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Opinión

La inminente llegada del magistrado Sergio Alvarado Puente a Zapopan tiene dos distintas lecturas al interior del Consejo de la Judicatura Federal. Alvarado Puente, quien continúa adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito (con sede en Monterrey) ha sido un magistrado incómodo para algunos integrantes de la Judicatura, sobre todo por su enfrentamiento con Jorge Meza Pérez, coordinador del Tercer Tribunal. Las denuncias de Alvarado por algunas decisiones que se tomaron cuando era integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa le costaron en su momento un sospechoso cambio de adscripción a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ahora, prepara nuevamente las maletas. Algunos integrantes del CJF ven en este cambio la mano de Meza Pérez, quien incluso estuvo operando en la Ciudad de México la destitución de Alvarado Puente -no solo su cambio de adscripción- por lo que este movimiento sería un castigo, una forma de exilio. Sin embargo, hay otra postura, y es que la orden de enviarlo a Jalisco viene del nivel más alto de la Judicatura, por lo que el magistrado sería una pieza fundamental en la limpieza del Consejo en la entidad, a quien se le dará toda la confianza y las herramientas para poner en evidencia las prácticas de corrupción en que podrían estar participando jueces y magistrados jaliscienses. Todo ello como parte del compromiso que tiene el presidente del Consejo de la Judicatura, el ministro Arturo Zaldívar para erradicar la corrupción en el Poder Judicial.

El monopolio gasero

Los distribuidores de gas LP han alzado la voz en contra del monopolio gasero Tomza, quien en los últimos meses, nos comentan, ha vuelto a algunas prácticas desleales respecto a sus competidores. Estas acusaciones no son nuevas, al grupo empresarial que domina gran parte del mercado de gas LP en el país, se le ha señalado por el sobreprecio al que venden el producto, y no solo eso, sino que dependiendo del tamaño de los cilindros de gas o los tanques estacionarios en donde ofrecen su servicio, les llegan a quitar un considerable porcentaje de carga. Todo esto, nos aseguran, contó con una importante red de protección en instancias federales. Sin embargo, con la llegada de la nueva administración federal y con los cambios en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la empresa propiedad de Tomás Zaragoza Fuentes tuvo que ajustarse al precio y servicio del resto de los distribuidores, aunque por lo que argumentan los empresarios del ramo, poco a poco está regresando a sus prácticas anómalas. El titular de Profeco Ricardo Sheffield ya ha señalado a esta empresa como una de las más ‘careras’ en el país. ¿Tomará el Gobierno federal medidas en consecuencia?


* Esta opinión no refleja la del periódico

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