Atar al poder
En el Congreso de la Unión, el debate de las próximas semanas será la posibilidad de acotar el poder y las oportunidades de corrupción de las que gozan algunos políticos.
Las últimas semanas del periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo 30 de abril, los legisladores discutirán diversas propuestas en temas anticorrupción y rendición de cuentas.
Por un lado, este fin de semana el Instituto Mexicano de Competitividad anunció que ya alcanzó las 120 mil firmas necesarias para presentar la iniciativa ciudadana de la “Ley 3 de 3”.
Imelda García32
ya enviaron formatos con los datos de miles de personas que apoyaron la propuestaLos diputados de Morena buscan que el Gobierno deje de investigarse a sí mismo y tomar en sus manos la rendición de cuentas de la administración
En el Congreso de la Unión, el debate de las próximas semanas será la posibilidad de acotar el poder y las oportunidades de corrupción de las que gozan algunos políticos.
Las últimas semanas del periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo 30 de abril, los legisladores discutirán diversas propuestas en temas anticorrupción y rendición de cuentas.
Por un lado, este fin de semana el Instituto Mexicano de Competitividad anunció que ya alcanzó las 120 mil firmas necesarias para presentar la iniciativa ciudadana de la “Ley 3 de 3”.
En la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena impulsa un cambio constitucional que permitiría dar a los legisladores federales facultades de investigación en casos de corrupción y otros que pudieran ser cometidos desde el poder.
Todo esto sucede mientras en el Senado se discute un proyecto de dictamen para la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción que ya está siendo cuestionado por la oposición.
Ley 3 de 3, al Congreso
Apenas unas semanas después de hacer pública la propuesta para la expedición de una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, los proponentes ya recolectaron las 120 mil firmas necesarias para presentar una iniciativa ciudadana en el Congreso de la Unión.
La recolección de firmas ocurrió en todo el país. Ciudadanos de los 32 estados enviaron formatos con los datos de miles de personas que apoyaron a los académicos e investigadores del IMCO, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que redactaron esta propuesta.
La que ahora popularmente se conoce como la Ley 3 de 3 propone ofrecer una recompensa a quienes denuncien actos de corrupción, la intervención de comunicaciones en delitos que estén relacionados con la corrupción y la protección a denunciantes.
El enfoque que rige la nueva propuesta de combate a la corrupción la ubica como un fenómeno de crimen organizado, por la estructura de redes que desarrollan los involucrados, para obtener beneficios.
“Los mexicanos estamos hartos de la corrupción. Pero pedirle a los políticos que resuelvan el problema, es como pedirle a un futbolista que sea el árbitro de su propio partido. La solución tiene que venir de los ciudadanos”, establece la Ley 3 de 3 en un texto de promoción.
Ahora, las instituciones que impulsan la iniciativa se encuentran concentrando las firmas, que deberán ser revisadas y validadas por el Instituto Nacional Electoral.
Una vez que esto ocurra y se dé luz verde sobre las firmas, la iniciativa podrá ser enviada a cualquiera de las dos Cámaras del Congreso de la Unión y seguirá su camino legislativo como cualquier otra iniciativa.
Será enviado a comisiones para su análisis y ahí podría ser modificado y aprobado por los legisladores.
Quieren facultad de investigación
En la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena impulsa una reforma al artículo 93 de la Constitución Política para que los diputados y senadores tengan facultades de investigación.
Lo que se busca, argumentan, es que el Legislativo se convierta en un verdadero contrapeso para los otros poderes.
“Ampliar las facultades del poder Legislativo para investigar el funcionamiento de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, de las empresas productivas del Estado, así como del poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos”, establece la iniciativa.
Impulsada por la diputada Araceli Damián, la propuesta busca integrar comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, así como los otros poderes y los entes del Gobierno federal.
Los diputados de Morena buscan que el Gobierno deje de investigarse a sí mismo y tomar en sus manos la rendición de cuentas de la administración.
Con una facultad de investigación se podría incluir no solo a entes o personajes públicos para realizar investigaciones, sino también a privados que estén relacionados de alguna forma a la actividad pública.
Expertos y juristas se han pronunciado por modificar otros artículos de la Constitución para permitir no solo la facultad de investigación, sino que si producto de las pesquisas de los legisladores se halla que hubo responsabilidades, se le pueda juzgar por las autoridades competentes.
Parlamento abierto en anticorrupción
En el Senado de la República se discuten las leyes secundarias en materia anticorrupción y los partidos de oposición han pedido que se abra la discusión a la ciudadanía para evitar que se apruebe una legislación inservible.
Senadores del PAN y el PRD pedirán a la Junta de Coordinación Política que el debate en materia anticorrupción se rija por las reglas del parlamento abierto.
Se busca que la discusión tenga máxima publicidad por todos los medios, desde la transmisión de las sesiones a través del Canal del Congreso hasta la utilización de herramientas como Periscope.
Además, se pretende que los documentos de avance y las versiones estenográficas estén disponibles para su consulta; y el acompañamiento de organizaciones civiles expertas en la materia para la construcción de estas leyes.
Legisladores de oposición denunciaron que en uno de los borradores más recientes, promovido por el PRI y el PVEM, se dejan de lado cuestiones como la obligatoriedad de presentar las declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal; y no se da protección a denunciantes y testigos de actos de corrupción.
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