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Opinión

El líder del Sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps no está pasando sus mejores momentos, y las señales que han llegado en las últimas horas apuntan a que las autoridades están estrechando el cerco. Como en el caso del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, sería la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, la que habría armado el caso en contra de Romero para presentarlo ante la Fiscalía General de la República. Al dirigente sindical y a sus familiares se les podría acusar por delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los abogados del exsenador priista consiguieron una suspensión definitiva por parte de un juez de distrito contra cualquier orden de aprehensión, aunque esta no lo protege en caso de que sea imputado por algún delito que amerite prisión preventiva oficiosa. A todo esto se suman las palabras del presidente López Obrador durante su conferencia matutina del día de ayer en donde ‘ordenó’ retirar los privilegios al sindicato de Romero Deschamps. El mensaje parece claro, ahora el siguiente movimiento está en manos de la Fiscalía. Atentos.

Por la puerta de atrás

Cuestionados por su actuación para avalar la extensión del mandato del gobernador electo de Baja California Jaime Bonilla de 2 a 5 y años, y en medio de un proceso de expulsión del PAN, seis legisladores locales blanquiazules decidieron adelantarse y renunciaron a la bancada del partido en el legislativo. Se trata de Mónica Hernández Álvarez, Carlos Alberto Torres Torres, María Trinidad Vaca Chacón, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak y José Félix Arango Pérez, quienes notificaron su decisión al Congreso de Baja California y se convirtieron en diputados sin partido. Con ello, la bancada panista pasó de 12 a 5 legisladores. Aunque la renuncia a la bancada no implica su dimisión al partido, se espera que en las próximas horas puedan confirmar su renuncia a la militancia.

La provocación de Winckler

El fiscal de Veracruz Jorge Winckler parece más interesado en atacar al gobierno del estado encabezado por Cuitláhuac García que por resolver los crímenes que se acumulan en la Fiscalía. Solo así se explica que el órgano que encabeza Winckler no haya podido lograr que los responsables de haber perpetrado el asesinato en Minatitlán, en donde 13 personas perdieron la vida en abril pasado, pero eso sí, el Fiscal ya ha citado en tres ocasiones al mandatario estatal para que comparezca por el caso. Los secretarios de Gobierno Eric Cisneros y de Seguridad Hugo Gutiérrez también han sido citados, en lo que parece más una maniobra de golpeteo político que un verdadero intento por esclarecer el caso.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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