El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas no ha logrado establecer un entorno seguro para el desarrollo de las actividades electorales en Chiapas. Foto: Especial

El asesinato de Diego Pérez Méndez: crónica de la violencia política en Chiapas

Quien fuera precandidato del PRI a la alcaldía de San Juan Cancuc fue víctima mortal en un contexto de turbulencia asociada con el crimen organizado y que hasta ahora ha marcado el proceso electoral en el estado

El proceso electoral en marcha ha transcurrido hasta ahora en Chiapas marcado por la violencia política en contra de las candidatas y candidatos, así como por la presencia creciente del crimen organizado y la venta de drogas en las comunidades, según lo denuncian agrupaciones ciudadanas de la entidad.

El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas no ha logrado, hasta estos momentos, establecer un entorno seguro para el desarrollo de las actividades electorales en Chiapas. Apenas el pasado 14 de marzo se presentó el asesinato de Diego Pérez Méndez, quien fuera precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la alcaldía de San Juan Cancuc.

El precandidato fue atacado junto a su familia por un grupo armado mientras se movilizaba en su camioneta en el trayecto San Juan Cancuc-Tuxtla Gutiérrez. Los reportes señalan que Pérez Méndez fue extraído del vehículo por los agresores, a diferencia de su esposa y su hijo, quienes  permanecieron lesionados en la unidad. Después, el cuerpo del político sería hallado en San Juan Chamula, con signos de tortura.

De acuerdo con la agencia de consultoría Integralia y su más reciente “Reporte de Violencia Política”, el estado que gobierna el mandatario Escandón Cadenas, se ha posicionado como el tercero de todo el país con la mayor incidencia de este tipo de agresiones, por lo que suma ya 15 víctimas de violencia política durante el actual proceso electoral 2023-2024.

Guerrero y Michoacán han sido territorios aún más peligrosos que Chiapas para el desarrollo de las actividades político-electorales. El primero acumula ya 54 víctimas en hechos de esta naturaleza, y el segundo, 33. Ante lo cual, la agencia advierte: “Guerrero, Michoacán y Chiapas son las entidades que registran mayor cantidad de víctimas. En estos estados se registran conflictos violentos entre diversos grupos criminales en más de una región”.

El reporte de la agencia identifica al menos otro asesinato por violencia política cometido en Chiapas en este proceso electoral: la víctima fue David Rey González, cuyo homicidio ocurrió el 5 de enero de 2024, y quien buscaba la presidencia municipal de Suchiate, también por el  PRI, el mismo partido de Pérez Méndez.

De igual forma, se destaca el atentado que sufrió Gabriel Orantes Villatoro, quien fue atacado por hombres armados, según se difundió el 28 de febrero de 2024, y quien pretende obtener la presidencia municipal de San Fernando, por el partido Morena, lo que lo hace correligionario del gobernador Escandón Cadenas.

Ya desde su “Primer reporte de violencia política” publicado en febrero de 2024, la agencia clasificó a Chiapas entre los estados del país que enfrentan la amenaza más grave por la intervención de la delincuencia organizada en su proceso electoral. Así lo refería aquel documento:

“Las entidades con mayor riesgo de intervención del crimen organizado en las elecciones locales cuentan con: i) acumulación de mercados ilícitos, ii) grupos criminales en conflicto armado, iii) un Estado de derecho débil, iv) celebración de elecciones municipales, y v) municipios clave para el crimen, altamente competitivos. Se identifican seis entidades con un riesgo muy alto: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos, así como nueve entidades con un riesgo alto: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz”.

El voto del 2 de junio, bajo la amenaza de la inseguridad

Además de esta violencia política que se ha exacerbado en Chiapas, el proceso electoral se desarrolla entre una presencia cada vez mayor de los grupos criminales en las comunidades, así como una expansión de la comercialización de drogas entre los habitantes de la entidad, según lo están denunciando asociaciones locales.

El 9 de marzo de 2024, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, publicó un comunicado del Gobierno Comunitario de Chilón, donde se lanzan alertas de esta naturaleza:

“Advertimos con preocupación el aumento de las células del crimen organizado coludidas con el sistema de partidos políticos. El año electoral ha iniciado y las campañas partidistas han manifestado ya sus modos corrompidos de proceder, llegando al grado de repartir cerveza en sus eventos, alcoholizando y manipulando a la ciudadanía. Lo dijimos desde el principio y lo repetimos, los partidos parten, dividen y someten al pueblo“.

Este incremento de las actividades de distribución y venta de drogas en los municipios de Chiapas, durante la administración de Escandón Cadenas, fue enfatizado por el Gobierno Comunitario de Chilón, al considerar que ese fenómeno genera efectos perniciosos en las comunidades:

“Con dolor e indignación escuchamos las diversas problemáticas que se siguen viviendo en las comunidades y cómo las enfrentan nuestros hermanos y hermanas. Constatamos  que ha aumentado la venta clandestina de alcohol y de drogas en las comunidades, lo cual provoca la muerte de inocentes y la  destrucción de las familias”.

El clamor del dirigente del PRI por justicia

Ante el asesinato del precandidato del PRI, Pérez Méndez, el dirigente nacional de ese partido político, Alejandro Moreno Cárdenas, denunció públicamente la “incompetencia” de las autoridades, de acuerdo con un mensaje que difundió el mismo 14 de marzo de 2024, y en el cual exigió también: “una investigación expedita para dar con los responsables y aplicar toda la fuerza de la ley”.

Dice aquel mensaje del presidente nacional del partido tricolor: “Las y los mexicanos vivimos en un país donde la violencia está fuera de control y hay incompetencia de las autoridades para imponer la ley y garantizar paz en todo el territorio nacional”.

Según lo asevera Moreno Cárdenas: “El gobierno no puede seguir negando la realidad: los más de 110 hechos de violencia relacionados con el proceso electoral exigen que se tomen medidas para garantizar la seguridad de todos y evitar que la delincuencia organizada sea la que elija el próximo 2 de junio, y no los ciudadanos de bien”.

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