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TERRALTA

Conflicto de intereses y denuncia penal acechan Terralta

Javier Estrada

Un nuevo capítulo se abre en la disputa que existe en torno al proyecto inmobiliario y Club de Golf Terralta.

El anuncio de que se interpondrá una denuncia penal por parte de uno de los acreedores afectados enardecerá el conflicto entre los inversionistas de este desarrollo ubicado en el municipio de García.

Valdemar Martínez Garza, abogado defensor de uno de los acreedores, no sólo adelanta que analiza interponer una denuncia penal por el posible fraude cometido en contra de su cliente en caso de que en un mes no se llegue a un acuerdo económico.


Ago 2, 2012
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"Yo considero que él (Ernesto Canales) debió de haberse excusado, él no debió haber aceptado el cargo de conciliador por un evidente conflicto de intereses"

- Valdemar Martínez

Abogado

Un nuevo capítulo se abre en la disputa que existe en torno al proyecto inmobiliario y Club de Golf Terralta.

El anuncio de que se interpondrá una denuncia penal por parte de uno de los acreedores afectados enardecerá el conflicto entre los inversionistas de este desarrollo ubicado en el municipio de García.

Valdemar Martínez Garza, abogado defensor de uno de los acreedores, no sólo adelanta que analiza interponer una denuncia penal por el posible fraude cometido en contra de su cliente en caso de que en un mes no se llegue a un acuerdo económico.

Sino también Martínez Garza descalifica la actuación del abogado Ernesto Canales Santos como conciliador del juicio mercantil donde se lleva la quiebra de la empresa promotora de este proyecto.

De acuerdo con Martínez Garza, Ernesto Canales Santos habría incurrido en un conflicto de intereses al aceptar el cargo de mediador de este juicio considerando que este abogado sería dueño de acciones equivalentes a 5 millones de dólares.

 “Yo considero que él debió de haberse excusado, él no debió haber aceptado el cargo de conciliador por un evidente conflicto de intereses”, dice el defensor de Juan de la Cruz Morales, uno de los acreedores presuntamente defraudados.

“Ello le acarrea una responsabilidad, incluso, si llega a conocimiento del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), pudiera incluso retirársele su autorización para seguir interviniendo no sólo en este caso, sino en cualquier otro caso como conciliador”.

Reporte Indigo publicó el pasado 17 de julio que el proyecto comenzó en 2003, cuando el empresario Alberto Jaime Martínez Fernández inició la venta de acciones del Club de Golf, a través de Consorcio Promesa, e Inmobiliaria Terralta, actualmente en quiebra.

En Promesa se inició la venta de acciones que adquirieron diversos inversionistas, entre estos muchas familias de empresarios sampetrinos.

Su cliente es uno de los acreedores de Inmobiliaria Terralta que cedió un 3 por ciento del capital social de la empresa a Alberto Jaime Martínez Fernández a cambio de un Macoy.

Un Macoy es una unidad de inversión que tiene un valor inicial de un millón de dólares, pero que se multiplica a 2.5 millones de dólares al momento en que se realizan las operaciones de desarrollo.

Cuando empezaron los problemas jurídicos en Terralta, su cliente negoció con Canales Santos la compraventa de su Macoy, pero la operación nunca se llevó a cabo porque no se llegó a un acuerdo para adquirir esa porción de terreno.

“(Canales Santos) no se puso de acuerdo en el precio con Juan de la Cruz, con mi cliente, le dijo que él ya era propietario de dos Macoys, o sea, cinco millones de dólares”, revela el abogado.

“Si él era propietario de Macoys, pues así se lo hizo saber a Juan de la Cruz, entonces tenía ya un interés directo, precisamente en el asunto, y por ello no debió haber aceptado (ser conciliador)”.

El 11 de julio de 2011, un juez de Distrito declaró en concurso mercantil a Inmobiliaria Terralta y Canales Santos fue nombrado conciliador en el caso.

Martínez Garza asegura que el conciliador nunca notificó al juez encargado del caso de que era accionista en Terralta.

“Esta circunstancia, según yo tengo conocimiento, fue ocultada al juez de Distrito, porque el licenciado Ernesto Canales jamás le dijo al juez de Distrito que tenía intereses en Terralta”.

El pasado 18 de julio, Reporte Indigo publicó que el conciliador dijo que la única alternativa en esta disputa es que los acreedores deben esperar a que se desarrolle el proyecto para que el valor de la tierra se incremente.

La defensa encabezada por el abogado Martínez Garza está en la parte final del estudio para interponer una denuncia penal, pero da como plazo el mes de agosto para que las partes lleguen a un acuerdo y se pague a su cliente.

“Si no llegamos a un acuerdo en los próximos días, mi cliente Juan de la Cruz ya está dispuesto incluso a denunciar penalmente estos hechos en los que él se ve definitivamente afectado”.

Operación millonaria ruinosa

Cuando el empresario José Gómez Cañibe compró los derechos de la deuda de Inmobiliaria Terralta y otorgó en dación de pago 227 hectáreas estimadas en 8.4 millones de dólares se configuró un posible fraude a los acreedores.

Las hectáreas cedidas del ejido Pájaro Seco y Mesa de Los Nogales equivalían al menos a 127 millones 500 mil dólares, divididos en 51 Macoys, de acuerdo con una copia del contrato de cesión onerosa de derechos en poder de Reporte Indigo.

“Ese acto definitivamente es ilícito y considero que está celebrado un fraude de acreedores. Esto acarreará responsabilidad penal para los administradores de las empresas que hayan intervenido y a todos aquellos que hayan participado en la celebración de estos acuerdos”, advierte Martínez Garza.

El contrato está firmado por la cedente D’Capital Consultores, representada por Aurelio Compeán Valadez y la cesionaria Terralta Dos, a través de José Gómez Cañibe.

En el acto comparecieron Alberto Jaime Martínez Fernández, fundador de Inmobiliaria Terralta, y la empresa Pargo, representada por el mencionado Gómez Cañibe.

Como testigos de la cesión estuvieron presentes Mauricio Sánchez Woodworth Álvarez Morphy y Juan Francisco Pulido Ávalos.

Según el documento, cada uno de los 51 Macoys tenía un valor unitario de 2.5 millones luego de las operaciones inmobiliarias, y estaba conformado por una fracción condominal y una mezcla de siete diferentes tipos de lotes.

“Es casi imposible cuadrar cada Macoy a esta cifra, habrá excedentes o faltantes de dinero en cada Macoy. Con el objeto de ser equitativos, estos excedentes se cobrarán o se devolverán a cada inversionista, según sea el caso”, se lee en el escrito.

“Por cada millón de dólares, el inversionista tendrá derecho a 2.5 millones de dólares de terrenos de acuerdo con la lista de precios inicial de ventas en donde el precio promedio inicial de ventas será de 210 dólares (…) por metro cuadrado”.

La cesión señala que el desarrollo inmobiliario se urbanizaría en cinco etapas, cada una entregada en un tiempo máximo de un año y medio, mientras que la superficie mínima de la inversión inicial era de 11 mil 904 metros cuadrados por porción.

¿Qué es un Macoy?

Es una superficie de terreno que proviene de la lotificación del desarrollo Terralta. 

Su valor unitario asciende a 2.5 millones de dólares, después de las operaciones inmobiliarias.

Terralta fue dividido en 51 Macoys, que en total suman 127 millones 500 mil dólares.

Cada Macoy es una unidad de inversión: se conforma por una fracción condominal y una mezcla de siete diferentes tipos de lotes.


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