva natural.

Esas hectáreas pueden ser urbanizadas como escuelas o parque si el municipio lo desea. 

Sin embargo, de lado de Zapopan aseguran que esos terrenos no se tocarán y se mantendrán como áreas naturales. 

Ahora la empresa y el municipio buscan llegar a un acuerdo. De lado de los desarrolladores alegan que el código urbano les permite dar esos espacios –aún siendo reserva natural– en donación. 

Río Blanco, contaminado

La empresa Mirasierra tiene la posesión de nueve pozos de extracción de agua para la distribución del líquido en la zona, con los que se extraerán 4.5 millones de metros cúbicos de agua al año.

El representante de la empresa Joseph Rodrick Medina asegura que estos pozos no son nuevas concesiones que dio la Comisión Nacional del Agua sino que se consiguieron títulos de otra personas y que ya estaban vigentes.

Consideró que no hay forma de comprobar que los mantos acuíferos se vayan a desgastar.

Para el empresario el tema del Agua es un “asunto mundial” y “no del proyecto” por lo que su consorcio se comprometió a la construcción de dos plantas de tratamiento que limpiarán el agua sucia de sus fraccionamientos y áreas comerciales.

Esa agua se utilizará para riego y sólo “los excedentes” se verterán en el Río Blanco que corre dentro del proyecto.

Eso, a dicho del entrevistado, ayudará al río pues lo mantendrá con actividad.

Pero la construcción de las plantas de tratamiento fue un compromiso que la empresa adquirió hasta finales del año pasado.

Solo después de haber solicitado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la liberación de 59 hectáreas de área natural que se encontraba dentro de sus terrenos y en donde ahora también podrán urbanizar.

Rodrick Medina consideró que la responsabilidad sobre la contaminación del Río Blanco es una tema exclusivo de las autoridades estatales y municipales y en el que deben intervenir.

Pues aguas arriba el río es contaminado por otras empresas, industrias y fraccionamientos. 

En la visión del empresario el gobierno del estado debe realizar una auditoría y sancionar a quien esté contaminado.

“Hoy en día el agua ya llega contaminada al proyecto y no obstante tenemos estudios de laboratorio para que vean la calidad de agua contaminada que llega (…) estamos preocupados por que el Río Blanco realmente funcione como río” comenta el entrevistado.

En riesgo la diversidad natural

Oscar Francisco Reyna Bustos, profesor investigador de la UdeG refiere que al interior del Bensedi existen muchas especies de flora y fauna que podrían verse afectadas con el aumento de población humana en la zona.

El especialista parte de la idea de que cualquier área silvestre aporta beneficios ambientales que no podrán ser recuperados con la urbanización, como el agua y el oxígeno.

En el bosque “pudiera haber alrededor de 200 a 250 especies de aves. Unas residentes y otras migrantes. Ahí también se asientan venados, coyotes, zorros que lo convierten en un espacio rico en diversidad natural”.

La presión de la urbanización modificará el entorno y con ello su dinámica de hábitat.

El especialista insistió en que no hay espacios verdes suficientes para la ciudad. Se estima que en promedio un persona debe tener 9 metros cuadrados de área verdes.

Muchas de estas áreas del bosque “son sitios de anidación” indicó Reyna Bustos quien recordó que “el bosque El Nixticuil forma parte de un eje natural que se suma a la Barranca de Huentitán.

“¿Qué es lo que va a suceder? van a desaparecer de este espacio y van a llegara otras especies mucho más oportunistas; las que eran de esta región van a desaparecer”.

Cuestionado sobre el sistema de aguas en la zona, Reyna Bustos considera que la extracción de agua también afectará a la diversidad de la zona. 

Además, con el aumento de desechos en la aguas del río las poblaciones que se localizan en la parte baja de la barranca podría sufrir las consecuencias.

“Aquellos que tenían pozos artesanos ya no los van a tener y los que los tienen van a estar contaminados, vamos a requerir que traigan pipas (…) Se están beneficiando pocos en detrimento de muchos”.

Los riesgos del mercado

Lejos de las consecuencias ambientales que el proyecto Mirasierra puede traer, los desarrolladores están más preocupados por su negocio y por mantenerse a flote en el mercado inmobiliario.

Para el director general de Mirasierra, Joseph Rodrik Medina la consiga es clara, mantener al proyecto vivo es también hacerlo adaptable a las necesidades, algunas impuestas por los gobiernos, pero sobre todo las impuestas por el mercado.

Un terreno promedio de 114 metros cuadrados dentro de los fraccionamientos que componen Mirasierra tiene un costo aproximado de 400 mil pesos;  tres mil 500 pesos el metro cuadrado.

Hasta hoy la empresa tiene autorización para construir ocho condominios (cinco ya están edificados) y con ellos fraccionar 2 mil 861 terrenos para vivienda de densidad media.

Considerando –de manera hipotética- que cada terreno fuera de 114 metros, el total de la venta de todos los terrenos suma alrededor de mil 144.4 millones de pesos.

Una suma cuantiosa con la que la empresa pretende seguir construyendo las otras siete etapas que faltan del proyecto. 

Los desarrolladores se dicen confiados en que pueden conservar el negocio tal y como lo han estado trabajando sin embargo todo al final lo decide “el mercado”.

“Yo te diría que para que algo saliera mal de aquí, lo que te pudiera frenar es el mercado. Que el mercado no absorba el producto que estamos ofertando, y es en donde tendríamos que cambiar la estrategia de mercado y que esto siga evolucionado”.

La estrategia de la empresa ahora versa en dos vertientes. Una, seguir explotando la cualidades ecológicas del proyecto, que se limitan a estar cerca del Bosque El Nixticuil. 

Dos: conseguir financiamiento público por ser un proyecto “armónico” con la naturaleza y el desarrollo sustentable. Por lo que hoy la empresa está concursando para conseguir la certificación de Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS).

Los incentivos van desde la asistencia técnica para los planes de desarrollo, transporte y manejo de residuos, hasta el subsidio económico ligado a la sustentabilidad del proyecto.

Pero cuestionado sobre los cientos de incendios que han acosado al bosque en los últimos cinco años, el responsable del proyecto asegura que ellos no están involucrados con el daño.

“Nosotros no tenemos ninguna necesidad de incendiar predios, conocemos la ley y actuar en contra de la ley sería lo más perjudicial para el proyecto (…) La gente que nos ayuda a resguardar la zona han ayudado a notificar a la autoridad cuando se suscitan los incendios y han ayudado a apagar los incendios”, refiere el entrevistado.

“Probablemente ésas eran actividades inmobiliarias que se hacían antes, hace 25 años”, agrega de manera tajante.

No se atrevió ni siquiera a mencionar el nombre del Comité Salvabosques, que desde 2007 ha luchado por la conservación del espacio. Solo refirió que “ciertos grupo han vuelto escandaloso el tema, pero el tema no es una ciencia oculta.

“Lamentablemente luego nos tratan de corromper a nosotros con la autoridad, los grupos opositores, como ven que las cosas están bien hechas y se están haciendo en orden y en forma lo que tratan es involucrarnos con la autoridad”.

A propósito del cambio de uso de suelo de 59 hectáreas que la empresa Mirasierra obtuvo por parte de la Semarnat, el entrevistado negó que el cambio de uso de suelo se haya dado de manera discrecional.

Señala que esas tierras no formaban parte del Bensedi sino que eran polígonos boscosos que quedaron dentro de los terrenos urbanizables y que el municipio ya tenía decretadas como habitacionales.

Informó que como parte de los compromisos asumidos con ese cambio de uso de suelo se hará un proyecto educativo y se darán becas para los que estén interesados en la investigación del área natural.

De hecho se pretende que el área del Parque El Diente –donde se acostumbra que la gente practique el alpinismo– se construya un museo del área natural y ahí se instale un centro de investigación.

Y es que a dicho de Rodrick Medina “el espacio de bosque hasta hoy en día ha sido un espacio mal utilizado” por lo que se debe intervenir y buscar que haya más seguridad y orden.

Para ello requieren de la intervención del municipio, a fin de que cobren una cuota –para persona y para vehículo- en la zona de El Diente y con lo recaudado se restaure el terreno en donde también se pretenden construir senderos de caminatas, áreas de campamento y de servicios.

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