La autoridad que debe vigilar el cumplimiento de las leyes y el buen funcionamiento del servicio público local, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), no respeta lo que dice la Constitución.

Del 2018 al 2020, el órgano firmó aproximadamente el 60 por ciento de sus contratos para la adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa, sin concurso de licitación pública.

Lo anterior está prohibido por la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México que estipula que el volumen máximo de adjudicaciones directas que pueden hacer las instituciones locales es del 20 por ciento del total de sus compras realizadas.

Aunque la auditoría supervisa que otras entidades sí cumplan con la ley y no cometan anomalías, este órgano incurre en irregularidades sin que alguna autoridad la sancione o amoneste.

Millones por adjudicación

Del 2018 al 2020, la ASCM firmó 350 contratos, que representan una inversión de 415 millones 078 mil 917 pesos, señalan datos sobre las adquisiciones realizadas por el órgano auditor disponibles en su Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).

La cantidad de contratos adjudicados directamente en el periodo, sin concurso de licitación pública entre varios proveedores, fue de 208, el 59.4 por ciento del total.

Al respecto de las cifras por año, en el 2018 el órgano firmó 263 contratos que suman un total de 373 millones de pesos. En este ejercicio, 126 acuerdos comerciales, el 53 por ciento, se concretaron sin concurso de licitación.

Para el 2019, la ASCM no firmó ni un contrato a través del concurso de licitación pública: en todo ese año, la auditoría suscribió 52 convenios para la adquisición de bienes y servicios, todos por adjudicación directa, que representan un monto de 12 millones 706 mil 330 pesos.

Por último, en el 2020, la ASCM concretó 35 contratos equivalentes a un monto de 29 millones 371 mil 163 pesos, de los cuales, 30, el 85 por ciento, se otorgaron a proveedores de manera directa.


Ningún ente público debe contratar por adjudicación directa más del 20 por ciento de las compras realizadas en cada ejercicio presupuestal, señala la Ley de Adquisiciones local

La violación a la ley

Ningún ente público debe contratar por adjudicación directa más del 20 por ciento de las compras realizadas en cada ejercicio presupuestal, señala la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México.

“Las adjudicaciones directas no podrán exceder del 20 por ciento del volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios autorizados, para las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades”, establece el artículo 55 de la ley.

El mismo apartado detalla los casos de excepción a la licitación en los que está totalmente justificada la adjudicación sin competencia e indica que se puede recurrir a la figura cuando un proveedor tenga la patente del bien requerido; o cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región.

También pueden adjudicar de manera directa en casos de desastres producidos por casos fortuitos o de fuerza mayor; cuando se trata de bienes perecederos como alimentos o medicamentos; y por último, si se cancela un contrato por causas imputables al proveedor.

Sin embargo, el marco legal recalca que pese a los casos de excepción, las adjudicaciones sin licitación no deben rebasar el 20 por ciento de las compras durante un ejercicio.

Pero de 2018 a 2020, según los datos analizados, la ASCM no respetó la ley e incluso, durante 2019, no firmó ningún convenio comercial por licitación pública.

Retraso en la ASCM

Además de que la ASCM no respeta las leyes y normas que debe vigilar, también tiene un retraso en la entrega de sus informes de trabajo.

Durante el 2021, la auditoría solo ha rendido un informe general de resultados derivado de la revisión de la Cuenta Pública del año 2020.

Sin embargo, aún faltan los informes individuales por ente público, que debieron ser entregados por la ASCM al Congreso a más tardar el 30 de abril pasado, estipula la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.

“La Auditoría Superior deberá rendir a más tardar el 30 de abril del año siguiente a la recepción de la Cuenta Pública, el Informe de Resultados al Congreso —a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior— este se integrará con los informes individuales relativos a una misma Cuenta Pública. Una vez presentado el Informe, éste se publicará en el portal de Internet de la Auditoría Superior, en formatos abiertos y accesibles”, menciona el artículo referido.

Este atraso ya fue advertido en el Congreso de la Ciudad por parte del grupo parlamentario de Acción Nacional, quien solicitó explicaciones sobre el problema.


El pasado 26 de octubre, el diputado local panista Federico Döring declaró públicamente que buscará que el auditor superior de la ciudad, Edwin Meraz, rinda cuentas

“Habrá que exigir la comparecencia del titular de la Auditoría y que nos diga quiénes han estado saboteando, quienes no ayudan y quiénes son los que dentro de su institución son responsables y si tienen culpabilidad algunos funcionarios por el atraso”, dijo el panista.

Además, mencionó que solicitará a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría del Congreso la comparecencia de Meraz Ángeles para conocer si la ASCM sí pidió información a las entidades públicas para realizar su trabajo en tiempo y forma o lo hizo por los canales reglamentarios.

“Habrá que ver si jurídicamente hizo valer sus derechos o si todo fue una relación informal, habrá que ver qué tanto peleó la Auditoría o qué tanto fue cómplice silencioso”, mencionó.

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