La llegada del coronavirus a México ha impactado de diferentes formas a sus habitantes, sobre todo, al pensar en regiones tan desiguales como la zona de La Montaña y la Costa Chica, en Guerrero, donde sus habitantes indígenas y afromexicanos, aseguran que esta pandemia llegó como una ola que te agarra desprevenido y te arrastra.

En el municipio de Tlapa, Guerrero, de acuerdo con Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solo hay un hospital con 12 camas para la atención de COVID-19, para una población de 300 mil habitantes. Dice que no tienen paracetamol ni cubrebocas.

“No estamos preparados para una amenaza de este tamaño que, en primer lugar, requiere que haya una infraestructura hospitalaria para poder mitigar los riesgos del contagio. En esta región la única ‘llave mágica’ es el aislamiento, pero sabemos que tarde o temprano el contagio se dará”, asegura Abel Barrera.

Esta crisis sanitaria ha puesto al descubierto que no hay condiciones para poder enfrentar la situación, que además se agrava por la precariedad económica que viven las poblaciones indígenas y afromexicanas de la región, donde el sustento económico está basado en el cultivo de maíz, de frijol o de calabaza.


Van más de 30 años que los dejaron a su suerte, apostándole más a un modelo económico privatizador, donde lo más importante son las grandes empresas o agroindustrias, y el pequeño productor quedó pulverizado

Abel Barrera Hernández,

director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Además, la pandemia está expulsando a la gente de sus comunidades porque no hay ingresos, porque los pocos que llegaban de las remesas dejaron de llegar; es decir, “la columna vertebral se desquebrajó”.

Por poner un ejemplo, Barrera Hernández explica que ahora para comprar un bulto de maíz, en lugar de 200 pesos que costaba hace seis u ochos meses, se necesitan 400 pesos, lo que hace que el presupuesto por más que lo quieran estirar no alcance.

“Tenemos un registro de 3 mil personas que decidieron salirse de sus comunidades en mayo, que es cuando se preparan los terrenos para sembrar, para que en junio se haga la primera siembra, pero es un subregistro, porque pueden ser más de seis o 10 mil personas. Esto quiere decir que han abandonado el campo porque saben que el hambre llegará”, indica Abel.

Mientras que para Barrera Hernández es importante implementar un programa especial para garantizar la dotación de granos básicos de manera temporal, al gobierno parece no preocuparle eso.

“Me dicen en (la Secretaría de) Bienestar que no habrá programas especiales porque sólo son nacionales, es decir, que si eres adulto mayor o si eres un estudiante solicites una beca, debes meterte al programa nacional, pero si eres una madre de familia, pues debes incorporarte a un apoyo para mujeres. Con esas recetas quieren resolver un problema que no estaba previsto cuando armaron el Plan Nacional de Desarrollo”, comenta Abel.

Barrera Hernández asegura que todo este panorama es parte de ese rostro de la desigualdad que no se está atendiendo en su justa dimensión.

“La justicia social por la que se peleó, no es una realidad que esté sembrada en estas regiones”.

Sin recursos para mujeres indígenas y afromexicanas

El impacto que ha traído el COVID-19 en las comunidades indígenas no sólo se ve reflejado en el alza de los precios o la falta de empleo y de alimentos, sino también en el aumento de la violencia que sufren las mujeres y el recorte de los recursos que hay para defenderlas.

Por ejemplo, la Casa de la Mujer Indígena, espacio que brinda atención y acompañamiento a las mujeres que son víctimas de violencia, se encuentra luchando por obtener recursos para seguir operando, ya que sus fondos provienen del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), institución a la que se le recortó su presupuesto debido a la crisis sanitaria que se vive en México.

“Este año con el recorte que tuvo el INPI, los recursos no son suficientes, nos van a dar sólo un 30 por ciento de nuestro presupuesto, que no es suficiente porque venimos operando todo el año. Nosotros no cerramos el centro”, afirma Rubicelia Cayetano, representante de la Casa de la Mujer Indígena.


Dicho recorte pone en riesgo la operación de 35 casas que se dedican a salvaguardar la vida de las mujeres indígenas ante los diferentes tipos de violencia que existen. Además de que con la llegada de la pandemia, los casos han incrementado

“El trabajo ha aumentado porque las mujeres ahora conviven más tiempo con sus maridos y la mayoría son agresores; entonces hay mujeres que si ya de por sí viven una violencia leve, ahora es peor. Incluso, hemos tenido que canalizar casos al refugio, porque son muy graves, ya su vida y las de sus hijos están en riesgo”, comparte Cayetano.

En el refugio las reciben durante tres meses, les dan todo el acompañamiento legal, psicológico, médico y las capacitan para desarrollar un trabajo.

El grupo de mujeres organizadas que dirige la Casa de la Mujer Indígena se dice muy preocupado por la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que la violencia hacia las mujeres no había incrementado, porque en las familias existía fraternidad.

“Él no conoce la violencia, porque no la está viviendo, nosotras la estamos viviendo de cerca, lo podemos decir. Nosotras tenemos otros datos, tenemos datos de que sí existe la violencia en nuestras comunidades indígenas, pero sin presupuesto nos limita a seguir avanzando”, señala Rubicelia.

Estas mujeres han decidido no cerrar sus centros de atención porque saben que sus compañeras, sus hermanas, están viviendo violencia y las necesitan.


Nos hemos quedado sin recursos, pero no sin trabajo, porque estamos al servicio de las comunidades indígenas

Rubicelia Cayetano

Representante de la Casa de la Mujer Indígena

El trabajo de esta organización de mujeres indígenas es de resistencia, pero siguen en pie para enfrentar la desigualdad, la discriminación, la violencia y el machismo, porque quieren transformar la realidad. Por eso exigen el 100 por ciento de su presupuesto para este año.

“Sabemos que la contingencia es importante, pero también la violencia y los feminicidios son parte de los efectos del confinamiento. Necesitamos que la violencia familiar se reconozca como parte de la pandemia, que las Casas de la Mujer Indígena sean dignificadas con su presupuesto”, indica la activista.

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