La requisa fue un acuerdo realizado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari en 1991. Foto: Especial

Piden a AMLO no olvidar a afectados por requisa salinista en Veracruz

El Sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos acusa a Dante Delgado de permitir las afectaciones a los trabajadores veracruzanos durante su encargo como gobernador interino

“Que se haga justicia a los trabajadores”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina del 15 de octubre de 2021 al aclarar que no ordenó anular la requisa al puerto de Veracruz acordada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, como se difundió entonces en un portal de noticias digital; sin embargo, los agremiados del Sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos aún esperan que les reparen los daños causados por la decisión salinista.

Alejandro Pulido, líder de la organización gremial, dice a Reporte Índigo que mantiene la confianza en que las autoridades federales atiendan las demandas del movimiento obrero previo a que concluya la administración actual, el 1 de octubre de 2024.

“Quien tiene que terminar de resolver, por el compromiso que hizo durante siete ‘mañaneras’ de regresarnos lo que es nuestro, es el presidente AMLO. Yo confío y sigo confiando que, con él y con la licenciada Luisa María Alcalde, vamos a lograr el objetivo de beneficiar a los que hoy estamos, solamente 464 socios; se han muerto más de mil trabajadores durante 33 años”, menciona.

Actualmente, el sindicato tiene en trámite el aumento de 249 pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social para que el pago rebase los dos mil pesos que reciben algunos exempleados y están a la espera de que se les entreguen las cancelaciones de 74 créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores  (Infonavit) que agremiados ya no pudieron pagar, así como la donación de 464 casas del Infonavit para las viudas de los obreros finados y los extrabajadores de mayor edad.

Dante Delgado y Gutiérrez Barrios, entre los involucrados

El litigante acusa que la acción de Salinas de Gortari, la cual describe como ilegal, se realizó en contubernio con el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios (fallecido en el año 2000), y el gobernador interino de Veracruz y hoy líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, pero asegura que la exigencia no tiene tintes políticos sino una intención de justicia social.

“Nosotros como socios del Sindicato de Maniobristas, como socios de la Unión de Estibadores, como socios de la Unión de Checadores y como accionistas dueños de la empresa Servicios Portuarios, podíamos considerarnos obreros millonarios, pero ellos se quedaron con todo, más que nada con el trabajo de miles de familias veracruzanas, nos despojaron.

“Nos metieron a las Fuerzas Armadas, la Marina, soldados, policía federal, de Caminos y Puertos, Policía Judicial. No quiero perjudicar su imagen, pero tengo testimonios de cómo Dante vino con personal armado, se metió al sindicato y sacó a los viejos a punta de pistola”, expresa.

Alejandro Pulido añade que, en su momento, el sindicato apoyó económicamente las campañas de Gutiérrez Barrios, quien gobernó el estado entre 1986 y 1988, y fue sucedido por Delgado Rannauro, ambos abanderados del tricolor en esas fechas; no obstante, los culpa de actuar de forma desleal con los sindicalizados.

“No es campaña, no me interesa que gane Morena, que gane el PRI, que gane quien sea, a mí me interesa recuperar el patrimonio que nos robaron él (Dante Delgado), Salinas de Gortari y toda su camarilla de ratas del gobierno neoliberal. Nunca nos dejaron acercarnos ni a la puerta de una Secretaría, solo cuando llega López Obrador nos dan chance de empezar a trabajar y demostrar que nuestro dicho es real”, subraya.

Repercusiones de la requisa

El documento “La requisa y privatización de servicios portuarios”, escrito por Olivia Domínguez Pérez y Sergio López Galván, disponible en el Repositorio Institucional de la Universidad Veracruzana, señala que el 31 de mayo de 1991 el gobierno salinista acordó la requisa de los muelles de Veracruz y la privatización de las maniobras portuarias.

“Con esta acción se puso fin al proyecto de gestión obrera que tuvo su origen durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Las razones actuales y las de hace dos décadas tienen similitudes: el problema de la deficiente operación portuaria y la búsqueda de la optimización del trabajo. Las políticas de la federación, sin embargo, han sido contrarias drásticamente.

“En abril de 1991, desde el puerto de Tuxpan, Carlos Salinas de Gortari planteaba que ‘el puerto de Veracruz no podía seguir funcionando con soluciones parchadas. Veracruz no podía seguir siendo la última opción para importadores y exportadores’ y otorgaba 45 días para dar inicio a una verdadera reestructuración al mismo”, indica el texto.

En este sentido, Alejandro Pulido señala que al momento de hacerse efectiva la requisa, el sindicato contaba con cuentas bancarias, seis edificios, más de mil máquinas, contenedores, tractocamiones, montacargas y toda la tecnología de punta de ese momento para laborar de forma adecuada en las actividades portuarios.

“Todo lo habíamos comprado nosotros. durante 100 años habíamos realizado las maniobras en los muelles del puerto de Veracruz y teníamos la concesión, de hecho tenemos la concesión otorgada oficialmente desde 1917, pero en 1949, mediante un amparo, nos dieron un laudo laboral que nos hacía como los únicos trabajadores portuarios que podíamos utilizar los muelles, todo el casco y ciudad del puerto para realizar maniobras de carga y descarga de los buques, carros de ferrocarril, rutas federales. Esa concesión aún está viva”, detalla.

El dirigente sindical advierte que al embargo se le sumó la concesión a empresas extranjeras para trabajar en dicha zona, particularmente señala a la compañía Hutchison Ports ICAVE, de la que dice está presuntamente compuesta por accionistas y prestanombres de Carlos Salinas.

“ICAVE hoy opera y sale el 80 por ciento de los ingresos por carga fuera del país y supuestamente se los lleva una empresa china, el dinero sale de México”, expresa.

Hasta 2018, el posicionamiento del gobierno federal, encabezado por el expresidente Enrique Peña Nieto, respecto a la requisa fue que se llevó a cabo debido a que “el principal puerto comercial del país era un verdadero caos, ineficiente, plagado de vicios, altos costos, rendimientos muy por debajo de los estándares”.

Lo anterior, de acuerdo con el “Diagnóstico Programa Presupuestario. Operación de Infraestructura Marítimo Portuaria”, elaborado por la Secretaría de Comunicación y Transportes, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria y las Administraciones Portuarias Integrales.

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