En referencia al anteproyecto de ley general de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, propuesto por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav) enviaron una carta a la cámaras de Diputados y Senadores para manifestar sus preocupaciones.

Los investigadores aseguran que el anteproyecto tiene una visión de extrema centralización y verticalidad en la definición de criterios, planeación estratégica y toma de decisiones relacionados con el desarrollo del Sistema Nacional de Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CTI).

Además, los investigadores señalan que desaparece formalmente la obligación del Estado mexicano de destinar al menos el 1 por ciento del PIB para invertir en estas actividades, “un logro esperanzador” que se había logrado en 2004, con una modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología (LCT) de 2002.

Lo más preocupante para ellos es que este nuevo anteproyecto mandata la formulación de una Agenda de Estado que establecerá las principales áreas de investigación a desarrollar en México de acuerdo a la problemática nacional; es decir, supedita la libertad de investigación y el financiamiento de las actividades de CTI a los criterios gubernamentales.

“Consideramos que la aprobación de esta ley, en los términos del anteproyecto, afectaría de manera negativa la capacidad del Cinvestav para cumplir su misión de formación de recursos humanos e investigación”, se puede leer en el documento firmado por más de 200 investigadores.

Afectaciones directas

Actualmente, el presupuesto del Cinvestav, además del que proviene del Conacyt, depende del ramo 38, de donde la Secretaría de Educación (SEP) ejerce el 50 por ciento de dicho presupuesto para la investigación y el Consejo Nacional el 31 por ciento.

“De acuerdo con el anteproyecto de ley, todo el ramo 38 será manejado por el Conacyt en concordancia con la Agenda de Estado. Por lo tanto, ya no habrá espacio para entablar negociaciones presupuestales entre el Cinvestav y la SEP, y la institución deberá plegarse a los lineamientos de la Agenda de Estado para obtener el presupuesto para su operación”, afirman investigadores como Beatriz Xoconostle Cázares, Liora Zrihen Nahon, Alberto Herrera Gómez, y Ana Isabel Sacristán Rock.

Los científicos señalan que esta posición no es congruente con la recién aprobada Ley General de Educación Superior, que especifica que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación debe articularse y actuar de manera convergente con el sistema de educación superior, responsable de más del 73 por ciento de la investigación en el país.

“A lo largo de todo el anteproyecto de ley se presagia que el CONACYT será prácticamente el rector del presupuesto para investigación en el país”, enfatizan.

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