Corrupción sin inspección
La estrategia es clara: dejar fuera a los que no quieren cooperar con el nuevo esquema de trabajo del Ayuntamiento de Guadalajara.
Es lo que señala el regidor tapatío por Movimiento Ciudadano Salvador Caro Cabrera, quien asegura que en el listado de nuevos inspectores contratados existen algunos personajes vinculados con el PRI.
La intención, según dice el regidor, es afianzar una red de corrupción que sin duda tendrá implicaciones en materia de seguridad para todos los ciudadanos.
Paloma RoblesLa contratación de los nuevos inspectores debía hacerse mediante una convocatoria pública y acorde con un perfil, apunta Caro Cabrera
Los inspectores dejaron de vigilar sitios que consideraron como ‘intocables’, entre ellos bares donde se cobra piso, refieren los despedidos
La estrategia es clara: dejar fuera a los que no quieren cooperar con el nuevo esquema de trabajo del Ayuntamiento de Guadalajara.
Es lo que señala el regidor tapatío por Movimiento Ciudadano Salvador Caro Cabrera, quien asegura que en el listado de nuevos inspectores contratados existen algunos personajes vinculados con el PRI.
La intención, según dice el regidor, es afianzar una red de corrupción que sin duda tendrá implicaciones en materia de seguridad para todos los ciudadanos.
Pues la Dirección de Inspección y Vigilancia al no efectuar su trabajo como es debido pone en riesgo la protección de los usuarios.
Eso, sumado a la poca vigilancia en la calles, tiene efectos explosivos.
El reciente atentado a los bares Ruta 66 y Clásico, el pasado domingo 21 de marzo, evidenció la falta de protocolos de seguridad.
Pero para el Ayuntamiento de Guadalajara existen otras prioridades, como el despido masivo de 105 inspectores que acusados –sin proceso abierto- fueron dados de baja por la administración del PRI.
El regidor de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, considera que el despido masivo de inspectores es un retroceso.
A su dicho, el PRI busca restablecer los viejos esquemas de corrupción “donde mediante el control de los inspectores se crean rutas para extorsionar a personas que están construyendo pequeños comerciantes, minoristas, lo cual es sumamente reprobable”.
Además advierte que detrás del despido, existe la intención de administrar el espacio público a través de sindicatos priistas y el control de los ambulantes.
En la lectura del regidor, el despido de los inspectores derivó de su intento de sancionar establecimientos en zonas que están bajo el control de funcionarios priistas.
“Si un comerciante protegido es sancionado por un inspector que esté haciendo su trabajo de manera honesta, el comerciante ya sabe que puede acudir con uno de los funcionarios encargados de vigilar a los inspectores, le avisa y va y levanta un acta de que lo quiso extorsionar”, relata Caro Cabrera .
Los inspectores dejaron de vigilar sitios que consideraron como “intocables” entre ellos bares en donde los inspectores refieren el cobro de derecho de piso además de la total interdicción de ser sancionados.
“Ha quedado claro, en los últimos sucesos, que en Guadalajara está sistematizado el pago de derecho de piso a grupos fuera de la Ley”, señaló el regidor.
Pero de consolidarse la contratación de los nuevos perfiles, podría concretarse una suerte de cobro de derecho de piso institucional.
Para el regidor, el despido de 105 inspectores fue totalmente irregular, “no hay ningún criterio que determine que estos funcionarios ya no eran útiles a la administración o que no tenían un perfil”
Se sabe que los despedidos son funcionarios que ingresaron a la administración antes de 2010, cuando el PRI volvió al poder en dicho municipio.
Son servidores públicos que “no se quisieron someter a las reglas de corrupción impuesta por el gobierno anterior y particularmente por este”, refiere Caro Cabrera, quien agrega que se buscó dar cabida a otros inspectores afines al PRI.
“Son parientes de regidores, recomendados de regidores y gente que participó en las campañas del PRI a través de ahora funcionarios municipales”, detalla el edil sin mostrar datos que precisen su dicho.
El argumento del alcalde Ramiro Hernández para efectuar el despido masivo fue la supuesta corrupción que impera en el área.
Y es que los primeros seis meses de su administración han sido marcados por las severas críticas entorno al crecimiento del ambulantaje en la zona del Centro Histórico que ha sido solapada por los propios inspectores del ayuntamiento.
Pero en la lista de los despedidos contrasta con el perfil de corrupción que acusó el alcalde.
El regidor de Movimiento Ciudadano refiere el caso de un inspector que no tiene ninguna amonestación, ese mismo inspector (del que no se proporcionó nombre) tiene registrado el mayor número de multas a establecimientos sin ninguna queja en su contra.
Además hay algunos casos de empleados despedidos que contaban con maestría y aunque la gran mayoría de los inspectores tienen solo licenciatura. Los nuevos contratados apenas llegan a la prepa, asegura Caro cabrera.
Los señalamientos hechos por Movimiento Ciudadano no han tenido eco en el Municipio de Guadalajara, ni la fracción del Partido Acción Nacional se ha pronunciado al respecto.
“Nosotros estamos pidiendo la cancelación de las nuevas contrataciones (…) el contratar a inspectores no es un asunto de hablarle a los amigos o recomendados, tiene que haber primero un sistema de control de confianza para este tipo de funcionario, tanto para contratarlos como para darle seguimiento”.
El regidor insistió en que la contratación debía hacerse mediante una convocatoria pública y que ésta estuviera acorde con un “perfil de inspector” que el propio ayuntamiento debió elaborar.
Validan mala actuación
El Ayuntamiento tiene un área que sanciona a los inspectores, pero su función se ve mermada por otros intereses. Se trata de la Comisión de Vigilancia a la Inspección.
El regidor de Movimiento ciudadano asegura que esta comisión, integrada por ediles del PRI y funcionarios administrativos, solo validan la mala actuación de los inspectores.
Los resultados de esta Comisión son muy escasos. Solo a mediados de 2012, se registró el despido de dos inspectores y se castigó a otros seis con el cese de menos de una semana de trabajo sin goce de sueldo.
En el caso de los despedidos el entonces presidente de la Comisión de Gobernación Reglamento y Vigilancia , Eduardo Almaguer -actual secretario del Trabajo y Previsión Social- informó que los servidores públicos tenían registradas muchas quejas en su contra.
Según informes de esa comisión existían otros 25 casos de inspectores que eran investigados de un total de 400 inspectores.
Fallido el convenio de seguridad
El convenio de certificación de “Establecimiento Seguro” es letra muerta. Firmado hace dos años, entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Jalisco, el resultado es nulo y pareciera haberse creado como medida contingente.
Los ataques al Bar Butter Club en febrero de 2011 marcaron una de las escenas de violencia más crueles vivida en esta ciudad. Un atentado a la sociedad civil que fue minimizado por el procurador de Jalisco quien consideró el asunto como un “pleito entre particulares”.
27 heridos y seis muertos fue el saldo de una noche en donde confluyeron las balas, las granadas y el terror.
Días después el Ayuntamiento de Guadalajara insistió en buscar una solución mediante un acuerdo con la Canirac.
Las negociaciones no fueron sencillas. El entonces titular de ese organismo Germán Ralis -hoy regidor de Tlaquepaque por Movimiento Ciudadano- exigió que el ayuntamiento cumpliera con su función de vigilar las calles, y que ellos se ocuparían de regular a sus agremiados a fin de que cumplieran con los reglamentos.
El ayuntamiento insistió en que los empresarios debían comprar un paquete de seguridad consistente en puertas y paletas detectoras de metales. Además de asistir a capacitación en la materia y el pago de servicios de patrullas a las afueras de los bares que así lo demandaran.
Al final acordaron una certificación denominada “Establecimiento Seguro”, que incluía la capacitación y reforzamiento de las medidas de seguridad ya contenidas en el reglamento de operación de bares y restaurantes.
Una medida que en su momento sirvió para apaciguar a la opinión pública y que resultó en nada, pues lo ocurrido el domingo pasado en los bares Ruta 66 y Clásico, mostró que el asunto de la certificación no previene este tipo de tragedias.
El resultado del atentado fue desastroso: siete personas han muerto y 14 más fueron heridos.
Llama la atención que en este último ataque, las reacciones del gobierno municipal no fueron tan contundentes como en el caso del Butter Club.
Del programa de certificación de bares y restaurantes no se volvió a decir nada y la administración de Ramiro Hernández parece no haberle dado seguimiento.
