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La palabra más recurrente del discurso oficial del recién iniciado proceso electoral 2015 ha sido “blindaje”.
El Gobierno Federal y los partidos políticos han insistido en blindar el proceso para que no haya injerencia del crimen organizado, ni en la designación de candidatos ni en el financiamiento de las campañas.
En Michoacán no es desconocido el término, pero sí sus resultados. Esta entidad es la tiene más funcionarios públicos bajo investigación por sus posibles nexos con el crimen organizado. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) mantiene “vivas” al menos 237 averiguaciones a políticos electos popularmente.
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ha “blindado” sus procesos electorales desde el 2007.
En cada proceso resalta en el mismo discurso de los funcionarios electorales en turno sobre la certeza de que la elección cuenta con los candados necesarios para evitar la infiltración del crimen organizado.
Sin embargo, al para las elecciones del 2015 en Michoacán el panorama es complejo:
Un exgobernador electo tiene licencia médica, la cual fue solicitada en medio de sospechas por sus nexos con el crimen organizado, además, un exgobernador interino, un exdiputado local y seis exalcaldes se encuentran procesados y encarcelados en prisiones federales. Todos acusados de mantener una relación de cooperación con el jefe del cártel de Los Caballeros Templarios.
No existe una cifra exacta sobre los costos económicos que le representó al IEM el blindaje de las elecciones del 2011, pero en la práctica no funcionó del todo.
También la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJE), el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional destinaron acciones para evitar la presencia del crimen organizado en las elecciones.
Candidatos al margen de la ley
El caso de Michoacán no es el único. En todo el país han saltado indagatorias sobre funcionarios públicos -emanados de las urnas- que se sometieron a la “rigurosidad” de los filtros oficiales y que pudieron burlarlos.
El caso más actual es el del alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca, quien llegó al cargo público abanderado por el PRD.
Es evidente que dentro de las instancias oficiales encargadas de organizar las elecciones federales y locales no se cuenta con un protocolo de procedimiento que permita mantener los comicios fuera de la influencia del poder corruptor del crimen organizado, esto, pese al discurso y la intención de los funcionarios federales, partidos políticos y funcionarios electorales.
En México no existe una ley o reglamento exprofeso que establezca controles claros aplicable a cada uno de los candidatos electorales, a fin de evitar la injerencia del crimen organizado en las elecciones.
El blindaje electoral al que se refieren los discursos oficiales se funda solamente de acuerdos entre partidos políticos y organismo electorales y consiste solo en dos puntos: fiscalización de gastos y verificación de antecedentes penales de los candidatos.
Los organismos electorales no pueden hacer más, así los limita la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.